Rajoy trata de liquidar la Ley de Memoria Histórica: cero euros por tercer año consecutivo

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU ya se lo recomendó al Gobierno en julio de 2014: “Proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente”. Y un año después se lo volvió a recordar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un informe [consultar aquí en PDF] en el que mostraba su preocupación “por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas” que “se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares”. Sin embargo, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy parece hacer oídos sordos a las críticas internacionales que le llegan en relación con esta materia.

El nuevo proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 evidencia la intención del Gobierno conservador de mantener enterrado el recuerdo de miles de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura cuyos cuerpos, a día de hoy, todavía permanecen desaparecidos en fosas comunes a lo largo de todo el territorio español. Sin una sola partida presupuestaria destinada a las personas represaliadas, la formación conservadora cierra cuatro años de legislatura en los que las ayudas para exhumaciones o localización de restos han desaparecido por completo.

En este sentido, varios partidos de la oposición presentaron sendas enmiendas parciales al proyecto de Ley de los PGE con el objetivo de que el Ejecutivo incluya alguna partida presupuestaria en materia de memoria histórica. Así, ERC ha propuesto destinar un total de 3,8 millones de euros [consultar aquí las enmiendas]: dos millones para la demolición de monumentos fascistas y exhumación de fosas comunes; un millón para igualar la compensación de los antiguos miembros de las fuerzas armadas oficiales republicanas a las de aquellas personas que integraron la lucha armada contra la dictadura franquista; 500.000 euros para la recuperación de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Constantí (Tarragona); y 300.000 euros para acondicionar los vestigios bélicos aún existentes.

Desde el Grupo Mixto, Geroa Bai ha propuesto una partida de cuatro millones de euros [consultar aquí la enmienda] para gastos derivados de actividades vinculadas a la Ley de Memoria Histórica. Dos enmiendas por el mismo importe se han presentado desde Izquierda Plural: dos millones de euros para “garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas” [ver aquí] y otros dos millones con el mismo objetivo para las comunidades autónomas [consultar la enmienda en PDF].

Finalmente, desde el Grupo Socialista el diputado Odón Elorza propuso, a través de dos enmiendas parciales, destinar un total de 3,15 millones de euros a los represaliados durante la dictadura de Franco: tres millones para exhumaciones con el objetivo de “ir recuperando las partidas existentes” en los Presupuestos del anterior Ejecutivo socialista y 150.000 euros para dotar de presupuesto al organismo Patrimonio Nacional para que gestione la autorización de la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco y Primo de Rivera a los “espacios o panteones” que indiquen sus familias.

Un total de nueve enmiendas parciales que serán revisadas entre el 7 y el 11 de septiembre por la Comisión de Presupuestos que preside el diputado socialista José Enrique Serrano y que presumiblemente serán rechazadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Sin financiación pública

“Ha sido una legislatura nula en materia de memoria histórica”, apunta Elorza en declaraciones a infoLibre. En su opinión, el Gobierno conservador ha adoptado “una posición de desprecio hacia las víctimas del franquismo” porque “no ha aportado nada para avanzar en la recuperación de aquellos represaliados que todavía están enterrados en cunetas”. El diputado socialista hace autocrítica en nombre del PSOE al asegurar que “la memoria histórica es un tema que se ha abordado tarde”: “Tendría que haberse hecho desde la Transición”, señala en conversación telefónica. “Esperemos que el próximo Ejecutivo que salga de las urnas aborde esta asignatura pendiente”, sentencia.

Una opinión que comparten las asociaciones que trabajan en esta materia. Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), define la última legislatura como una “regresión” y defiende que estos cuatro últimos años se ha presenciado “una clara marcha atrás de valores y ley”.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, es contundente cuando se le pregunta por los pasos que se han dado durante el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: “Como no ha pasado nada y no han hecho nada, la respuesta es breve”, dice, aunque apunta a renglón seguido que desde que se dibujó el nuevo mapa político tras las elecciones del pasado 24 de mayo “parece que hay más actividad”.

