Las evidencias sobre Granados que Aguirre no vio

Consciente quizá de que el PP de Madrid queda duramente tocado por la investigación abierta a los ayuntamientos de Valdemoro, Collado-Villalba, Móstoles y Torrejón de Velasco, Esperanza Aguirre intentó este lunes sacudirse cualquier tipo de responsabilidad. Dijo sobre Granados que ya había perdido su confianza en él "hace tiempo". Y que en "ningún momento" tuvo la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal.

"No tengan la menor duda de que si hubiera tenido alguna sospecha, la más mínima sospecha, hubiera actuado con prontitud y lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la Justicia como he hecho siempre y como hice en el caso Gürtel", dijo la presidenta del PP madrileño. La realidad es que las sospechas sobre Granados se han ido acumulando desde el año 2006, y a pesar de ello Aguirre lo mantuvo como secretario general del partido hasta 2011. Y, pese a sus declaraciones, no consta que Aguirre haya puesto jamás un caso de corrupción en manos de la Justicia. 

En 2006, cuando se descubrió que la mujer de Francisco Granados conducía un coche que estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, el político ahora encarcelado era consejero de Presidencia. En los años sucesivos, Aguirre le amplió las atribuciones adjudicándole también las carteras de Interior (2007) y Justicia (2008). Mantuvo también el cargo de secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, puesto en el que sustituyó a partir de noviembre de 2004 a Ricardo Romero de Tejada, hombre ligado a la deserción de dos diputados del PSOE tras las elecciones de 2003 que auparon a Aguirre a la presidencia de la Comunidad, el llamado Tamayazo. 

Tampoco fue apartado cuando en 2009 estalló la trama del espionaje y se descubrió que la misma inmobiliaria le estaba construyendo una mansión en el pueblo del que había sido alcalde entre 1999 y 2003. El 16 de junio de 2011 fue descartado para formar el nuevo equipo de Gobierno, pero Aguirre le ofreció la portavocía del PP en la Asamblea –él la rechazó– y también le guardó uno de los cinco puestos en el Senado que correspondían a los conservadores madrileños. Granados no abandonó los dos cargos –diputado raso en la Asamblea y senador– hasta el 21 de febrero de 2014, después de que el diario El Mundo desvelara que tenía 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. 

El 19 de febrero se supo que Granados mantuvo abierta una cuenta en Suiza cuando ya estaba en política. La información apuntaba a que esto había ocurrido entre 1996 y 2000, años en los que fue sucesivamente concejal y alcalde de Valdemoro. La reacción de Aguirre por entonces fue la de exigirle la entrega de las actas en la Asamblea y en el Senado. Y el hombre que lo fue todo en sus gobiernos y en su partido accedió. Lo que no hizo ni se le exigió por entonces fue abandonar la presidencia del PP de Valdemoro y, por extensión, solicitar su baja en el partido. Ni él lo hizo ni nadie se lo pidió.

El partido no se encargó de informar por entonces. Pero fuentes del PP de Madrid aseguran que Granados renunció por carta a presidir el PP de Valdemoro el 21 de abril, dos meses después de conocerse la existencia de esa cuenta en Suiza que hizo que las autoridades tirasen de la manta dando origen a la Operación Púnica.

El Mini a nombre de una inmobiliaria

La primera de las evidencias del comportamiento sospechoso de Granados que Aguirre no vio se remonta a 2006. En octubre de ese año alguien incendió un coche modelo Mini Cooper descapotable que estaba aparcado en una de las plazas de garaje de la vivienda que Granados y su familia ocupaban en Valdemoro (71.000 habitantes). Nunca se supo si el coche se incendió de forma fortuita o si su calcinación fue intencionada, pero el incidente sí obligó al entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid a dar unas incómodas explicaciones. Aunque era su mujer, Nieves Alarcón, la que solía utilizarlo y su supuesta propietaria, en la documentación del coche incendiado no aparecía ni su nombre ni el de Granados. 

El vehículo estaba a nombre de una de las principales constructoras del municipio, Obras y Vías, con la que Alarcón no tenía ningún vínculo laboral ni societario. Según informó la revista Interviú, esta compañía estaba a nombre de Ramiro Cid Sicluna, el principal operador inmobiliario del municipio madrileño, y dueño a su vez varias firmas que se entrelazaban con empresas que tenían a David Marjaliza en su accionariado, amigo de la infancia del consejero Granados y también detenido en la operación Púnica. Ramiro Cid, por su parte, figura entre los imputados.

Granados explicó entonces a El País que su mujer había comprado el vehículo de segunda mano y que el hecho de que todavía no se hubiera hecho el cambio de titular era consecuencia del "retraso burocrático". No obstante, ese mismo periódico publicó después que la Dirección General de Tráfico no había recibido petición alguna de cambio de titularidad.

El 17 de julio de 2008 Alarcón fue nombrada consejera de Caja de Madrid de Pensiones, SA, entidad gestora de fondos de pensiones. Allí representaba a la Comunidad, es decir, a la institución en la que su marido era consejero y que presidía Aguirre. Profesora de Economía Política en el Centro Universitario Villanueva, de titularidad privada y adscrito a la Complutense, Alarcón percibía al mes 1.803 euros brutos (1.175 netos) en dietas por asistencia al consejo. 

