Las comisiones rogatorias a Reino Unido y EEUU del ‘caso del ático’ siguen sin llegar y acumulan hasta siete meses de retraso

La jueza Isabel Conejo, la titular del Juzgado número 5 de Estepona que investiga la compra del ático de lujo que desde diciembre de 2012 es propiedad del expresidente madrileño Ignacio González, sigue sin obtener toda la información que ha reclamado de Panamá, Estados Unidos y el Reino Unido.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de Andalucía ha confirmado a infoLibre que las ampliaciones de los últimos meses, tras la imputación de Ignacio González, tampoco han sido cumplimentadas, por lo que el retraso continúa en un sumario en el que por ejemplo desde 2013 no se han obtenido los datos reclamados al Reino Unido sobre las cuentas bancarias utilizadas para abonar el ático en 2008.

La jueza investiga si el ático de lujo que el expresidente posee en Estepona desde diciembre de 2012, pero que alquila desde 2008, es en realidad un regalo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, o incluso del empresario Fernando Martín, el dueño de la promotora Martinsa, imputado en Gürtel por el presunto pago de comisiones por una adjudicación en Arganda del Rey (Madrid).

No hay datos

Esta parálisis de las comisiones rogatorias ya ha tenido un efecto directo y muy evidente. El 21 de septiembre de 2015 las autoridades de EEUU anunciaron a las españolas que el banco de este país al que se reclama la información básica para mantener la investigación a Ignacio González rechazó aportar los datos bancarios porque "por el paso del tiempo, ya no se guardan los datos reclamados".

Ni el TSJ andaluz, ni el Ministerio de Justicia, ni la Consejería de Justicia reconocen ser los responsables de los continuos retrasos y errores, como por ejemplo traducciones al inglés que han llegado a tardar más de cinco meses. Por su parte, la jueza Isabel Conejo no ha contestado a las preguntas que le ha dirigido infoLibre sobre su actuación en el caso del ático. La jueza Conejo fue sustituida durante varios meses por una baja maternal, puesto del que se encargó la jueza Mariana Peregrina.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha asegurado ser responsable sólo del pago de las facturas por las traducciones realizadas por intérpretes. "Todo lo demás competería al juzgado o al Ministerio [de Justicia]".

Origen y destino

En el sumario, que se inició tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en 2012, no consta ni el origen ni el destino del dinero abonado por el político madrileño, que está investigado, al igual que su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo.

El análisis de todas las peticiones de auxilio internacional realizadas en este caso, muestra continuos errores en las tramitaciones, pero también importantes retrasos en las traducciones, que llegan a superar los cuatro meses de dilación.

La peor situación de todas la protagoniza el intento de obtener información del Reino Unido. Pese a que la jueza pidió por primera vez la colaboración de las autoridades británicas el 18 de marzo de 2013. a fin de que informara sobre el último beneficiario de las cuentas con las que se abonó en 2008 el ático de lujo, la instructora no ha obtenido una respuesta.

Error evidente

Primero por un evidente error, ya que la comisión rogatoria se reclamó vía Interpol, cuando estas reclamaciones siempre se hacen entre los Gobiernos de los países involucrados, y en concreto entre los ministerios de Justica.

Este error, que ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Ministerio de Justicia, ni la Consejería de Justicia de Andalucía asumen, provocó un vacío en la investigación, que tuvo que reactivar la jueza el 16 de junio de 2014, un año y tres meses después del primer auxilio judicial enviado a las autoridades de Londres.

Además, la colaboración con Londres también ha sufrido otro importante problema, que ha paralizado otros cuatro meses la investigación. Así, el 4 de febrero de 2016, la jueza constató que no se había traducido al inglés la rogatoria reclamada por la jueza el 6 de noviembre de 2015.

infoLibre hace a continuación un análisis pormenorizado de los problemas que han sufrido las comisiones rogatorias:

1. Estados Unidos

El juzgado de Estepona reclamó en septiembre de 2013 el primer auxilio judicial a Estados Unidos para, entre otras cosas, interrogar como testigo al presunto testaferro de la compraventa del ático, Rudy Valner.

Y el 16 de junio de 2014, diez meses después de la primera petición a las autoridades de Washington, la jueza reclama una ampliación de la comisión rogatoria a Estados Unidos en la que de nuevo solicita que se "practique la declaración testifical de Rudy Valner".

En esta segunda petición, la jueza solicita al Estado de Delaware, uno de los que favorece la opacidad fiscal dentro del gigante norteamericano, que le aporte datos de las cuentas utilizadas en las operaciones vinculadas con el dúplex de lujo de la empresa Coast Investors, cuya matriz es Walfort Overseas Investments. También se pedía que se identificara a los beneficiarios de las empresas, que podrían estar detrás de la presunta dádiva recibida por el expresidente madrileño.

El 18  de junio de 2014, dos días después de la petición de la rogatoria de la jueza, la magistrada pide la traducción de los documentos en los que se incluyen las preguntas al testaferro de la comisión rogatoria. Y según el sumario al que ha tenido acceso infoLibre, esta traducción no se recibe en el Ministerio de Justicia hasta el 19 de agosto de 2014, tres meses después.

El 18 de septiembre, un mes más tarde, Estados Unidos recibe la rogatoria, que no es contestada hasta medio año después, en concreto el 19 de febrero de 2015.

La contestación muestra un nuevo error en la documentación. EEUU asegura que en virtud de los datos aportados por España el banco no encontraba las transferencias, por lo que pedía más datos. Es decir, el 19 de febrero de 2015, nueve meses después de la primera petición de auxilio judicial, EEUU pide más información ya que la petición contenía datos erróneos.

