'Operación Taula': se estrecha el cerco sobre Barberá

"Buenos días, alcen las manos del ordenador y levántese lentamente". Así irrumpió este martes, a las 10.00 horas, la Guardia Civil en el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Fue uno de los 33 registros simultáneos que se realizaron en el marco de la Operación Taula (nombre que proviene de la Taula de Canvi, la mesa de divisas del siglo XV en la Corona de Aragón) que culminó, según fuentes judiciales, con 24 detenidos (hay 29 imputados), 252 cuentas corrientes bloqueadas y el embargo de 150 vehículos de alta gama.

El principal arrestado fue Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia (2007-2015) y exalcalde de Xàtiva (1995-2015) con el Partido Popular. Además de su domicilio, se registraron las oficinas del Olímpic de Xàtiva, club de fútbol del que ha sido máximo dirigente en dos ocasiones, y el almacén de telas de la firma de ropa Steffano Russini, que dirige junto a su esposa. Rus está en el centro de una supuesta trama de cobro ilegal de comisiones y blanqueo de capitales entre 2004 y 2009 con la Diputación de Valencia como telón de fondo. La conversación difundida en mayo de 2015 por la Cadena SER en la que se le escuchaba contar billetes, "dos millones de pelas", provocó un terremoto político que dio al traste con su carrera. En aquella grabación también se oye la voz de Marcos Benavent, hombre clave en la investigación.

Benavent fue mano derecha de Rus y concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Xàtiva. Tras un breve amago de retirada de la política, regresó en 2007 como gerente de Impulso Económico Local (Imelsa), empresa pública de la Diputación con un presupuesto anual de 25 millones y dedicada, en buena parte, a la organización de brigadas rurales. Ese mismo año, según la investigación, Benavent habría creado, sin plantilla, Berceo Mantenimiento y Spartaki Sinergies, empresas pantalla que facturaron por trabajos no realizados a siete adjudicatarias de la corporación provincial. El dinero obtenido acabaría repartido entre los integrantes de la trama de comisiones.

Un USB de 10 horas

El origen de la operación está en el USB con 10 horas de material sensible que el 31 de julio de 2014 entregó a la Fiscalía la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. En aquel tiempo Marcos Benavent vivía obsesionado con su seguridad, lo grababa todo y se sentía perseguido y amenazado. Sus cambios de humor y carácter hacían recelar a sus superiores. Una alarma que se consumó a finales de diciembre de 2014. En plenas fiestas navideñas, Benavent accedió a su despacho en Imelsa, se apropió de un ordenador portátil y un par de discos duros y se esfumó sin dejar huella.

Tras unos meses en paradero desconocido, reapareció el pasado junio para declarar ante el juez. A la salida de los tribunales admitió haber sido "un yonqui del dinero" y se mostró dispuesto a colaborar y "sacar mierda a punta pala". Desde entonces, sus más de 30 horas de confesiones ante la Guardia Civil y la aportación íntegra del material informático ha permitido al juzgado de instrucción número 18 ampliar el horizonte de la investigación más allá de la denuncia inicial de Pérez Garijo.

Aunque la causa sigue bajo secreto de sumario, los distintos movimientos procesales de meses anteriores y los arrestos de este martes arrojan luz sobre la geografía corrupta del PP valenciano. De hecho, esta operación actúa como pieza central del gran puzle que deja entrever el paisaje general. Dos de los detenidos son los vicepresidente de la Diputación Juan José Medina y Máximo Caturla. Este último también fue gerente de Ciegsa, la empresa pública dedicada a la construcción de colegios y desde donde se cavó un agujero de 1.000 millones según la auditoría de la Intervención General hecha pública la semana pasada por el Consell. También ha sido puesto a disposición judicial David Serra, un viejo conocido de los pasillos del TSJ valenciano por su procesamiento en la causa de la Gürtel sobre los presuntos delitos electorales y fiscales del PP valenciano.

De la suma de vasos comunicantes existen grabaciones referidas a Rafael Blasco, en prisión tras el saqueo de los fondos de cooperación. Y una de las firmas investigadas es T-Systems, que recibió 2,3 millones de Imelsa por servicios informáticos. Carlos Pujadas, socio de esta empresa está relacionado, tal y como revela el diario Levante-EMV, con Augusto César Tauroni, también en la cárcel y mano derecha de Rafael Blasco en el esquilmado de fondos solidarios. Y Tauroni, hombre hecho pirueta, compró en B tres avionetas a Avialsa, empresa contratada por Serafín Castellano, exconsejero de Gobernación, a cambio de jugosas mordidas, según la investigación judicial.

Redondeles, cabriolas, saltos mortales entre las instituciones valencianas en tiempos del Partido Popular a los que cabe añadir los 32 millones que, de forma no del todo clara, Rus pagó por implantar césped artificial en polideportivos a Hermanos Doménech y Benigras, firma sin experiencia en el sector y propiedad de Vicente Cuquerella, quien acumula el 37,2% del número 102 de la calle Quart, sede del PP valenciano. O los 38 millones a Inelcol, empresa de Vicente Quilis, íntimo de Rus, para substituir bombillas convencionales por LED, de bajo consumo. Y, finalmente, los 12 millones, con un 100% de sobrecoste, que se pagó por el techado de la plaza de toros de Xàtiva.

“La Jefa” y “La Lavadora”

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Pero donde los nudos gordianos se aprietan con mayor tirantez es entre la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. En las grabaciones en manos del juez existen numerosas menciones a "La Jefa", que es como se conocía a Rita Barberá por su vehemencia en la dirección del consistorio. Algo que trascendió durante la campaña electoral de mayo de 2015 y que acabó por salpicar, hasta convertirla en manchurrón andante, a su principal asesora: María José Alcón (detenida este martes), quien había sido concejal de Cultura, esposa de Vicente Burgos (de la fundación Jaume II el Just y también arrestado) y casada en segundas nupcias con Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.

Según la investigación, Alcón habría cobrado comisiones relacionadas con la Mostra de Valencia entre 2005 y 2006, en la que uno de sus contratistas fue Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces primera edil. Todo por intermediación de Benavent. También se apunta a presuntas mordidas en la rehabilitación de las históricas Torres de Quart, la peatonalización del puente de Serranos y la edificación del centro cultural la Rambleta.

Los registros de este martes en los despachos del PP en el Ayuntamiento acabaron con cuatro concejales confinados en un estancia, con la prohibición de comunicarse con el exterior y con la detención de la asesora María José Pi y de la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García Fuster, persona de extrema confianza de Rita Barberá y conocida dentro del Partido Popular con el apodo de "La Lavadora". Además resultaron imputados Alfonso Novo, presidente y portavoz del PP de Valencia, y Luis Salom, asesor a cargo de la redes sociales de la agrupación local. Ambos están citados a declarar este miércoles en los juzgados. Por su parte, Eva Ortiz, secretaria general del PP valenciano, explicó en rueda de prensa que los detenidos han sido suspendidos de militancia y que Rita Barberá "estaba muy tranquila en su casa".