La mansión del millón de euros

El nombre de Ramiro Cid Sicluna también está relacionado, al menos, con una vivienda del ex número dos de Aguirre. En febrero de 2009 el diario Público destapó que, por encargo de Granados, una promotora inmobiliaria estaba construyendo desde 2006 en Valdemoro una casa de lujo de 1.000 metros cuadrados. Pues bien, la licencia de obras la había obtenido en 2006 una inmobiliaria que formaba parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón. Aunque no estaba a su nombre, la mujer de Granados visitaba de forma asidua las obras. 

A la oposición no le cuadraba que una promotora optara por construir en Valdemoro –ciudad de la que Granados había sido alcalde entre 1999 y 2003–, y sin tener comprador asegurado, una casa de lujo sobre seis parcelas donde el planeamiento le permitía levantar otros tantos chalés estándar. El PSOE dio entonces un plazo de 24 horas para que Granados hiciera público su patrimonio y explicara cómo lo había obtenido. El entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior respondió con un escrito de dos folios en el que admitía tener un patrimonio inmobiliario de 351.000 euros, correspondientes a un piso de 110 metros cuadrados y un dúplex de 164 metros, ambos en Valdemoro. También declaró que en 2007 había comprado una vivienda por 450.760 euros de los que todavía debía 330.000 euros. En cualquier caso, dijo que "todas" sus adquisiciones se había realizado "sin ningún trato de favor".

Pero las cuentas de la mansión siguieron sin cuadrar. El coste del proyecto (incluyendo el proyecto de ejecución, los equipamientos de lujo o los honorarios del arquitecto) ya superaba en 2006 el millón de euros que, según Granados, le pidió la promotora para construirla. Alcanzaba los 1.036.713 euros, según la información revelada por Público.

No obstante, cargos del PP salieron entonces a defender a Granados. El entonces portavoz conservador en la Asamblea de Madrid, David Pérez, dijo que el chalet en cuestión no era "propiedad" de Granados ni existía "ningún vínculo para su adquisición" por lo que consideró que "sería el colmo venir a dar explicaciones sobre una propiedad que no le pertenece a Granados". Asimismo, acusó al PSOE de de divulgar “ignominias”.

La trama del espionaje 

El caso de los seguimientos a políticos del PP de Esperanza Aguirre tiene a Francisco Granados como uno de sus protagonistas. Aunque no el único. Siendo él consejero de Interior estalló una trama de espionaje en la que intervenían antiguos agentes de la policía y de la Guardia Civil a sueldo del Gobierno autonómico. Él era, por lo tanto, el jefe orgánico de los supuestos espías imputados.

En enero de 2009, El País publicó que en la Comunidad de Madrid se habían hecho trabajos de inteligencia e información sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas y conservadores para el consejero madrileño Francisco Granados. El "servicio de espionaje" estaba dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado por Granados en julio de 2008 como asesor para asuntos de seguridad, e integrado al menos por tres ex guardias civiles. Las investigaciones abarcaban desde políticos o tramas de corrupción en ayuntamientos, como Ciempozuelos o Coslada, hasta las "supuestas mafias" que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas. Entre ellos supuestamente se sometió a seguimiento al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, y al exconsejero Alfredo Prada.

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Desde que se abrieron las diligencias, en 2009, a instancias de una denuncia presentada Cobo a la que se unió Prada, dos veces la jueza Carmen Valcarce ha intentado dar carpetazo a la investigación con el razonamiento de que es imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos. Pero la Audiencia de Madrid ha forzado la reapertura en sendas ocasiones. Los denunciantes, entre los que está el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, alegaron que se utilizaron teléfonos y vehículos para espiar y que, por lo tanto, hubo malversación de fondos públicos. 

El pasado 16 de septiembre la jueza llamó a declarar como testigo a Granados para que explicara una serie de reuniones en las que los guardias civiles imputados en el proceso le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos. El ahora presidente Ignacio González siempre ha sostenido que Granados organizó una trama para espiarle. Sin embargo, uno de los espías imputados, el guardia civil José Oreja, envió el pasado enero un escrito a la jueza en la que aseguraba que en realidad vigilaban a aquellos políticos en cuyos movimientos y actuaciones tenía “especial interés” el hoy presidente de Madrid y entonces vicepresidente primero con Aguirre. El asunto todavía se investiga en los tribunales. 

Menos recorrido tuvo la investigación política. A raíz de las informaciones publicadas, la Asamblea de Madrid constituyó el 6 de febrero de 2009 una comisión de investigación parlamentaria para analizar los hechos. Sus trabajos comenzaron el 4 de marzo y finalizaron siete días después, tras comparecer sólo once de las 29 personas que había aprobado la Mesa de la Asamblea. El 16 de marzo de ese mismo año la comisión de investigación aprobó el dictamen propuesto por el PP –que exculpó al Gobierno regional de cualquier responsabilidad–, frente a los informes del PSOE e IU, que señalaron a la presidenta madrileña como "máxima" responsable y exigían el cese del consejero Francisco Granados. Aguirre lo mantuvo a su lado.