Caso Gürtel
El PP pide anular el ‘caso Gürtel’
El PP, que se sienta en el banquillo del juicio por la primera época de la trama Gürtel(1999-2005) como partícipe a título lucrativo, se adhirió este miércoles a todas las cuestiones previas presentadas por el resto de acusados, solicitando así la nulidad completa del procedimiento alegando a que el origen de esta causa es "ilegal".
Así lo expuso el abogado de la formación Jesús Santos durante su turno de exposición de cuestiones previas al juicio. Entre las peticiones realizadas por los 37 acusados en el banquillo figuran la nulidad de las grabaciones aportadas por el denunciantes del caso José Luis Peñas y las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción.
Santos subrayó que el inicio de la causa –que calificó como "acto generador"– era "ilegal" e "ilícito", en alusión a las grabaciones aportadas por Peñas. Asimismo, lamentó que no se haya podido "expulsar" de la causa el "conocimiento, la información" de las escuchas de las conversaciones de algunos de los acusados en prisión, autorizadas por Garzón, y que tachó de "ilegales, ilícitas y delictivas".
En este sentido, instó al tribunal a que estudie "de qué manera ha podido afectar en el devenir" y el "reflejo contaminante" que pudo tener en los posteriores actos de investigación esta decisión del exjuez que provocó su salida de la carrera judicial por prevaricación.
Así, la defensa del PP dijo que se adhiere a las cuestiones previas planteadas por otros acusados –algunas "innovadoras", añadió– por la posible inculcación de derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución que establece que todas las personas tienen derecho a un proceso judicial con todas las garantías o a la tutela judicial efectiva.
El PP tiene una condición "equívoca e inadecuada"
Por otra parte, el representante del PP destacó que la formación tiene una condición "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, ya que el partido no tuvo "participación alguna" en los hechos.
Santos aseguró que desconoce "con precisión y con la concreción necesaria" qué hechos precisos acreditan que se considere al PP como "beneficiario" y le reporte la condición de responsable civil.
De hecho, aseguró que no tuvo "participación alguna" en los delitos que se le imputan y remarcó que sigue sin conocer a día de hoy "ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con empresas de Francisco Correa.
"No debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales", señaló, aludiendo a los responsables del PP en los ayuntamientos anteriormente mencionados.
Servicios que no han podido concretarse
El abogado defensor de la formación política apostilló que sólo hay apuntes que indican que se prestaron unos servicios al Ayuntamiento de Majadahonda, que por entonces dirigía Guillermo Ortega, desde el 2001 hasta el 2003 en el que no se sabe "cuáles, ni en qué fecha se realizaron".
En cuanto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, dijo que lo inconcreto de la acusación del Ministerio Público "alcanza la máxima expresión" pues se utilizan expresiones "impropias" de un relato de hechos y se dice que sufragaron al partido con 120.000 euros de "origen desconocido", a través de servicios para las elecciones municipales de 2003 que "no han podido concretarse".
Por todo ello, alegando la plena indefensión efectiva, solicitó que el partido sea "expulsado" de este procedimiento ya que la atribución de los hechos en el escrito de acusación es "inexacta o imprecisa o inconcreta".
Como partícipe a título lucrativo, la Fiscalía reclama al PP 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.
Ana Mato no presenta cuestiones previas
Por su parte, la defensa de la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, también considerada partícipe a título lucrativo, no presentó cuestiones previas.
Sin embargo, sí se sumó a la petición de ausentarse de las jornadas del juicio, acogiéndose a su derecho a no estar presente en esta vista debido a su condición distinta a la de acusada, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía le reclama 28.467, 53 euros con los que la trama financió fiestas familiares como cumpleaños y comuniones.
