Los 'peros' del PP a las seis condiciones de Ciudadanos

La cúpula del PP tiene previsto dar este miércoles luz verde a su líder, Mariano Rajoy, para negociar las seis condiciones que Ciudadanos plantea para apoyar su investidura como presidente del Gobierno. Pero, en contra de la voluntad del partido naranja, que considera las medidas inmodificables, los conservadores pretenden introducir matices o aclaraciones a la mayor parte de las mismas, ya que entienden que algunas necesitarían de la participación del PSOE para salir adelante y aseguran que otras podrían requerir cambios en la Constitución.

La ejecutiva del PP se reunirá este miércoles, más de una semana después de que Rivera presentase en el Congreso de los Diputados sus seis condiciones para que su partido pase de la abstención al apoyo a Rajoy en la próxima votación de investidura. Ciudadanos planteó limitar a dos legislaturas u ocho años el tiempo que una misma persona puede ocupar la Presidencia del Gobierno, reformar la ley electoral, eliminar los aforamientos de diputados y senadores, expulsar de los cargos públicos a los imputados por corrupción, abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Bárcenas y la supuesta financiación irregular del PP y acabar con los indultos para los condenados por corrupción.

Las declaraciones públicas de los dirigentes conservadores en los últimos días ofrecen pocas dudas sobre que el PP apoyará iniciar una negociación sobre las propuestas. Pero eso no significa que estén exentas de matices, a pesar de que Ciudadanos ha sido tajante al asegurar que éstas son "innegociables" y ha planteado que no piensa sentarse a la mesa para buscar pactos sobre los Presupuestos y el techo de gasto para el próximo año si el PP no suscribe las condiciones punto por punto y fija una fecha para la votación de investidura de Rajoy.

"No caben matices ni retoques en las seis condiciones de Ciudadanos en la lucha contra la corrupción", aseguró este martes Fernando de Páramo, secretario de Comunicación del partido naranja, con quien coincidió José Manuel Villegas, vicesecretario general de la formación, que afirmó que "no habrá negociación" si el PP no asume íntegramente los seis puntos. Pero líderes del PP como su propio vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado; la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy; o el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, ya han advertido durante la semana que, si bien el partido está dispuesto a aceptar los planteamientos de Ciudadanos, también cree que hay "que enriquecerlos y darles más forma y fondo", en palabras de Levy.

Y es que medidas como la limitación de mandatos podrían ser, en opinión de los conservadores, inconstitucionales, y para propuestas como la reforma de la ley electoral el PP ve necesario contar con el apoyo del PSOE. Otras de las inciativas, como las que se refieren a la separación de los imputados por casos de corrupción de sus cargos públicos o a la apertura de una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas, suponen por otra parte un duro trágala para el PP, que ha dejado la puerta abierta a proponer alternativas o matizaciones a las mismas.

La inconstitucionalidad de la limitación de mandatos

Casado aseguró hace unos días que la limitación de mandatos a ocho años "es una norma no escrita que se está respetando", en referencia a las dos legislaturas en las que José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero ocuparon La Moncloa. Pero de ahí a que esa regla se convierta en ley media un trecho, ya que informes preliminares del Gobierno apuntan a que esa norma podría ser contraria a la Constitución, si bien los expertos consultados por infoLibre muestran sus reservas al respecto.

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), asegura que la Carta Magna no se pronuncia en ningún sentido sobre el tiempo que una misma persona puede permanecer en el cargo de presidente del Gobierno, por lo que una norma en este sentido no contravendría a la ley suprema del ordenamiento jurídico español. Con él coincide Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV), que señala que, a su juicio, el único escollo podría ser el artículo 1.3 de la Constitución, que establece que "la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria" y que, según la interpretación de la norma, podría ser violado si se limitasen los mandatos, ya que estas limitaciones son típicas de los sistemas presidencialistas. "Pero a mí me parece una vía muy lejana, y yo no haría esa interpretación", asegura Vírgala.

La propuesta de reforma de la ley electoral tampoco parece sencilla, ya que supondría –en el más sencillo de los casos– la modificación de una ley orgánica como es la de Régimen Electoral General, y eso implica que la nueva norma tendría que ser apoyada por la mayoría absoluta del Congreso. PP y Ciudadanos sólo suman 169 escaños de los 176 necesarios, pero además los conservadores se resisten a modificar una ley de semejante calado sin contar, al menos, con el apoyo del PSOE. Y eso contando con que no se plantee modificar el tamaño de la circunscripción para conseguir que "haya mayor proporcionalidad" –una de las exigencias de Rivera para la nueva norma–, ya que para que los distritos dejen de ser provinciales es necesaria una reforma constitucional y, por ende, una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado para llevarla a cabo.

También es necesaria la reforma constitucional para cumplir otra de las condiciones de Ciudadanos: la eliminación del aforamiento de diputados y senadores, recogido en el artículo 73 de la Carta Magna y que el PP se ha mostrado dispuesto a reducir en el pasado, aunque sin concretar el alcance de sus intenciones. No obstante, según publicó El Mundo, los conservadores quieren garantizar que los parlamentarios sigan siendo juzgados por el Tribunal Supremo por los eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, aunque no así con los relativos a sus actividades privadas.

Los imputados y el caso Bárcenas

La Constitución también podría ser un obstáculo para otra de las condiciones de Rivera: la de impedir que imputados por corrupción se mantengan en sus cargos de parlamentario o miembro del Gobierno. Según los constitucionalistas consultados por este diario, aprobar legalmente este extremo podría ser contrario a la Carta Magna, ya que iría en contra del derecho a la presunción de inocencia, si bien Ciudadanos no ha concretado si su propuesta contempla una modificación legal o únicamente se trataría de un acuerdo político.

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En cualquier caso, dentro del PP genera dudas el momento en el que los altos cargos implicados en escándalos de corrupción deben abandonar su puesto, ya que la figura de la imputación únicamente implica que el juez llama a declarar a un denunciado en presencia de un abogado. Los conservadores son partidarios de retrasar ese momento hasta la apertura de juicio oral contra el implicado.

La comisión de investigación que exige Ciudadanos para que el Congreso indague en la supuesta financiación irregular del PP es otra medida a la que los conservadores quieren añadir matices. Su intención es que, habida cuenta de que no tienen mayoría parlamentaria para bloquear la creación de esta comisión –a la que son favorables PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos–, ésta se dedique a bucear en los casos de corrupción de todos los partidos y no únicamente en los del PP.

De hecho, durante la semana pasada, los conservadores se pronunciaron sobre esta cuestión a tenor de la solicitud que presentó el pasado viernes el PSOE en el Congreso para crear una comisión de investigación sobre "las tramas de corrupción y financiación del PP y su cúpula". Rubén Moreno, uno de los portavoces adjuntos del PP en la Cámara baja, consideró "una vergüenza" y una "frivolidad" la propuesta de los socialistas; la intención del PP es que el órgano sea similar a la comisión permanente "para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales" que se aprobó la pasada legislatura.