IU Madrid responsabiliza del ‘escándalo de las tarjetas’ a un dirigente de segunda fila

El escándalo de las tarjetas se cobra la primera víctima política en Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM): la cabeza de Antero Ruiz, uno de los veteranos fontaneros de la organización pero desde el pasado abril estaba fuera de la ejecutiva. A él la federación le responsabiliza de haber consentido que el equipo de Miguel Blesa pagara el recurso judicial que IU presentó contra el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2009 y por eso le reclama su acta de diputado autonómico. Así lo decidió este viernes, tras una reunión de cinco horas, la Presidencia Ejecutiva Regional, por 43 votos a favor (70,49%), 16 en contra y 2 abstenciones.

Aquella iniciativa judicial fue destapada por infoLibre el pasado 6 de octubre. Uno de los correos electrónicos de Blesa descubría lo siguiente: que el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, considerado como el brazo derecho del entonces presidente de la entidad, pagó con su tarjeta B la fianza por un recurso que presentó Juan Gómez Castañeda –miembro de la Comisión de Control elegido a propuesta de IU-CM– contra la decisión del Ejecutivo de Aguirre de apartarle. Decisión con la que la líder del PP regional pretendía asegurarse una mayoría favorable para poder defenestrar a Blesa. 

La comisión de investigación interna que la federación montó a raíz del escándalo concluyó que Ruiz estuvo detrás de aquella maniobra. Él era el responsable de Política Institucional de IU-CM en aquel momento. De él dependía toda la negociación de los asuntos de la caja, y por eso la Presidencia le hace responsable. Así lo sostuvo el coordinador regional, Eddy Sánchez, en su intervención en la Presidencia Regional, que componen unos 80 dirigentes. 

Por la resolución aprobada sobre las once de la noche, la dirección solicita a Ruiz "la entrega del acta de diputado de la Asamblea de Madrid, por ser el responsable político directo en el periodo investigado", en 2009. Ruiz es, desde 2007, vicepresidente tercero de la Cámara regional. Él mismo dejó claro ante sus compañeros que no piensa renunciar a su escaño y que se defenderá ante la Comisión Regional de Arbitraje, Control y Garantías Democráticas (CRAyC). Fuentes del entorno del parlamentario explicaron a este diario que manifestó que él no conocía que aquella fianza salió de la visa black de un hombre de la confianza de Blesa. Otro miembro de la Presidencia, según estas mismas fuentes, apuntó al que era responsable de Finanzas, Pedro Orgaz, ya fallecido. 

¿Y si no entrega el acta, qué ocurre? Fuentes de la dirección indicaron que, en ese caso, "se le podría abrir expediente de expulsión". La tensión, por tanto, no acaba aquí. 

IU-CM carga contra la "animosidad" de "algunos medios"

El texto validado anoche asegura que la Presidencia se compromete a "adoptar las medidas oportunas que permitan aplicar y desarrollar las recomendaciones realizadas por la comisión", sin más concreción, y "reafirma la necesidad de mejorar los instrumentos políticos y organizativos para superar las condiciones actuales en cuanto al acceso a la documentación e información" de IU-CM. Asimismo, "valora positivamente y reconoce el trabajo realizado por la comisión, cumpliendo el mandato recibido en el tiempo adecuando, agotando las posibilidades existentes y aportando conclusiones claras y aplicables". 

Por último, la resolución dice esto: que la Presidencia "lamenta y rechaza las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, no ya por equivocadas, sino por una intencionalidad y animosidad contra esta organización" que no se cree "justificada". "El hecho de su limitada influencia y repercusión no debe disminuir nuestro interés por la veracidad. En este sentido, esta Presidencia llama la atención de todas las organizaciones y militantes para reforzar nuestros propios canales de comunicación y combatir todo intento de manipulación que intenta dañar nuestra organización". En las últimas dos semanas, el medio que ha venido informando sobre la cuestión del recurso ha sido infoLibre. 

Petición de asamblea extraordinaria

Los 16 votos en contra proceden del sector que arropa a Antero Ruiz. Un grupo que se referencia en el histórico dirigente Julián Sánchez-Vizcaíno. Este núcleo expresó su malestar por el acuerdo. "La responsabilidad política no es parcelable, y si esto era responsabilidad política de Antero, porque debió haberlo sabido, también lo es de la coordinación de la época", explicaban en el entorno del diputado. Ello habría implicado que se hubiera señalado a la dirección colectiva que asumió las riendas de la federación tras la dimisión del líder regional Fernando Marín, en abril de 2008, hasta la asamblea de marzo de 2009 en que Gregorio Gordo tomó el mando. En esa dirección colegiada estaban el propio Gordo; la responsable de Comunicación, Lidia Fernández; el de Finanzas, el citado Pedro Orgaz; el de Institucional, Antero Ruiz, y los portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento de la capital, Inés Sabanés –hoy militante de Equo– y Ángel Pérez.

