De la cuneta a casa: así es el arduo proceso de una exhumación

Nieves García lleva años buscando a su abuelo Dióscoro Galindo, un maestro republicano asesinado en agosto de 1936 junto a dos banderilleros anarquistas, Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, y a uno de los referentes literarios del siglo XX: el poeta granadino Federico García Lorca. Los cuatro podrían haber sido asesinados por los fascistas entre Víznar y Alfacar en la madrugada del 17 al 18, según las investigaciones realizadas durante décadas en torno a la figura del escritor. Fue la última vez que se les vio con vida. Desde entonces, pasaron a engrosar la trágica lista de desaparecidos en España durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista: casi 115.000, según denuncia Rights International Spain (RIS) tomando como referencia datos de la justicia.

La nieta del profesor desea recuperar, de una vez por todas, los restos de su abuelo que la tierra andaluza se tragó hace ocho décadas. Anhela ser como Ascensión Mendieta, que a sus noventa años pudo dar digna sepultura el pasado mes de enero a Timoteo, su padre. O como los familiares de Teófilo Alcorisa, que consiguieron cerrar definitivamente el pasado mes de abril una herida que llevaba abierta casi setenta largos años. Sin embargo, el proceso que lleva hasta el 'feliz' desenlace es largo y laborioso. Más todavía si se tiene en cuenta que la que pretendía ser una normativa que les facilitase el trabajo ha sido derogada de facto durante la última legislatura: desde el año 2013, las ayudas públicas en esta materia han sido eliminadas por el Ejecutivo del PP.

Suena el teléfono en la calle de las Hortensias, a las afueras de Ponferrada (León). En la sede de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) descuelgan el aparato. Al otro lado de la línea, una mujer cuenta la historia de su abuelo, desaparecido en plena guerra civil. Quiere encontrarlo, su madre ya es mayor y no se ve con fuerzas para hacerlo. "Todo comienza con un correo electrónico, una carta o la llamada de alguna persona con un familiar desaparecido que fue víctima de la dictadura franquista", explica Marco González, que coordina estos trabajos en la ARMH. Una vez atendida la petición, se les remite una ficha con el nombre Informe sobre la desaparición forzada o involuntaria de una persona, en la que se piden una serie de datos del desaparecido: nombre y apellidos, sexo, profesión, fecha de la desaparición y lugar, entre otros. Si tienen una foto, la hoja guarda un recuadro para ella.

"Principalmente vienen a hablar con nosotros nietos, que tienen conocimiento de nuestro trabajo a través de Internet o del boca a boca", explica por su parte Matías Alonso, que encabeza el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH). Según asegura, algunos de estos familiares ya traen de casa "información sobre sus parientes" que han encontrado por su cuenta o que tenían guardada. En esos casos, Alonso detalla que "desde la asociación" tienen "que cerciorarse de que no se han cometido equivocaciones, porque en algunos casos los datos son erróneos". Con todo ello, añadiendo los "testimonios de familiares" y la foto del desaparecido junto a sus datos personales, el GRMH comienza con la investigación en profundidad.

Buceando en los archivos de la época

Páginas amarillentas por el paso de los años encerradas en archivos documentales pasan a ser, a partir de ese momento, el principal instrumento de las asociaciones memorialistas. "Empieza el trabajo de los investigadores e historiadores. Rastrean en archivos militares, de la administración, registros civiles, archivos municipales...", relata Marco González a infoLibre, añadiendo a renglón seguido que "también ayudan" los de carácter privado o aquellos que van apareciendo cada cierto tiempo. Pero lo que más información les aporta en numerosas ocasiones son los registros de "entradas y salidas de las cárceles provinciales". "Es una documentación muy buena para saber quiénes son las personas que pueden estar en fosas muy grandes", añade.

Otra de las patas del trabajo de investigación está sobre el terreno. En los pueblos, con los vecinos. "Los investigadores locales tienen un papel muy importante porque son personas de la zona que tienen confianza con los mayores que vivieron aquellos años", dice el coordinador de exhumaciones de la ARMH. Recogen testimonios, tratan de averiguar quiénes pueden estar en las fosas o cuántos enterramientos de este tipo hay en una determinada localidad. Muchos de estos testimonios están recogidos en investigaciones de la década de los 70 y 80, cuando los descendientes directos estaban vivos. Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está en estos momentos conversando con "la segunda generación", con los nietos de las víctimas.

"Muchas veces cuesta más la recopilación de los datos que la exhumación", afirma Alonso. El coordinador del GRMH asevera, en conversación telefónica con este diario, que en numerosas ocasiones les llegan a señalar el lugar exacto donde podría encontrarse enterrado el desaparecido: "Muchas veces conseguimos el testimonio del propio enterrador o de alguna persona que participase en el enterramiento", explica. Sin embargo, añade a renglón seguido que estos testigos "casi siempre están equivocados": "¡Fíjate cómo traiciona la memoria!", culmina. Con todos estos datos recopilados, la asociación memorialista elabora un expediente del desaparecido. En la actualidad tienen abiertos "cuatro o cinco", según señala Alonso.

Recopilando permisos

Una vez que los expertos ven viable una exhumación, las asociaciones memorialistas se meten por completo en la burocracia y el papeleo. Solicitan los permisos requeridos en función del lugar donde se encuentre la fosa. En muchos casos, el enterramiento está dentro de una finca privada, siendo el propietario del terreno el que tiene la última palabra. "Por suerte en todos estos años, y con más de 220 excavaciones, hemos encontrado oposición en dos o tres casos, que finalmente se han terminado resolviendo", afirma Marco González. El coordinador critica que la Ley de Memoria Histórica deje suelto un cabo tan importante como "la expropiación temporal": "Si nos encontramos con un propietario en rebeldía, no sabemos dónde acudir", añade. Y critican que las diferentes autoridades se pasen la pelota: "Dicen que no tienen competencia", afirma.

