La cruz falangista de Vigo llega al Tribunal Constitucional

La Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 continúa su contienda judicial contra el Ayuntamiento de Vigo,  gobernado por el alcalde socialista Abel Caballero, para conseguir derribar el monumento de exaltación franquista conocido como Cruz do Castro, una construcción de 12 metros de altura levantada por la Falange en 1959. Después de que la agrupación anunciase el pasado mes de marzo la venta de "bonos de ayuda" a 2, 5 y 10 euros con el fin de recaudar los 3.000 euros necesarios para continuar con el litigio, la asociación presentó el pasado 5 de junio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que daba la razón al consistorio gallego y anulaba el fallo dictado el pasado mes de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo que ordenaba al ayuntamiento encabezado por Caballero a "retirar de forma inmediata" el monumento.

"Desde nuestra asociación decidimos llegar hasta el final y presentar este recurso porque sabíamos que, desde el minuto uno, íbamos a contar con el aliento y apoyo económico y solidario de muchos vigueses y viguesas, demócratas y antifascistas. Más de 500, junto a numerosos colectivos que participaron en esta iniciativa, compraron los bonos de ayuda emitidos para conseguir los fondos necesarios para poder llevar adelante el citado recurso", apuntó la asociación viguesa en un comunicado. 

"No contábamos con una actitud de solidaridad tan grande", explicó a infoLibre el presidente de la asociación, Telmo Comesaña, añadiendo que espera que "el recurso se atienda". "Queremos quemar nuestro último cartucho. Toda aquella gente que se sentía ofendida por esta cruz en su ciudad tiene hoy la satisfacción de que hemos logrado los fondos necesarios para interponer el recurso ante el Constitucional", sentenció en declaraciones a este diario.

La contienda judicial

El pasado mes de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la ciudad gallega dio la razón a la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 y ordenó quitar la Cruz do Castro por considerarla un elemento de "exaltación propagandística de la sublevación golpista, de los vencedores de la Guerra Civil y de la represión franquista posterior". La sentencia judicial [consultar aquí en PDF] rechazó que la cruz tuviera algún significado religioso, tal y como alegaba el Ayuntamiento de Vigo, que sacó a colación el acuerdo al que había llegado con el obispo de Tui-Vigo, José Diéguez, para retirar los símbolos franquistas de las fachadas de las iglesias pero mantener la Cruz do Castro.

Por el contrario, el juez destacó que las cruces de los caídos levantadas durante el franquismo en toda España "surgieron siempre a iniciativa de Falange, al margen de la opinión del clero y de la autoridades eclesiásticas". Así, el magistrado consideró que esta construcción contravenía el artículo 15.2 de la Ley de Memoria Histórica, que establece que "las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

Sin embargo, el Consistorio de Vigo recurrió la sentencia ante una institución superior, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. En esta segunda batalla, el máximo órgano jurisdiccional a nivel autonómico dio la razón al ayuntamiento, con el voto en contra de la magistrada Cristina María Paz Eiroa. El alto tribunal revocó así la sentencia del juzgado vigués al considerar que el monumento ya no tiene el significado original de exaltación franquista, estando ya desprovisto de cualquier "simbología fascista" ya que ha desaparecido su "carga política". En contra, el TSXG consideró que la Cruz do Castro podía ser considerada una construcción de carácter religioso "puesto que es evidente que se trata de una cruz latina" y sentenció que "ha de conservarse esa memoria".

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La asociación recibió así un jarro de agua fría que estuvo a punto de hacerles abandonar la contienda por falta de fondos. Sin embargo, decidieron poner en marcha un crowdfunding con el fin de recaudar el dinero necesario para continuar con el litigio y emitir el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que interpusieron, finalmente, el pasado cinco de junio. Para ello, sacaron a la venta "bonos de ayuda" en tres categorías: dos, cinco y diez euros. 

Caballero, que fue reelegido alcalde de Vigo en las elecciones municipales del pasado 24 de mayo con una amplia mayoría absoluta, el 51,8% de los sufragios, ha rechazado en numerosas ocasiones que el monumento sea un símbolo de exaltación franquista". "No hay un sólo símbolo franquista en la ciudad", se limitó a decir el alcalde el pasado mes de septiembre, tras conocer la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a derruirla.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica, Telmo Comesaña, aseveró a infoLibre, tras conocerse la sentencia del TSXG, que "no pueden juntarse víctimas y verdugos bajo un mismo símbolo". "En este caso estamos ante un símbolo de exaltación franquista", sentenció, añadiendo a renglón seguido, y refiriéndose a Caballero, que "no se pueden permitir las canalladas del alcalde" porque "se están mancillando las siglas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)".