¿Y en qué consistía el error? Pues que el Juzgado había enviado mal los números de las cuentas bancarias desde las que se había enviado el dinero para pagar en 2008 el ático de lujo. Y el juzgado no solventa este erros hasta seis meses después, el 15 de julio de 2015, que se recibe un mes después en Washington, en concreto el 21 de agosto del mismo año.

El 21 de septiembre de 2015 EEUU contesta con un nuevo contratiempo: "Desafortunadamente, el US Bank nos ha advertido de que, si bien las cuentas estaban abiertas en el momento de las transferencias, los registros relativos a las mismas ya no existen porque han sido purgados en consonancia a su política de custodia de documentos", relata el Departamento de Justicia de Estados Unidos que calificó el caso como “cerrado”.

Esta documentación no se traduce al español hasta el 4 de febrero de 2015. El hecho de que los datos fueron enviados mal ha posibilitado que el banco no facilite a la jueza la documentación de las transferencias de dinero que se utilizó para comprar el ático de lujo.

Y el 3 de mayo de 2016, la jueza vuelve a acordar una nueva comisión rogatoria a EEUU reclamando toda la información que posea este país sobre la sociedad Walfort Overseas Investments LTD, la matriz de Coast Investors, la que compró el ático. Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado que a día de hoy la ampliación de la rogatoria no había sido recibida.

Dos años y diez meses después, la jueza no ha recibido toda la documentación reclamada ya en septiembre de 2013.

2. Reino Unido

El pasado 6 de noviembre de 2015 la jueza ordenaba la realización de una comisión rogatoria al Reino Unido que, según la propia magistrada, a 4 de febrero de 2016 ni había sido traducida. Un mes después, el 16 de marzo, el auxilio judicial tampoco había sido cumplimentado, mientras que un portavoz del TSJ de Andalucía ha asegurado que a fecha de hoy, pasados siete meses, tampoco se había recibido una respuesta de las autoridades británicas.

De hecho, el Ministerio de Justicia explica que la ampliación "se recibe en el Ministerio el 8 de abril de 2016", que se remitió a este país el 11 de abril: "Seguimos sin respuesta", apunta el portavoz del Ministerio.

Con esta documentación la jueza pretendía recabar nuevos datos del Reino Unido sobre las cuentas bancarias utilizadas en la compra y el pago del alquiler del dúplex de lujo de Estepona.

Pero la realidad es que desde la primera rogatoria, que se pidió a Londres el 18 de marzo de 2013, las autoridades españolas no han recibido ningún dato de interés para el caso del ático del expresidente madrileño.

Ese primer auxilio fue tramitado de forma defectuosa, por lo que fue devuelta en diciembre ya que fue pedida por vía policial y no por el Ministerio de Justicia, tal y como obligan los tratados de cooperación internacional.

El 16 de junio de 2014, 15 meses después, la magistrada reactiva la rogatoria a Londres para que el banco TSB Lloyd's Bank informara sobre el último beneficiario de las cuentas corrientes de Coast lnvestors LLC, titulares o autorizados de la misma, así como de sus movimientos contables de origen o destino a España, "con indicación de las cuentas o destinatarios".

Esta documentación se envía al Reino Unido el 27 de agosto de 2014, y las autoridades británicas contestan cuatro meses después, el 22 de diciembre 2014, reclamando datos tan básicos como los números de las cuentas bancarias que no se habían incluido en el auxilio judicial español.  

Pero, además, el 23 de septiembre de 2015 el Ministerio de Justicia español comunica al juzgado de Estepona que las autoridades británicas ya habían solicitado, hasta en tres ocasiones más, en concreto el 8 de enero de 2015, el 3 de junio de 2015 y el 12 de agosto de 2015, información adicional a la petición de España de 27 de agosto de 2014. En esta comunicación, Londres advertía a la jueza de que si el 31 de octubre de 2015 las autoridades británicas no recibían los datos necesarios, cerrarían el expediente.

La jueza no reacciona a este ultimátum hasta el 6 de noviembre 2015, seis días después de que se cumpliera el plazo previsto por el Reino Unido para la extinción de la comisión rogatoria, fecha en la que la jueza reitera en una providencia la rogatoria mencionada arriba al Reino Unido para informar a las autoridades británicas sobre las cuentas que "recibieron las transferencias internacionales con destino a España”.

3. PANAMÁ

La jueza Isabel Conejo libró el pasado 8 de marzo, mediante una providencia, una nueva comisión a Panamá que no ha sido cumplimentadaPanamá, según confirma a este diario un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La magistrada pretende conocer el nombre de las personas que están detrás de tres empresas, de nombres análogos, que podrían estar vinculadas con el comprador en 2008 del dúplex de lujo que desde un principio alquila el matrimonio González Cavero. Se trata en concreto de las sociedades Walford Overseas SA, Walfort Overseas Investments Ltd y Waldorf Overseas Investments Inc.

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Según el Ministerio, la documentación de la rogatoria reclamada por el Juzgado de Estepona el 8 de marzo no se recibió hasta el 5 de mayo, casi dos meses después. Pero, además, el 25 de mayo llegó al departamento del ministro Rafael Catalá una información complementaria. Este sería el motivo por el que la petición de auxilio a Panamá se envió finalmente el 30 de mayo, casi tres meses después. Las autoridades del país centroamericano no han contestado.

Pero la jueza ya sufrió un importante contratiempo en relación con las autoridades panameñas, que el 13 de agosto de 2014 se negaron a aportar los datos requeridos el 16 de junio del mismo año, justificando este rechazo porque el blanqueo de capitales no es delito en el país americano.

Este es el motivo por el que en la ampliación de la rogatoria de 8 de marzo de 2016, la magistrada incluye entre los delitos por los que se investiga a los imputados el de cohecho, lo que obligaría a Panamá a colaborar con España.