Sin embargo, la normativa 52/2007 de memoria histórica recoge, en su artículo 14.3 lo siguiente: "En el caso de terrenos de titularidad privada, los descendientes, o las organizaciones legitimadas de acuerdo con el apartado anterior, deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas podrán autorizar la ocupación temporal, siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización a cargo de los ocupantes". 

Cuando trabajan en cunetas o terrenos públicos, tienen claro que es necesario pedir permiso a la Administración: "Comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso a la subdelegación del Gobierno, que muchas veces no sabe cómo actuar", detallan desde la ARMH. Sin embargo, critican que el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura explique de "forma muy genérica" el tema de los permisos. La asociación asegura que con el tiempo han aprendido que pueden tener que llegar a pedir 11 diferentes: "Si trabajas cerca de un río, a las confederaciones; si lo haces al lado de las vías del tren, a Adif; y si quieres exhumar en un cementerio, además de con el ayuntamiento hay que hablar con el obispado", explican.

Con todos los trámites realizados, sólo queda esperar las diferentes respuestas para empezar a trabajar ya sobre el terreno. "Si se aplica la ley como toca, en pocas semanas podemos haber extraído los restos óseos de las víctimas. Cuando hay predisposición de las autoridades, el último tramo del trabajo no suele durar más de quince días", explica el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Los trabajos de exhumación

"Antes de comenzar a excavar debemos tener la certeza de que en esa zona hay una fosa", detalla Alonso. Tras eso, si algún testigo asegura conocer dónde se enterró al desaparecido se comienza a trabajar en ese punto a través de una serie de catas, es decir, aperturas sobre el terreno. Estos trabajos no remunerados se dejan en manos de un equipo de arqueólogos voluntarios, que los desarrollan siguiendo siempre, tal y como recuerda Alonso, "el protocolo de exhumaciones".

René Pacheco es uno de los arqueólogos de la ARMH que se encargan del proceso. "Cada vez es más complicado encontrar una fosa. Estamos acostumbrados a ver las imágenes de una exhumación, pero lo que no se ve son las muchas veces que se prospecta sin éxito", comienza a relatar a infoLibre. El proceso de prospección se puede realizar de dos maneras, en función del terreno. Si es en un cementerio en el que se pueden dañar otros enterramientos, se utiliza un pico y una pala. Si los trabajos se hacen en campo abierto, lo normal es utilizar una máquina retroexcavadora, que abre zanjas sobre el terreno "de manera controlada para que la fosa se dañe lo menos posible", explica.

Una vez se deja el enterramiento al descubierto, se van individualizando cada uno de los cuerpos. "Esto nos permite sacarlos uno a uno y conocer qué objetos pertenecen a cada una de las víctimas, así como observar fracturas u orificios que nos permitan determinar cuál ha podido ser la causa de la muerte", detalla Pacheco. Los arqueólogos tratan de documentar muy bien el trabajo porque se encuentran ante "el lugar de un crimen", con el objetivo de que en un futuro la justicia, "que a día de hoy no hace nada", pueda investigar estos asesinatos a partir de sus informes. La Ley de Amnistía de 1977, todavía vigente en España, ha impedido que los responsables de estos asesinatos puedan ser juzgados y condenados por los delitos cometidos.

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Los restos óseos, separados en diferentes cajas, son trasladados al laboratorio que la ARMH tiene en la Universidad de León. Se restauran los huesos, se limpian, se catalogan los diferentes objetos encontrados, se redactan los informes... Con todo esto, los antropólogos forenses tratan de extraer la mayor cantidad de información de las víctimas: sexo, edad, altura o las patologías que la víctima pudiera tener en vida. El objetivo final es intentar trazar un perfil aproximado de cada una de ellas. "Pero la antropología no te permite identificar fosas de gran tamaño", aclara Pacheco.

Por ello, en enterramientos de elevadas dimensiones hay que recurrir a la genética. Estas pruebas, con un coste de 600 euros, las venían realizando en laboratorios privados hasta la llegada del PP. Cuando se quedaron sin apoyo económico, la ARMH tuvo la suerte de encontrar al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un grupo de gran prestigio a nivel internacional. "Las víctimas de la guerra civil que exhumamos aquí se están identificando en Argentina", asevera el arqueólogo, que no quiere poner punto y final a la conversación sin antes hacer dos reclamaciones a nivel científico: "La creación de un banco de ADN en España donde los familiares de desaparecidos puedan dejar su rastro y una centralización de los datos que recaben las asociaciones".

Muestras genéticas que Julia, de 78 años y hermana de Nieves García, ya ha dejado en el laboratorio Labgenetics de Madrid para, en caso de que aparecieran restos que pudiesen ser los de su abuelo Dióscoro Galindo, poder cotejarlos. Todo ello con el objetivo de cerrar, en honor a su padre, una herida que lleva décadas sin cicatrizar en su familia. De vivir, como ya lo han hecho los familiares de Timoteo Mendieta o Teófilo Alcorisa, la amarga felicidad de encontrar y dar digna sepultura a una persona que la tierra se tragó hace ahora casi 80 años.