El anuncio de ruptura en Cataluña condiciona el futuro político inmediato en España

Choque de trenes. Desde este domingo, la Generalitat ya tiene un presidente, Carles Puigdemont, que se ha comprometido a sacar adelante, punto por punto, la resolución del Parlament, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, que marca la hoja de ruta hacia la construcción de una república catalana independiente. Pero también tiene en frente a un Gobierno en funciones, el de Mariano Rajoy, dispuesto a echar mano de "todos los mecanismos legales existentes" para frenar que esa resolución salga adelante. En los últimos meses, el último capítulo de este choque de trenes se veía venir porque los puentes entre ambos frentes estaban rotos. Y ahora es un Gobierno en funciones que, salvo cambios de última hora se extenderá en los próximos meses, el que debe liderar la respuesta del Estado al "desafío soberanista".

Rajoy, contrariamente a lo que ha hecho en ocasiones anteriores, no quiso dilatar su respuesta a la investidura de Puigdemont. No esperó ni a la votación. Y de forma paralela al momento en el que nuevo president daba réplica a las intervenciones de los portavoces parlamentarios de los grupos de la oposición, convocaba a la prensa en la Moncloa para dar lectura a un comunicado en el que advertía que el hecho de que en España haya un Gobierno en funciones no supone un coladero para que los partidarios de la independencia continúen con su hoja de ruta.  “El Gobierno no dejará pasar ni una sola actuación que vaya en contra de la ley”, subrayó al tiempo que señalaba que no estaba entre sus planes permitir "que nadie se arroge poderes ilimitados fuera de la ley".

Un mensaje: "El Estado funciona"

El Gobierno y el Partido Popular se han conjurado en los últimos días para trasladar el mensaje de que pese a que un Ejecutivo en funciones tiene algunas competencias limitadas, como la de elaborar leyes, el Estado no está de vacaciones a la espera de que las Cortes designen a un nuevo presidente del Gobierno. Rajoy fue muy claro al respecto al señalar que "el Estado funciona siempre con independencia de que el Gobierno esté o no en funciones". 

Cuando Rajoy señalaba que "el Estado funciona" se refería a que seguía teniendo en su mano las mismas herramientas que antes de las elecciones para frenar el "desafío independentista". "En eso, nada ha cambiado", insisten a infoLibre desde el Gobierno. Desde que el Parlament aprobó en noviembre la resolución para la constitución de una república catalana independiente, el Gobierno dejó claro que tenía dos planes muy bien delimitados.

El plan A es la recién reformada ley del Tribunal Constitucional, que permite, en última instancia, inhabilitar a cualquier cargo público que haga caso omiso a las resoluciones del Alto Tribunal. Si este no funciona, siempre queda el plan B: recurrir a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que se refiere a la suspensión de la autonomía de una comunidad, bien de forma completa o parcial.

Con Artur Mas, de momento, fuera de la primera línea, el círculo se cierra en tono a Puigdemunt y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Ya lo avanzó el propio Rajoy este domingo: "He dado instrucciones para que cualquier actuación que pueda adoptarse por parte del nuevo Gobierno de Cataluña, de su presidente, de su Parlamento o de cualquier institución, que suponga la vulneración de la Constitución y del ordenamiento jurídico para que tengan la respuesta del Estado de Derecho para defender la democracia y la ley".

Investidura 'catalanizada'

El desenlace catalán, el hecho de que se haya evitado una nueva convocatoria electoral, no era el más esperado en el Gobierno y en el grueso de los partidos que han obtenido representación parlamentaria en el Congreso y el Senado tras las generales del 20 de diciembre. Y ahora, no es que todo vuelva a la casilla de salida, pero cambia el contexto y la situación en Cataluña, con el compromiso expreso de Puigdemont de seguir adelante con el plan de Artur Mas, se convierte en un asunto clave de cara a las negociaciones para la investidura de un nuevo presidente.

