España se resiste a erradicar el amianto

España carece de hoja de ruta para la retirada del amianto, un material considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud que fue usado masivamente en la construcción durante cincuenta años a partir de la segunda mitad del siglo pasado. No hay programa de identificación y erradicación. El Gobierno central no ha elaborado –ni en solitario ni en coordinación con las comunidades autónomas– un plan de retirada del amianto, requisito indispensable para cumplir con una resolución del Parlamento europeo de marzo de 2013 que, apoyándose en la unanimidad científica sobre la nocividad del material, reclama su eliminación progresiva de todos los Estados miembros. Los avances en la materia se producen al ralentí y sin un marco global que integre las medidas.

El amianto es un componente del fibrocemento, un material de construcción que en España comercializó la empresa Uralita. Lo componen unas fibras microscópicas que pueden permanecer suspendidas en el aire y representan un riesgo respiratorio, provocando diversas enfermedades, entre ellas cáncer. Es especialmente perjudicial para los niños, por lo que su presencia en colegios causa notable rechazo entre los padres cuando estos son conocedores de la situación. El amianto es especialmente peligroso cuando se manipula, o se rompe o deteriora, o se filtra con el agua. En resumen, cuando sus fibrillas microscópicas pueden entrar en el cuerpo humano más fácilmente, sobre todo introduciéndose en los pulmones por inhalación.

Las organizaciones mundiales del trabajo (OIT) y la salud (OMS) han alertado contra este material en los términos más contundentes. Según un estudio de la Universidad de Granada de 2013, publicado en la revista BMC Cancer, entre 1906 y 2002 se importaron en nuestro país más de dos millones de toneladas de este material cancerígeno, buena parte del cual se instaló en edificios, tuberías y tejados construidos entre las décadas de 1960 y 1990. Según este estudio, seguirá habiendo muertes por mesotelioma pleural provocado por el amianto hasta 2040, ya que las partículas quedan latentes y provocan la enfermedad décadas después de entrar en el organismo.

Prohibido el uso y la comercialización

El uso del amianto está prohibido por ley en España desde 2001, cuando las evidencias de la nocividad del material obligaron a terminar con el chollo de un material práctico y barato que dejaba inmensos beneficios... pero también graves secuelas en el cuerpo humano. Es decir, ya no puede usarse para la construcción. Por ejemplo, las placas de cemento reforzado se hacen con fibras de celulosa. Pero, ¿y el amianto que sigue ahí en tuberías, aislamientos, cubiertas...? ¿Y esos famosos tejados de uralita?

No hay exigencia legal vinculante de quitarlo, aunque está científicamente demostrada su nocividad. Lo que sí hay es una resolución del Parlamento europeo de 2013 que señalaba que el amianto no es sólo un riesgo para los trabajadores en contacto con el mismo y sus familiares, sino "para la población en general".

Prolongado "periodo de latencia"

La resolución cifra entre 20.000 y 30.000 los casos de enfermedades provocadas por el amianto al año. "A causa del prolongadísimo periodo de latencia [del material] y a la falta de conocimientos del personal médico, las víctimas no suelen recibir la asistencia sanitaria adecuada y oportuna", señala el texto, que añade que el material continúa presente "en numerosos buques, trenes, maquinaria, depósitos, túneles, galerías y tuberías de las redes de distribución de agua públicas y privadas y [...] edificios".

Por todo ello, según la resolución, la mejor opción es retirarlo. Para ello pide a los Estados miembros "que avancen en el proceso de eliminación gradual del amianto en el menor plazo posible". También insta a la Comisión Europea a que a su vez recomiende a los Estados que creen "registros públicos" de espacios con amianto. "No se hace nada porque no hay prohibición expresa. Es necesaria una directiva que obligue y fije una retirada en un horizonte temporal concreto", señala Juan Carlos Paúl, presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida), que recuerda que cuando España prohibió el amianto en 2001, ya había una directiva que obligada a su prohibición en 2005.

