El verdadero problema de Monedero se llama IRPF

Los ingresos de Juan Carlos Monedero están bajo la lupa. La Universidad Complutense decidió este martes abrir un proceso de "información reservada", para averiguar si el profesor y número tres de Podemos incumplió la obligación legal de pedir la compatibilidad antes de trabajar como consultor para diferentes gobiernos latinoamericanos. Pero más allá del ámbito universitario, Monedero puede tener un problema más serio con Hacienda. 

La controversia comenzó el pasado 18 de enero, cuando el diario digital El Plural publicó que Monedero había facturado 425.150 euros en dos meses, con una empresa de la que es único propietario y que no tiene ni trabajadores ni estructura (denominada Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL). El secretario de Programa y Proceso Constituyente de Podemos ofreció, en una entrevista en Público, la siguiente explicación sobre el origen de los ingresos de su empresa: "En los últimos años he estado trabajando con Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua en un proyecto que tiene que ver con una moneda común para Latinoamérica". De momento, el profesor y político no ha enseñado ningún documento para respaldar su tesis –ni los estudios, ni las facturas–, con el argumento de que son trabajos "confidenciales" y necesita el permiso de los gobiernos que se los encargaron para difundirlos. Y se ha comprometido a intentar conseguir dichos permisos.

infoLibre ha intentado durante los dos últimos días, sin éxito, hablar con Monedero para conocer su versión sobre algunas de las principales incógnitas que rodean este caso. Y es que los expertos fiscales consultados por este diario coinciden en que el dirigente de Podemos puede tener un problema con Hacienda por su declaración de la renta (IRPF).

1. ¿QUIÉN FIRMÓ EL CONTRATO Y CUÁNDO?

Al no haber ofrecido Monedero datos concretos sobre su relación contractual con los Gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Ecuador, se desconocen dos aspectos que resultan clave: quién firmó los contratos y cuándo lo hizo.

Respecto a la fecha de la firma, sólo hay dos opciones: que se produjese antes de la constitución de su empresa, que empezó a operar el 23 de octubre de 2013, o que lo hubiese hecho después. En el primer caso, el contrato lo tendría que haber firmado Monedero personalmente –dado que la empresa no existía–, mientras que en el segundo supuesto lo podría haber firmado la sociedad Caja de Resistencia.

Los expertos consultados por infoLibre afirman que la segunda opción parece bastante remota. En ese escenario, lo que habría ocurrido es que Monedero habría realizado el trabajo previamente y lo habría facturado una vez terminado. "Es como si alguien escribe un libro y, una vez finalizado, busca la editorial", explican. Pero este supuesto resulta muy improbable por las explicaciones ofrecidas por el propio dirigente de Podemos, que dan a entender que los trabajos los realizó a petición de los gobiernos latinoamericanos a partir de 2010.

Por tanto, la hipótesis más plausible es que Monedero firmó en una fecha indeterminada uno o varios contratos con gobiernos latinoamericanos y que luego cedió esos derechos a su empresa, Caja de Resistencia, una vez constituida ésta a finales de 2013.

¿Cuándo declaró los ingresos en su IRPF?

El peor escenario ante Hacienda para Monedero es el siguiente: que el contrato y el trabajo –en parte o totalmente– lo hubiese realizado el profesor antes de finalizar el año 2012 y que, al no haberlo cobrado hasta el año 2013, no lo hubiese incluido en su declaración de IRPF correspondiente al año 2012 y/o ejercicios anteriores. La obligación del trabajador es declarar la renta cuándo se devenga (cuándo se genera el derecho) y no cuando se cobra. Veamos un ejemplo: si una persona firma un contrato plurianual en el año 2010 comprometiéndose a prestar un servicio durante los años 2011 y 2012, y se establece que el 60% de los trabajos se realizarán el primer año y el 40% restante el segundo, su obligación será declarar en el IRPF del 2011 el 60% de los ingresos y en el IRPF de 2012 el 40% restante. Y todo ello con independencia de cuándo cobre realmente por su trabajo.

En este supuesto, Monedero habría incumplido su obligación de declarar un ingreso a Hacienda. No obstante, es difícil que hubiese cometido un delito fiscal, ya que ello exige defraudar más de 120.000 euros en la cuota a ingresar en un solo ejercicio. Para llegar a esa cantidad, todos los informes del profesor se tendrían que haber realizado íntegramente en el mismo ejercicio, y aún así la cuota resultante podría estar por debajo de esa cantidad dependiendo de otros factores de la renta de Monedero (posibles deducciones, entre otros).

