Seis modelos para una reforma electoral que parece inevitable

"La reforma de la ley electoral es una asignatura pendiente de nuestra democracia", aseguraba la entonces portavoz de UPyD, Rosa Díez, en el debate que se celebró en 2011 en el Congreso para investir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Entonces eran fundamentalmente los partidos minoritarios los que planteaban esa reivindicación (IU desde siempre), pero en los últimos tiempos esta exigencia no ha hecho más que extenderse y a partidos como IU o el magenta, que tradicionalmente habían exigido cambios en esta norma, se han unido otros como Podemos, Ciudadanos o incluso el PSOE, que también plantea reformar la legislación.

Pero las fórmulas que proponen unos y otros son muy diferentes, aunque también tienen puntos en común. La más divergente, sin duda, es la que defiende el PP, que busca caminar hacia un sistema de elección que premie al partido más votado, al menos, en los comicios municipales, mientras que Ciudadanos propone un sistema electoral que combine elementos de sistemas mayoritarios y proporcionales. PSOE y Podemos, por su parte, han mostrado su intención de caminar hacia un mecanismo más proporcional, algo que comparten con UPyD, que sin embargo tiene diferencias con ellos sobre el método de asignación de escaños.

PSOE

Los socialistas aprobaron de manera definitiva su programa electoral para las próximas generales hace unos días, y entre sus propuestas se contemplan varias de reforma del sistema electoral. El principal cambio que propone la candidatura encabezada por Pedro Sánchez está en las listas, que pasarían de ser cerradas y bloqueadas a cerradas y desbloqueadas, lo que implica que los electores no podrían escoger diputados de diferentes candidaturas pero sí reordenar las listas que los partidos presenten en cada circunscripción o tachar nombres de las mismas –no se especifica el formato concreto–.

De igual forma, el PSOE plantea que estas listas sean "cremallera", es decir, que alternen hombres y mujeres –actualmente la norma establece que no podrá haber más de un 60% de hombres o de mujeres en cada tramo de cinco personas–.  Además, el PSOE propone "regular la celebración de debates electorales" creando un organismo público formado "por profesionales del periodismo de reconocido prestigio", y señala que es necesario "impulsar los medios y reformas legislativas necesarios para facilitar el voto electrónico", aunque tampoco concreta cómo.

A juicio de los socialistas, el sistema electoral también debe "mejorar la proporcionalidad", si bien el programa no especifica ningún detalle más. En lo que sí son más terminantes los socialistas, que coinciden en esto con Podemos, es en la necesidad de acabar con el "voto rogado" para los españoles que residan fuera del país, una medida que el propio PSOE promovió en su reforma electoral de 2011, consensuada con el PP. Y también existen parecidos con la propuesta de IU, ya que el PSOE plantea "abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio a los jóvenes mayores de 16 años".

Podemos

El propio secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha asegurado en repetidas ocasiones que su pretensión es introducir en la Constitución una reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional. No obstante, el partido no detalla en las propuestas que aprobaron sus bases en votación cuáles serían los puntos a abordar a la hora de cambiar la norma en temas como el método de asignación de escaños, el tamaño de la circunscripción o el número de diputados que tendría que tener el Congreso. El programa electoral completo, que será presentado la semana que viene, podría contener alguna ampliación en este sentido.

Por lo pronto, en lo que más concreto es Podemos es en su defensa de la necesidad de derogar el voto rogado para los españoles que viven fuera de España. En este sentido, su programa propone crear "una circunscripción exterior que dé voz a los emigrantes" en el Congreso a través de un escaño, y de igual forma sugiere ampliar el proceso electoral "de dos a cuatro semanas, dando un mayor margen al envío de papeletas". Asimismo, Podemos propone ampliar el derecho al voto en las elecciones municipales "a los residentes que lleven menos de cinco años fuera".

Además, la formación morada plantea introducir un "escaño ciudadano" para que "se puedan pronunciar directamente peticiones ciudadanas, de forma individual o colectiva, directamente al parlamento", y también sugiere medidas que afectarían a cómo se presentan los partidos a las elecciones: es el caso, por ejemplo, de la obligatoriedad de realizar elecciones primarias para "todos aquellos candidatos a presidir órganos ejecutivos", procesos que se llevarían a cabo a través de un sistema telemático coordinado por la Junta Electoral Central.

El programa del partido gobernante, por su parte, le "vinculará", y "a los dos años de mandato se pondrá en marcha en el Congreso una comisión [...] en la que se analizará el grado de cumplimiento" de sus propuestas: si existe un "incumplimiento sustancial y manifiesto" del programa, se podrá poner en marcha un proceso de revocación que tendría que contar con el apoyo de 158 diputados y las firmas del 15% del electorado a nivel estatal. Tras cumplir estos requisitos, se celebraría un referéndum en el que se preguntaría sobre la necesidad de realizar nuevas elecciones: si la mayoría decidiera que sí, el presidente del Gobierno tendría 30 días para convocarlas.

Ciudadanos

El partido de Albert Rivera es el que ha presentado una propuesta de reforma de la ley electoral más concreta. Esta reforma estriba en la elaboración de un sistema de carácter mixto, en el que "la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales desbloqueadas", lo que provocaría que cada elector tuviese dos votos: uno para escoger a 175 diputados que representarían cada uno a una circunscripción, y otro para elegir a los 175 diputados restantes a través de un sistema de candidaturas parecido al actual.

