El estado social de la nación: indicadores del nuevo 'modelo precario' en España

"El ascensor social se ha gripado en el sótano, dejando allí atrapadas a millones de familias". Es una de las consecuencias de la crisis económica que denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que presentó este jueves su Informe sobre el estado social de la nación.

Este texto, de 98 páginas, pone en cuestión la salida de la crisis que pregona el Gobierno de Mariano Rajoy. Prueba de ello es el subtítulo del informe: ¿Y si ya hemos salido de la crisis...? Se trata de una "réplica" al informe que presenta anualmente el presidente del Gobierno, pero en este caso, apunta esta asociación, "las protagonistas son las personas y las dinámicas sociales".

También lanzan un aviso: se ha producido "una mutación en el ADN de la sociedad española", generando "un nuevo modelo de sociedad". Así, explican que esta situación "no es consecuencia inevitable del devenir de la economía, sino que tiene sus causas en decisiones políticas que conforman un escenario de precariedad y desigualdades extremas". Por este motivo, esta estructura social estaría basada en "un modelo productivo y de relaciones laborales que apuesta por la precariedad y los bajos salarios, una fiscalidad débil y regresiva y el desmontaje de las políticas sociales".

El informe analiza numerosos datos sobre la sociedad y economía españolas, jugando con una alternativa: ¿España ha salido de la crisis o, más bien, se ha instaurado un nuevo modelo en los últimos años? No obstante, detallan que "las claves de la situación en la que nos encontramos hay que buscarlas antes de la crisis", subrayando la "ola neoliberal" a la que España se sumó al principio de la década de los 90.

Trabajadores pobres

Al término de 2014, 1.766.300 hogares tenían a todos sus miembros activos en el paro. O lo que es lo mismo, casi uno de cada diez hogares en España, según la Encuesta de Población Activa en el cuarto trimestre del pasado año. El informe reconoce una "ligera tendencia decreciente", pero recalca que no es suficiente y que perpetuará unos "elevados niveles de pobreza y desigualdad en España, y constituirá una de las características más preocupantes del nuevo modelo de sociedad".

"Por encima de la frialdad de estos datos hay que imaginar la angustia y desesperación en la que han de vivir a diario las personas en una familia con todos sus miembros activos en paro", lamenta el texto, que subraya dos datos importantes: incremento de las depresiones –un 19,4% entre 2006 y 2010– y los suicidios –un 21,7% emtre 2011 y 2013–.

Se trata, en definitiva, de que "tener un empleo no garantiza, en absoluto, la capacidad para afrontar las necesidades básicas de una persona o familia". Sobre todo mujeres y jóvenes, los dos colectivos más afectados por el desempleo y/o el empleo precario.

Insolvencia alimentaria

Según el Informe sobre el estado social de la nación, la "insolvencia alimentaria" afecta a 1,9 millones de personas en España. Es más, el 7% de la población afirma "conocer a algún adulto en su entorno familiar, o él mismo, que ha dejado de tomar alguna de las tres comidas diarias en este último mes por falta de dinero".

Además, según la Encuesta de Condiciones de Vida, 624.308 personas no pueden garantizarse una "alimentación adecuada"; es decir, comer carne pollo o pescado "al menos cada dos días". Por otro lado, recuerdan que "otros estudios multiplican por cuatro estas cifras oficiales":

Pobreza energética

La pobreza energética es definida como "la incapacidad para mantener el hogar en una temperatura adecuada". Concretamente, esto afecta a tres illones de ciudadanos en España (8% de la población) que, enfatizan, quedan "abocadas a sufrir frío y humedades en invierno o calores excesivos en verano en sus domicilios". 

Sobreendeudamiento y desahucios

Se trata de dos indicadores relacionados entre sí: el enduedamiento excesivo está "ligado fundamentalmente a la adquisición de vivienda", teniendo como consecuencia "el incremento de las ejecuciones hipotecarias cuyo triste final es en muchos casos el desahucio". Señalan a la burbuja inmobiliaria como origen de esta situación.