¿En qué declaraciones de IRPF incluyó Monedero sus ingresos? Esta es la principal incógnita que no ha despejado el profesor de la Complutense.

Cesión del derecho a caja de resistencia

Uno de los escenarios más favorables para Monedero –siempre desde el punto de vista de sus relaciones con Hacienda– es que el trabajo lo hubiese contratado Caja de Resistencia en el año 2013 y que luego Monedero hubiese cedido los derechos a la empresa; es decir, que el informe realizado por Monedero como persona física se lo hubiese cedido a la empresa Caja de Resistencia, y que la sociedad lograse firmar los contratos con los Gobiernos de Latinoamérica. En este supuesto, no habría existido ninguna ocultación de una renta por parte del político de Podemos. Eso sí, Hacienda probablemente le pediría cuentas por la valoración realizada de la cesión de derechos.

Los expertos consultados por infoLibre, que analizaron las cuentas presentadas por la empresa de Monedero en el Registro Mercantil, consideran como hipótesis más probable que la cantidad de 57.548 euros que aparece en el epígrafe de "aprovisionamientos" se corresponda con el importe abonado por Caja de Resistencia a Monedero por la cesión de los derechos del contrato con los gobiernos latinoamericanos (si no la cantidad íntegra, al menos buena parte de ella). Una cifra que, en este caso, Monedero tendría que haber declarado en el IRPF del año 2013.

Sin embargo, la empresa señala que en 2013 logró un resultado de explotación positivo de 365.442 euros (cantidad que, también en buena parte, tiene que proceder del famoso contrato con los gobiernos latinoamericanos). Por ello, lo que suele hacer Hacienda en casos similares (en su supuesto que se da con cierta frecuencia en el caso de los artistas), es mostrarse disconforme con el precio decidido para la cesión de derechos. El razonamiento de Hacienda es el siguiente: "No puede usted ceder a una empresa de su propiedad un contrato por 57.000 euros, cuando esa empresa luego obtiene un beneficio de 365.000".

En el caso de que Hacienda obligase a elevar el precio de la operación se producirían dos efectos: Monedero tendría que declarar más por su IRPF, y la empresa tendría que declarar menos por el impuesto de sociedades. Pero como el tipo del IRPF es mucho más alto que el del Impuesto de sociedades –hasta un 52% en el primer caso, frente al 20% que pagan las microempresas como la analizada–, a Hacienda le compensa. 

En este caso, el dirigente de Podemos no habría ocultado ningún ingreso y estaríamos ante una discrepancia sobre la valoración de un contrato, de forma que quedaría descartada la posibilidad del delito fiscal y, en la mayoría de casos similares, también la infracción tributaria.

Las respuestas a estas incógnitas sin resolver las tienen el propio Monedero... y Hacienda, claro. Pero, en resumen, los posibles escenarios son dos:

1) Que Monedero hubiese realizado los trabajos de consultoría entre los años 2010 y 2012, y no los hubiese incluido en su declaración de IRPF de esos años, en cuyo caso habría ocultado los ingresos a Hacienda, que podría abrirle un expediente por posible infracción tributaria (a priori, no se podría descartar tampoco el delito fiscal, aunque es una hipótesis más remota).

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2) Que Monedero hubiese realizado los informes en 2013, en cuyo caso no existiría fraude y, como mucho, Hacienda podría discrepar sobre la valoración realizada por la cesión de los derechos del contrato de consultoría.

Las fuentes consultadas por este periódico añaden que, en el peor escenario para Monedero (el de fraude o incluso delito fiscal), su abogado podría alegar que no existía voluntad de defraudar y que la prueba más evidente de ello es que la empresa pagó 70.417 euros en impuestos el año 2013. Es decir, podría sostener que pagó impuestos, aunque fuese más tarde de lo que debía y probablemente menos de lo que debía. Todo ello podría influir en la calificación jurídica de los hechos.

Hasta aquí el posible problema con Hacienda del número tres de Podemos. Otra cuestión, claro, es el juicio político que merezca y el debate sobre cómo encaja la optimización fiscal en la política impositiva que plantea el partido de Pablo Iglesias.