Ciudadanos no concreta el tamaño de las circunscripciones unipersonales por las que serían elegidos los primeros 175 diputados, si bien señalan que tendrían que ser definidas "geográficamente en función de la población" y que no podrían abarcar un territorio superior a una provincia. En cuanto a la segunda mitad de escaños restante, la circunscripción pasaría a ser nacional y los partidos tendrían que presentar listas que, no obstante, estarían desbloqueadas, con lo que el elector podría alterar el orden decidido por las formaciones.

"Los diputados elegidos en los distritos uninominales se integran en la lista definitiva que corresponde a cada partido en el resultado final", explica el partido en su propuesta, en la que señala que "si los escaños obtenidos por algún partido en las circunscripciones uninominales superaran los asignados por la votación proporcional se crearán escaños adicionales". En cualquier caso, los candidatos que se presenten por uno u otro método deberían haber sido escogidos por primarias en sus partidos.

Unidad Popular

La candidatura en la que se integra IU aún no ha presentado su programa electoral unitario para las elecciones generales. Pero la propia federación sí que está presentando por separado algunas de sus propuestas, y entre ellas se cuentan la reforma de la ley electoral, un clásico en una de las formaciones tradicionalmente más perjudicadas por la actual legislación: de hecho, a La Izquierda Plural –la coalición en la que se presentó IU– cada uno de sus 11 escaños en el Congreso le costó más de 153.000 votos, por los menos de 60.000 que supuso cada acta conseguida por el PP.

El programa de IU –que aún no es público– es inconcreto a la hora de abordar este tema y únicamente señala que "hay que adecuar la composición de las instituciones representativas a la voluntad popular" a través de una corrección de "los factores que provocan la desproporción y la desigualdad, como son el tamaño de las circunscripciones, su magnitud, la barrera electoral y la fórmula electoral", si bien Marga Ferré, secretaria de Programas de la federación, explica que la indefinición se debe a que IU está abierta a negociar varios sistemas que aumenten la proporcionalidad.

En este sentido, Ferré explica que la organización contempla varios métodos. El primero supondría ampliar el número de escaños del Congreso de los 350 actuales a 400, siendo estos 50 diputados adicionales elegidos a través de una "bolsa de restos". Este mecanismo implicaría que los sufragios emitidos a favor de un partido en una provincia que no le sirvieran para que su candidato fuera elegido se sumarían a los obtenidos por esa formación en el resto del Estado; las 50 nuevas actas se repartirían proporcionalmente a partir de estos votos. 

Otro cambio posible, explica Ferré, pasaría por cambiar el ámbito de la circunscripción, que pasaría de ser provincial a ser autonómica, algo que a juicio de la dirigente de IU mitigaría bastante la sobrerrepresentación de las provincias poco pobladas. No obstante, para llevar a cabo este cambio habría que modificar el artículo 68 de la Constitución, algo a lo que IU está abierta pero que requeriría una mayoría amplia en el Congreso.

De lo que sí está convencida IU, y así lo refleja en su programa, es de rebajar la edad mínima para votar de los 18 años actuales a 16, "incluyendo a las personas inmigrantes con dos años de residencia en el Estado". La razón, explica Ferré, es simple: "Si con 16 años tienes derecho a trabajar, también tienes que tener derecho a decidir qué se hace con tus impuestos".

UPyD

La propuesta de la formación magenta que contendrá su programa electoral –que se ha aprobado pero aún no es público– está basada en una proposición de ley que presentaron en septiembre de 2014 en el Congreso y que fue rechazada por los 296 votos en contra de PP, PSOE, CiU, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN y FAC –la apoyaron, además de UPyD, Izquierda Plural y Compromís–. También busca conseguir mayor proporcionalidad, aunque en este caso no lo hace cambiando el ámbito de la circunscripción, sino el sistema de asignación de escaños.

Y es que UPyD propone sustituir el sistema D'Hondt por el método Sainte-Lagüe, más proporcional en el reparto de los escaños, que se mantendrían en la cifra de 350. No obstante, aunque el número total sí seguiría igual, no ocurre lo mismo con su distribución, ya que el número de diputados por provincia pasaría de los dos actuales a uno y este resto se asignaría en base a la población de la circunscripción. Las listas, por su parte, serían abiertas y desbloqueadas, lo que implicaría que, además de que los electores pudieran cambiar el orden de los candidatos decidido por los partidos, también podrían escoger aspirantes de varias listas.

PP

Los conservadores no tienen aún un programa electoral público, pero sin embargo fuentes de la dirección aseguran que la reforma de la ley electoral estará entre las propuestas que lo compongan, ya que es una reivindicación tradicional del PP reformar el sistema para primar al partido más votado. De hecho, en su programa para las elecciones generales de 2011, el PP promovía "la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de los ayuntamientos".

La formación no confirma si una propuesta similar a ésta se introducirá en el programa electoral de 2015 con respecto a los comicios autonómicos y generales, pero sí confirman que se repetirá en relación a los municipales. De hecho, el PP ya presentó hace unos meses en el Congreso una propuesta de reforma electoral que daría la mayoría absoluta automáticamente a la lista más votada si superase el 35% de los votos y más de cinco puntos de ventaja sobre el segundo –en caso contrario se iría a una segunda vuelta–, una propuesta que generó un rechazo casi unánime entre los partidos de la oposición.