Por ello, recuerdan que ya en 2002, el 43,6% de los hogares españoles tenía "algún tipo de deuda financiera" y, dentro de este endeudamiento, la compra de vivienda representaba el 21,6% del total. Asimismo, destacan que, entonces, los hogares más pudientes eran los que "presentaban mayor tendencia al endeudamiento financiero" por esta razón. Nueve años más tarde, en 2011, tanto los hogares endeudados como el porcentaje de vivienda que formaba parte del total de estas deudas, se ha incrementado –cinco puntos más en ambos casos–. El informe recalca que en el periodo 2002-2011 los hogares más ricos redujeron su deuda, mientras que en el resto de hogares se incrementó.

Así, señalan que "la carga de la deuda hipotecaria en un hogar deja de ser prudente si consume más del 30% de los ingresos mensuales disponibles". Si esta llega al 40%, se considera que está sobreendeudado, en "zona peligrosa" y, por tanto, presenta riesgo de impago. Pues bien, el porcentaje de hogares en esta situación aumentó diez puntos en seis años, alcanzando al 16,6% del total en 2008. No obstante, en 2011 disminuyó algo más de tres puntos, algo que el informe considera que se debe a la baja del Euribor y a las ejecuciones hipotecarias, "que suponen la resolución del préstamo".

"Las familias españolas presentan unos niveles de deuda muy elevados que unidos al problema del desempleo y a la pérdida de capacidad de pago suponen una trampa mortal de largo plazo", advierten.

Los desahucios son consecuencia directa de este sobreendeudamiento. Así, recuerdan que la última estadística oficial, señala que el pasado año se produjeron 28.877 desahucios. Calculan que, de ellos, tres de cada cuatro se produjeron en primeras viviendas.

Desigualdad estructural

La pobreza "amenaza con convertirse en un elemento estructural de la sociedad en la próxima década", comenta el informe, que recalca que puede afectar a un 20% de la población. "El problema del aumento de las desigualdades viene de lejos y es consecuencia de un determinado proceso histórico e ideológico", y no solo "consecuencia directa de la actual crisis", explican.

Así, citando datos de Eurostat, afirman que "España es el país de la UE que más rápido ha deteriorado sus números relativos a desigualdad en los años correspondientes a la crisis y especialmente desde que aplicamos los criterios exigidos por la troika" en 2010. Destacan que la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre se ha incrementado en 1,8 puntos en el periodo 2007-2012, más que en otros países del entorno, como Grecia, Italia o Portugal.

"La desigualdad genera un importante aumento de la desconfianza social, se deshace el pagamento que nos mantiene unidos", comentan sobre las consecuencias de la desigualdad, de la que destacan una especialmente grave: pone en riesgo la democracia, ya que, en la pobreza, las personas se convierten "en siervos de un nuevo sistema feudal".

Sistema fiscal: débil e injusto

"Nuestro problema no es un gasto público elevado, sino unos débiles ingresos". Ese es el resumen del análisis del sistema fiscal español que hace el documento. Es más, lo califica como "injusto", ya que se dan "privilegios a grandes empresas y fortunas mediante desgravaciones, exenciones y beneficios, que hacen que en la práctica paguen porcentajes muy inferiores a los que en teoría les corresponden". Concretamente, apuntan que "la mayor parte de las personas" contribuyen con un 22% de impuestos, "mientras que las grandes fortunas solo contribuyen un 1% y las multinacionales un 3,5%".

Así, defienden que "los ingresos fiscales en España han sido siempre, contrariamente a lo que suelen sugerir los neoliberales, muy inferiores a los que se obtienen en el resto de los países de nuestro entorno". Especifican que estos ingresos son del 32,6% en España, "frente a porcentajes próximos o superiores al 40% que caracterizan a los países más desarrollados".

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Este punto también está relacionado con el anterior: España tiene un gasto público 5,6 puntos inferior a la media de la zona euro, según Eurostat. Además, según el informe, se dedican "menos recursos" en políticas sociales que en otro tipo de actividades, como orden público y seguridad, por ejemplo.

Así, apuntan que esto "ha empeorado en los últimos dos años", ya que "los recortes, con un perfil claramente ideológico, han deteriorado de forma continuada las bases del Estado del bienestar español".

Uno de los datos más destacados es que el gasto público por habitante en servicios sociales se ha reducido un 15,8% entre 2010 y 2013, pasando de 383,9 a 323,4 euros. O lo que es lo mismo, el Estado ha gastado 4.970 millones de euros menos en servicios sociales en este periodo.