Alonso empieza a analizar la legislatura recordando que el PP ha quitado la ayuda económica a la memoria histórica “por la puerta de atrás”. “Es la primera y única promesa que ha cumplido Rajoy en estos cuatro años”, añade en alusión a las palabras que pronunció el presidente del Gobierno en febrero de 2008: “Yo eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”, aseguró el actual líder del Ejecutivo durante una entrevista en el diario 20 minutos.

Desde que se aprobasen por primera vez fondos destinados a esta materia con el Real Decreto 1891/2004, pero sobre todo a partir de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en octubre de 2007, con el categórico rechazo del PP y ERC, las partidas presupuestarias a estos efectos no pararon de aumentar año tras año: dos millones de euros en 2006, tres millones en 2007, cuatro en 2008 y 2009, cerca de seis en 2010 y 6,2 millones en 2011. A partir de entonces, el nuevo Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy revirtió la situación. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 la partida se redujo un 60%, hasta 2,5 millones de euros. Y desde 2013, las ayudas estatales desaparecieron.

Falta de colaboración

El coordinador de GRMH señala que esas subvenciones eran lo único con lo que contaban para desarrollar su trabajo. Ahora, cada asociación se “busca la vida” para pagar la búsqueda y exhumación de todas aquellas personas que todavía se encuentran bajo tierra en un lugar desconocido. “Nos está financiando las exhumaciones un grupo de sindicalistas noruegos”, apunta, por su parte, el presidente de la ARMH. Todo ello a pesar de que la Ley de Memoria Histórica recoge que “las Administraciones públicas facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas”.

Tanto Silva como Alonso consideran que el Ejecutivo no ha mostrado interés por hacer cumplir la ley. Ambos hacen alusión a las múltiples llamadas de atención de la ONU y diferentes organismos internacionales. “La ley no tiene ninguna importancia. Los derechos humanos no se facilitan, se cumplen”, añade en conversación telefónica con este diario el presidente de la ARMH, que también incluye a los diferentes gobiernos socialistas en el mismo saco. “No han cumplido ni este ni el anterior Ejecutivo. Estamos ante un problema que no quiere afrontar el Estado”, apostilla, y se queja de que haya víctimas de “primera, segunda y tercera categoría”: “¿Los españoles que lucharon en la División Azul sí que tienen el derecho a que les asista el Estado?”, se pregunta Silva en alusión a los 6.500 euros que el Ministerio de Defensa gastó en 2013 para costear la repatriación de los restos de 5 excombatientes encuadrados en la Wehrmacht, es decir, en el régimen nacionalsocialista.

Sin embargo, Alonso remarca que existe una diferencia abismal dependiendo de los municipios y las comunidades autónomas. “Hay alcaldes que en semanas nos solucionan todo y otros como [Rita] Barberá que machacan anímicamente a las víctimas con sus negativas”, afirma el portavoz del GRMH, una asociación que trabaja principalmente en la Comunidad Valenciana. Unas víctimas a las que “se les acaba el tiempo” debido a su elevada edad. “Cada muerto enterrado deja varios muertos en vida”, concluye.

Declaraciones de reparación que no “reparan”

En cuanto a las declaraciones de reparación y reconocimiento personal que recoge la Ley de Memoria Histórica en su artículo 4, se han expedido durante la última legislatura 274, según aseguró el Gobierno en una respuesta escrita al diputado socialista Odón Elorza tras las recomendaciones de la ONU hechas públicas en julio de 2014. “A nivel sentimental, este reconocimiento ayuda a las víctimas”, apunta Alonso.

Silva, sin embargo, asegura que estas declaraciones “no reparan nada”. “Son unos papeles que te llegan a casa en un sobre y te dicen algo que ya sabías; que eres hijo de un represaliado durante el franquismo”, asevera el presidente de la ARMH, que añade que “mucha gente no pide estos certificados por ese motivo”. “Si los diera un ministro en un acto público en el que quedase demostrado que el Estado está en deuda… habría reparación moral y simbólica”, dice, concluyendo que en cualquier país estas víctimas “reciben una pensión”.