Ya desde la noche del sábado, cuando quedó claro que no iban a tener que repetirse las catalanas, Rajoy hizo un llamamiento a los partidos no soberanistas a unirse para plantar cara al desafío. A saber: al PSOE y a Ciudadanos. Es lo que desde el PP y el Ejecutivo en funciones llevaban haciendo desde el 20-D, pero ahora con el elemento añadido de hacer frente a la urgencia de un Parlament decidido a avanzar en el sentido contrario a las decisiones del Tribunal Constitucional.

En el PP ponen por delante el hecho de que "la amenaza" de Cataluña es una noticia "triste" para toda España. Pero, a su vez, reconocen que "mucha de la presión" se traslada al PSOE, que tiene en su mano la llave de permitir gobernar a Rajoy, "que defiende sin complejos la unidad de España y la igualdad de todos los españoles". O se pone al frente de "un grupo de partidos de izquierdas en el que todos pelean por ser el verdadero líder de la izquierda y en el que, incluso, se aboga por la convocatoria de un referéndum en Cataluña –en alusión a Podemos–". 

"El PSOE tiene que demostrar que es el partido responsable que siempre ha sido en los asuntos que afectan a la estabilidad del Estado", subraya un dirigente nacional de los conservadores. 

El PP sigue convencido de que "lo mejor" para España ahora es un Gobierno, liderado por Mariano Rajoy, en el que los partidos que comparten "lo fundamental sobre lo que es España" estén juntos. Y se muestra dispuesto a hablar "de todo" para que así sea. El llamamiento, no hay duda, es a PSOE y Ciudadanos. El PSOE se resiste.

Tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera dieron su apoyo este domingo a Rajoy para que se respeten las decisiones del TC. Pero no se fue más allá. No obstante, en el PP confían en que, a medida que pase al tiempo, el PSOE acabará por abstenerse en la investidura de Rajoy. Creen que a Sánchez es al último líder político que le interesan unas elecciones. Y que para el PSOE que Rajoy sea presidente es "el mal menor".

Los pasos de Moncloa

Como se ha recordado, el Gobierno dispone de dos herramientas para intentar frenar el "desafío independentista": la ley del Tribunal Constitucional (TC), reformada el pasado septiembre, y el recurso al artículo 155 de la Constitución.

La reforma de la ley del TC contempla que si aprecia el incumplimiento de una de sus resoluciones, podrá adoptar varias medidas, desde imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros a la suspensión de las funciones "de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".

Al hilo de esto, desde Moncloa se recordó este sábado, poco después de conocerse el acuerdo para la investidura del nuevo president que "el pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional ya acordó, por unanimidad, declarar nula por inconstitucional la Resolución I/XI del Parlamento de Cataluña". Se trata de la resolución que indicaba la hoja de ruta para la construcción de la república catalana.

Aplicación del artículo 155

Pese a que el Gobierno esta en funciones, otra de las herramientas que tiene en su mano es la de la suspensión de la autonomía, consagrada en el artículo 155 de la Constitución, que reza como sigue: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

A partir del miércoles 13 de enero la Cámara alta quedará constituida con, por cierto, mayoría absoluta del Partido Popular.

De llegarse a este escenario, la intención del Gobierno de Rajoy es, a priori, la de una aplicación parcial. Una de las posibilidades de las que se habla es, por ejemplo, la de intervenir la tesorería de la Generalitat para bloquear la salida de dinero para la creación de estructuras de Estado.

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El Senado, clave

Si el Gobierno en funciones quiere dar este paso, tiene que presentar al presidente del Senado un escrito con el contenido y el alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de que se ha requerido al presidente de la comunidad para que adopte una serie de medidas que no se han cumplido.

A partir de ahí, la Mesa del Senado trasladará el escrito a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y se reclamará al presidente autonómico que presente alegaciones, se estudiarán las mismas y la Comisión propondrá al pleno sus argumentos a favor o en contra. Tras el debate parlamentario, se vota la propuesta.