Ruiz continuó llevando la cartera de Institucional tras el cónclave de 2009, con Gordo al frente, y en esos años se adscribía a la órbita de Pérez. En 2012 se mantuvo en la ejecutiva, como coordinador de Grupos Parlamentarios, hasta que la reestructuración de abril de 2014, debida al pacto de la mayoría y la minoría, le dejó fuera de la cúpula. 

"No podemos ofrecer sacrificios que no agotan ni aclaran el problema. Por eso hemos pedido que, si no se amplía la búsqueda de responsabilidades, se convoque una asamblea extraordinaria que sirva para limpiar toda la organización", añadieron estas fuentes. La petición fue desechada.

El poder del cortafuegos

Está por ver que esta defenestración de Ruiz tranquilice a IU-CM y satisfaga a la dirección federal de Cayo Lara, cuyo número dos, Miguel Reneses, excoordinador y portavoz de Economía en la Asamblea en los tiempos del recurso, también se vio apuntado estos días. No pocos creían que también debían asumir responsabilidades por este caso Ángel Pérez, exlíder de la federación y valedor de José Antonio Moral Santín –vicepresidente de la caja durante años y hombre de la confianza de Blesa– o Gregorio Gordo. Esta posibilidad, que habría significado la caída de pesos pesados –con enormes consecuencias–, se ha desvanecido finalmente. Además, a tenor de lo expuesto en la resolución aprobada anoche, no está nada claro que se vaya a seguir investigando y desbrozando qué ocurrió con la gestión de IU en la entidad.

La federación espera parar con esto una tormenta que le hace mucho daño, más aún por la pujanza de Podemos. Lo que sí se ha evidenciado en los últimos días es que la inquietud trascendía Madrid y alcanzaba a otros territorios, como se palpó hace una semana, con un Alberto Garzón, líder de una hornada de jóvenes dirigentes, comandando el coro de voces críticas. 

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La de este viernes fue la cuarta reunión de un órgano de dirección regional en apenas dos semanas. La federación necesitó dos ejecutivas –el escalón más bajo, el núcleo de poder cotidiano–, un Consejo Político el viernes pasado (el órgano de mayor rango) y la Presidencia de ayer, para acabar depurando responsabilidades sobre el escándalo de las tarjetas. La dirección de Eddy Sánchez quería que se pronunciase un órgano ejecutivo y más amplio como la Presidencia para adoptar una decisión final, y que esta examinase las conclusiones de la comisión de investigación interna, que ha venido reuniéndose en las últimas dos semanas y citando a una veintena de dirigentes. Entre ellos, los coordinadores regionales de los últimos 20 años, desde los tiempos de Ángel Pérez (1993-2000), pasando por Miguel Reneses (2000-2002), Fausto Fernández (2002-2004), Fernando Marín (2004-2008), los integrantes de la dirección colegiada de 2008-2009 y Gregorio Gordo (2009-2012). 

En la comisión se han sentado cinco personas: Carmen Pérez-Carballo, José Luis Martínez Cestao, Eva Gómez, Mateo González y Lali Vaquero. Dos de ellas, Pérez-Carballo –que ha actuado de portavoz ante los suyos–, secretaria de Administraciones Públicas de la ejecutiva, y Gómez, coordinadora del grupo de IU en el Ayuntamiento de Madrid, formaron parte en el pasado, durante años, a la asamblea general de Caja Madrid, su máximo órgano de representación. Como tal, tuvieron acceso a dietas y regalos. Las dos recordaron su trayectoria en la entidad a sus otros tres compañeros del órgano interno en su sesión constitutiva, el pasado 7 de octubre, y estos juzgaron que no había incompatibilidad alguna entre aclarar qué paso con aquella querella contra el Gobierno de Aguirre y su pertenencia a la asamblea general. Pérez-Carballo explicó a este diario que los integrantes de la comisión entendieron que su perfil era "muy adecuado" por el conocimiento que tenía del engranaje de la caja.

Su entorno más cercano cree injusto que se ponga el foco en ella porque "fue una de las que más batalló" contra Moral Santín, vicepresidente de la entidad durante años, uno de los que tenía más relación con Blesa y uno de los que más gastó con su tarjeta opaca. "Carmen fue amenazada con querellas por Moral y lleva años denunciando a estos ladrones", alegaba ayer un dirigente que la conoce bien.