En este sentido, preguntado por la indemnización de 135.000 euros que recoge la norma para los beneficiarios de quienes fallecieron entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, Emilio Silva asegura que lo que se tiene que hacer es "reparar las causas, no las fechas” y añade que el establecimiento de este periodo de tiempo se hace “por ahorrar dinero y por ocultar la parte más dura y violenta del franquismo”.

Alonso, por su parte, dice que no le consta que se sigan pidiendo y concediendo estas ayudas. “Sobre todo contactan con nosotros por el tema de las declaraciones de reparación y para localizar a víctimas”, añade el coordinador de GRMH. El Gobierno, por su parte, aseguró en respuesta parlamentaria que “el Ministerio de Justicia participa igualmente en la Comisión para la aplicación del artículo que tiene por objeto el reconocimiento de indemnizaciones”.

Retirada de símbolos

España está llena de vestigios franquistas. Nombres de calles y plazas, monumentos o insignias que exaltan la Guerra Civil y la posterior dictadura. Todo ello a pesar de que la Ley de Memoria Histórica establece que las “administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, exceptuando aquellos en los que concurran “razones artísticas, arquitectónicas o artístico religiosas”.

Es a este punto al que se han agarrado algunos alcaldes a la hora de negarse a retirar el vestigio. Así, por ejemplo, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, defendió la decisión de mantener en pie la Cruz do Castro, una construcción de 12 metros de altura erigida por la Falange en 1959, sacando a colación el acuerdo al que había llegado con el obispo de Vigo, José Diéguez, para retirar los símbolos franquistas de las fachadas de las iglesias pero manteniendo la cruz en el monte vigués.

No existe un listado oficial de símbolos. Sin embargo, en lo que va de año se han interpuesto más de medio centenar de denuncias pidiendo la retirada de más de un centenar de símbolos franquistas a lo largo de toda la geografía española. Tanto Silva como Alonso señalan a infoLibre que ese punto no se ha cumplido. “Desde las elecciones municipales parece haber más movimiento en este sentido, pero el Gobierno no quiere meterse en eso”, apunta el presidente de la ARMH, que añade que en Italia o Alemania sería imposible ver una “plaza del führer o del duce” porque sería “una humillación” para las víctimas de la represión.

De todos estos monumentos, la Ley de Memoria Histórica dedica un artículo al Valle de los Caídos. “En este sentido, durante estos cuatro años el PP ha dejado muy claro su fidelidad a la memoria de los vencedores, no de los vencidos", destaca Alonso, que añade que "dejaría el Valle de los Caídos en pie, no lo derribaría" pero "retirando los cuerpos de Franco y Primo de Rivera y limpiándolo de todos los vestigios franquistas". "Son cosas que deberían ser intolerables en democracia", apunta Silva.

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"Mucho ruido y pocas nueces"

Ambos coinciden en que la Ley de Memoria Histórica no es perfecta. "No hace falta una ley para que se cumpla con las víctimas", asevera el presidente de la ARMH, que no duda en definirla como "mucho ruido y pocas nueces". "Ha levantado polémica pero no ha resuelto nada de lo que planteaba. Franco sigue donde estaba, las fosas las seguimos abriendo los familiares, monumentos como el Arco de la Victoria siguen en el mismo sitio...", explica Silva, agregando a renglón seguido que lo que hace falta es "voluntad política" y que la única comunidad autónoma que ha hecho sus deberes para el cumplimiento de la norma ha sido, en su opinión, el País Vasco.

Alonso, por su parte, considera que es una "ley a la que le falta desarrollo". "No trae consigo un cuadro de sanciones para los que la incumplan y no existe una homologación de la norma en cada una de las comunidades autónomas", dice. El coordinador de GRMH asegura sentirse preocupado por la "normalidad con la que se trata el tema de la dictadura en España" y apunta a la necesidad de más "pedagogía". Mientras el debate lleva años saltando a la palestra política, cerca de 115.000 personas todavía permanecen desaparecidas, según datos de la ONG Rights International Spain (RIS) tomando como referencia datos de la justicia. España es el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de las desapariciones forzosas.