Rajoy reta a Mas a plantear una reforma constitucional frente a “atajos” y “subterfugios”

El presidente del GobiernoGobiernocompareció este lunes tras el Consejo de Ministros extraordinario [ver referencia] en el que se traslada al Tribunal Constitucional (TC) sendos recursos a la ley de consultas y al decreto de convocatoria de la Generalitat.Generalitat.El gabinete de Mariano Rajoy llevaba reunido desde las 10 de la mañana.

En su declaración institucional, el jefe del Ejecutivo fue muy insistente en la idea de que el paso dado hoy no pilla desprevenido a Artur Mas. "La posición del Gobierno no ha sido modificada", dijo. No obstante, precisó que todavía "estamos a tiempo de reconducir el rumbo" aunque se negó a precisar la hoja de ruta del Gobierno a partir de ahora. "Al diálogo he estado dispuesto siempre. A hablar de esas propuestas –el listado de 23 que Mas le entregó en su reunión de julio– o de cualesquiera otras. A partir de ahí, permítame que no entre en escenarios que no se han producido", respondió a una de las tres preguntas que aceptó de los periodistas.

Como ha venido haciendo desde el pasado diciembre, cuando los promotores de la consulta fijaron el calendario y la fecha de la misma, Rajoy retó a la Generalitat a ceñirse a los cauces legales para conseguir sus demandas. Esto es, a plantear una reforma de la Constitución. Evitando "atajos" y "subterfugios".

El presidente del Gobierno explicó que "jurídicamente hablando", su Ejecutivo "no puede ni debe hacer otra cosa distinta" al paso dado en la misma mañana de este lunes. "Y, desde el punto de vista estrictamente político, tampoco cabe obrar de otra manera", añadió.

Si la posición del Gobierno no ha sido modificada desde diciembre, tampoco los argumentos para recurrir el desafío soberanista: "No hay nada ni nadie; ni poder, ni institución alguna, que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre el que se basa nuestra convivencia. Dicho de otra manera, no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país; sin embargo, ésa y

no otra es la consecuencia práctica de la consulta convocada por la Generalitat.

Un órdago muy reiterado

Pese a este órdago a Mas en lo que respecta a la reforma de la Carta Magna, quienes han escuchado a Rajoy en los últimos meses han llegado a la misma conclusión: esta legislatura no toca abrir el melón de la reforma constitucional. "Ni ambiciosa, ni de corto alcance".

Pistas de ello sobran. Desde que llegó al Gobierno, el presidente y su equipo han dejado claro que no son partidarios de tocar la Carta Magna. No obstante, no han perdido la oportunidad de retar al resto de formaciones políticas a que la planteen. Un truco dialéctico si se tiene en cuenta que después, en el Congreso de los Diputados, se toparían con el muro de la mayoría absoluta del PP. No sólo retaron a los partidos promotores de la consulta a emprender el camino promoviendo una modificación de la Ley Fundamental de 1978 en el debate celebrado en la Cámara baja en el que se solicitaba la transferencia de competencias para celebrar una consulta sobre el futuro de Cataluña. También lo hicieron cuando, tras la abdicación del rey Juan Carlos, la izquierda demandó que se celebrara una consulta para que los españoles decidiesen sobre el modelo de Estado.

Antes de estos episodios concretos, el Grupo Parlamentario Popular presentó como propuesta de resolución en el debate del estado de la nación celebrado en febrero una especie de blindaje de la Constitución.

El texto, que fue aprobado gracias a la mayoría absoluta de los conservadores, ratifica "la vigencia de la Norma Fundamental en toda su extensión, especialmente, en el momento presente, en lo que se refiere a su expresión de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

Además, plasma por escrito que "de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la ley". En definitiva, los argumentos que desde el Ejecutivo se esgrimen a la hora de rechazar frontalmente la posibilidad de que Cataluña celebre un referéndum independentista.

"Una cosa es que Rajoy esté intentando en todo este proceso huir de una posición radical y otra es que vaya a ceder en este sentido para poner un parche a la situación", subraya un veterano diputado.

La admisión supondrá la suspensión de la ley catalana con efecto retroactivo, es decir, que no entrará en vigor y no serán por tanto válidos los actos derivados de su aplicación. Un extremo en el que fue muy insistente la vicepresidenta en la reunión posterior al Consejo de Ministros del viernes. 

Suspensión automática

"Cuando se admite a trámite por parte del Tribunal, si el Gobierno lo ha pedido y ya le digo que lo va a pedir, se suspende automáticamente", añadió. En este sentido, recalcó que quería incidir en esta idea porque en los últimos días está escuchando a "portavoces" que se preguntan que "cómo el Gobierno sabe que esa suspensión se adopta". "Porque lo dice la Constitucion", sentenció. "¿Que implica?", se preguntó. Y se respondió a sí misma: "Si se suspende la ley y el decreto de convocatoria, la suspension supone que no se pude dictar ni hacer nada en ejecució de las mismas. No se puede organizar ninguna consulta al amparo de esta ley si es una ley y el decreto de convocatoria queda supendido".

La suspensión, añadió Sáenz de Santamaría, "se mantiene así en plazo de cinco meses, plazo en el cual el TC determina si sigue con la suspensión o la levanta salvo que haya resuelto en este tiempo".

El presidente del Gobierno, por su parte, citó que el artículo de la Constitución que implica que la suspensión sea automática es el 161.2. "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", reza el citado artículo.

Los recursos, en manos del TC

El Tribunal Constitucional recibió poco después en su registro los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno contra la consulta soberanista catalana del 9 de noviembre, según informaron fuentes del tribunal. Ahora el pleno del TC tiene que reunirse para decidir sobre la admisión a trámite de los recursos.