Reglamento europeo

infoLibre se ha puesto en contacto con ministerios con competencias tocantes al amianto. Industria, Energía y Turismo se remite al cumplimiento del reglamento europeo que prohíbe el amianto y recuerda que "en ningún caso se plantean medidas específicas de retirada del amianto instalado". Industria también destaca que su programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes fomenta la retirada de fibrocementos con contenido de amianto mediante la subvención de una parte del coste de dicha retirada. "Aunque el objetivo es de eficiencia energética, en la práctica fomenta la retirada de este tipo de tejados", señalan desde Industria.

En el ámbito de Sanidad, el exigente Real Decreto 396/2006 establece las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Donde más énfasis institucional se ha puesto es en la protección de los trabajadores. En el seno de la la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, existe un grupo de trabajo sobre el amianto que pretende la colaboración del Gobierno y las comunidades autónomas. La línea de trabajo fundamental es evitar enfermedades de los trabajadores, o tratarlas adecuadamente, o reconocerlas como provocadas por este material. La retirada no es la prioridad.

Elevados costes

Sindicatos como CCOO y UGT han solicitado que el plan estatal –que aún está por llegar– no abarque sólo la retirada, sino también la compensación a las víctimas. Tanto lo uno como lo otro tendría costes difíciles de calcular. Primero habría que identificar y luego retirar en condiciones de seguridad. Sólo en la retirada del amianto de 220 centros educativos hasta 2022, la Junta de Andalucía prevé una inversión de 60 millones de euros.

El Gobierno andaluz aprobó su propia planificación, restringida al ámbito educativo, tras diversas controversias en relación con el amianto en colegios. También tras una escalada de quejas y denuncias, los Gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Baleares realizaron el pasado año estudios para cuantificar los centros educativos con amianto.

La mayoría de comunidades autónomas no lo han hecho. El ingeniero experto en amianto Francisco Puche, habitual denunciante de los peligros de este material, afirma que las autoridades están reaccionando "en función de si hay protestas o no". Puche se muestra convencido de que "las protestas van a ir a más porque los efectos y riesgos del amianto son incontestables". El pasado febrero, el programa televisivo Salvados emitió un reportaje sobre el amianto que ha incrementado la popularidad del problema.

La posible desmesura de los costes de retirada disuade a las autoridades, que pueden ampararse en que la resolución europea no establece una obligación legal. "Lo que más caro sale es no actuar", señala Francisco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción, para quien las comunidades autónomas "tendrán que hacer su parte, porque los residuos son su competencia", pero es el Gobierno central el responsable de la planificación general del desamiantado. El ingeniero y ecologista Francisco Puche defiende la aplicación del principio "quien contamina, paga", de forma que carguen con el coste de la retirada las empresas, si bien esto podría conllevar dificultades legales.

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La vida útil: de 30 a 50 años

La orden de 2001 que prohíbe el uso y comercialización de amianto no establece una obligación de la retirada de este material allí donde ya está presente. Ahora bien, señala que el amianto queda "permitido" hasta "el fin de su vida útil". Es decir, hasta que por su deterioro suponga un peligro mayor. ¿Cuándo concluye la vida útil del amianto? Dependiendo del producto en el que esté integrado, entre 30 y 50 años, según los expertos. Para conocer cuánto amianto ha terminado su vida útil también resulta imprescindible un estudio general.

Tomando como referencia el plan nacional de desamiantado de Polonia, la resolución europea de 2013 daba 15 años a los países miembros para la completa erradicación del amianto. En España, más de tres años después, no hay plan para empezar. En septiembre del año pasado once eurodiputados, entre ellos Sergio Gutiérrez (PSOE) y Paloma López (IU), firmaron y enviaron al Consejo y a la Comisión Europea una declaración defendiendo la inclusión de la lucha contra el amianto en la estrategia de salud y seguridad comunitaria, así como la creación y financiación de un programa que elimine este material de los edificios públicos y privados dentro de la Unión Europea.