Cuando la caridad sustituye al Estado en respuesta a la desigualdad

El caso de Carmen Martínez Ayuso, la mujer de 85 años desahuciada de su vivienda a la que el Rayo Vallecano pagará un alquiler hasta que llegue la ayuda pública, ha reabierto el debate sobre la labor del Estado en un momento en el que aumentan los colectivos vulnerables. Las situaciones de emergencia que se quedan sin respuesta por parte de la Administración son cada vez más numerosas. Y ahí es donde aparece la solidaridad. O la alargada sombra de una beneficencia llena de buenas intenciones pero que, según los profesionales de los servicios sociales públicos, puede contribuir a debilitar (aún más) el cuarto pilar de los sistemas de protección. 

El del Rayo Vallecano es el último que ha trascendido, pero hay más ejemplos en los que el salvavidas ante situaciones de gran necesidad no llega del sector público. Ocurre con los bancos de alimentos –que durante este fin de semana llevarán a cabo una gran campaña de recogida–, los comedores sociales, las ayudas de ONG para pagar luz y agua, las Universidades que lanzan ayudas de emergencia para sus alumnos o ponen en marcha vías para canalizar el mecenazgo... Para Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), este tipo de iniciativas evidencian un "fracaso claro" de la labor del Estado en lo relativo a las necesidades de la población. Y explica que son muchas veces los propios asistentes sociales los que, ante la falta de escasez de medios, se ven obligados a derivar a estas personas hacia la beneficencia. "Nos plantean problemas que no se pueden resolver desde lo público", subraya. 

Las rentas mínimas de inserción –explica Lima– están pensadas para personas que no tienen ingresos, pero la actual coyuntura está generando situaciones muy dispares, especialmente agravadas por el desempleo o los desahucios. "Hay familias con pocos ingresos que tienen que decidir entre comer o pagar la hipoteca", describe. La única opción que se puede ofrecer a estas personas desde el sector público es un subsidio de emergencia –por ejemplo, en forma de cheque para que vayan a hacer la compra en su supermercado o para que paguen la luz o el agua– pero es algo puntual, una ayuda a la que pueden acceder en una o dos ocasiones. Cuando no hay más opción la alternativa son los bancos de alimentos benéficos e incluso los comedores sociales. Pero, "¿es justo que alguien tenga que ponerse en la cola declarándose pobre de solemnidad para que le den un paquete de comida?", se pregunta Lima. 

ONG como Casa Caridad, que gestiona tres comedores sociales en la Comunitat Valenciana, defienden que su voluntad es la ir "más allá del asistencialismo" con talleres de búsqueda de empleo u otro tipo de iniciativas, según dijo a esta diario una de sus portavoces. Durante 2013 esta asociación ofreció más de 370.000 raciones de alimento. En ese año también se registró un aumento del 32% en la presencia de familias con menores en los comedores. De hecho, el 20% de los usuarios de sus tres comedores durante el año pasado fueron niños. El pasado verano, cuando cerraron los comedores escolares fue Casa Caridad una de las organizaciones encargadas de velar por que los menores accedieran a al menos a una comida completa al día. Su labor solidaria es incuestionable, pero no falta quién se pregunta dónde queda en este punto la responsabilidad del Estado.

Derecho a la vivienda 

Algo similar ocurre con los desahucios. Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), dice que en las diferentes sedes de esta organización no resultan extrañas las llamadas de particulares que ofrecer donar una vivienda que no usan u ofrecen donar cantidades de dinero para ayudar a familias en situaciones precarias. La PAH, que ha parado más de 1.130 desahucios desde 2010, no tiene cauces para canalizar esa ayuda. "No podemos aceptarlas porque no tenemos posibilidad de gestionarlo con todas las garantías. Nuestra labor es reivindicar derechos y señalar al Estado como responsable de una situación que afecta a miles de personas", detalla. Lo único que puede hacer la PAH ante posibles donantes, señala Macías, es poner a estas personas en contacto con afectados que necesiten una ayuda urgente, pero nunca acceder a gestionar un patrimonio. 

Cáritas denuncia que uno de cada quince ciudadanos vive con 300 euros al mes

Ver más

El mecenazgo también ha llegado a la Universidad. Los centros de educación superior no quieren que sus alumnos se vean abocados al abandono de sus estudios. Y por eso algunas de ellas están dispuestas a hacer un papel que no les corresponde tirando de fondos propios o de donaciones para ayudar a los alumnos que se quedan fuera de la convocatoria de becas del Ministerio de Educación. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza que dedicó el curso pasado 370.000 euros para ayudar a pagar las matrículas, así como aportaciones monetarias para el pago del transporte u otro tipo de gastos relacionados con el estudio. Esta beca tenía unos requisitos académicos un 15% más bajos que las ayudas ofrecidas por Educación.

La Universidad de Málaga también puso en marcha una vía para canalizar las donaciones después de recibir la llamada de una pensionista que proponía pagar la matrícula a un estudiante con apuros económicos. Su fondo contó el curso pasado con 54.000 para estudiantes de familias que se encuentren en situaciones precarias y no puedan acceder al pago de las tasas. Otras universidades como la de Cantabria o la Autónoma de Madrid han puesto en marcha iniciativas similares. 

Las asociaciones de estudiantes no ven mal estas ayudas, pero creen que garantizar la equidad en el acceso a los estudios no es la obligación de las universidades o de los particulares. "El dinero que se invierte en estos planes de rescate deja de invertirse en investigación o docencia. Es cierto que las universidades no pueden mirar para otro lado en lo que está pasando, pero no tienen asignada la función de ser las garantes de la cobertura social. Ese papel lo tienen que hacer el Estado y las comunidades autónomas", culmina Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas de España.