Qué pacto educativo es necesario: de paliar los efectos de los recortes a mejorar la formación del profesorado

El profundo malestar de gran parte de la comunidad educativa por la política seguida por el Partido Popular en este ámbito, los recortes económicos, altas tasas de fracaso escolar o los pobres resultados en las clasificaciones internacionales han revalorizado la necesidad de un gran pacto político por la educación. No parece que vaya a ser fácil, pero los expertos consultados por infoLibre coinciden en que este es un acuerdo necesario en la apuesta por frenar el abandono escolar y mejorar la calidad. 

El pacto no será la panacea, pero las fuentes consultadas creen que, para que sea útil, se deberían debatir cuestiones clave como la financiación, la formación del profesorado y su reconocimiento como elemento clave para mejorar el sistema, las evaluaciones externas, la necesidad de fomentar el sentido educativo de la etapa de infantil... Aunque son temas que, tradicionalmente, han generado conflicto y en los que las posibilidades de acuerdo son escasas, los analistas consideran que también es necesario abordar temas como el papel de la religión en las aulas, el régimen de financiación de la escuela concertada o la vertebración del sistema en el Estado de las autonomías y la política lingüística. 

La financiación será, sin duda, un tema clave. Es importante destacar que el pacto se va a intentar erigir sobre un sistema fuertemente mermado económicamente. Los recortes de los últimos seis años han hecho perder al sistema educativo 7.300 millones de euros de inversión y hasta 33.000 profesionales. El informe Panorama de la Educación 2016: Indicadores de la OCDE [PDF en inglés, aquí] alertó de que el gasto educativo español está por debajo de la media de los 35 países más industrializados. 

La perspectiva de futuro no es mucho mejor. Los últimos datos del Ministerio de Educación [ver en PDF], correspondientes a 2014, indican que las distintas Administraciones destinaron ese año un 4,31% del conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) a educación. Los expertos coinciden en que un primer paso para demostrar que hay una voluntad real de mejorar el sistema sería constitucionalizar la inversión en educación. 

En su programa electoral para el 26J, el PP se limitaba a prometer que garantizaría "un ritmo de crecimiento estable" del gasto dedicado a educación. Los expertos, por su parte, proponen aumentar la inversión en educación al 7% del PIB durante los próximos 10 años para recuperar el atraso sistémico existente. Un objetivo que puede parecer ambicioso teniendo en cuenta el recorte de 5.500 millones que exige Bruselas en los presupuestos del año que viene. 

"Es cierto que no se puede reforzar nada sin dinero. Venimos de años de recortes muy fuertes en los que se ha optado por invertir el dinero en determinadas partidas que interesaban a quien tenía el poder en ese momento. Se está eligiendo qué sistema prefieres cuando, en lugar e invertir en programas de apoyo a alumnos con dificultades, lo haces en poner en marcha reválidas", señala Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga y miembro del grupo de pedagogos críticos Foro de Sevilla. 

Otro de los principales debates es el de la formación del profesorado. "En general hay bastante acuerdo sobre que la manera en la que se prepara a los docentes en el inicio de su carrera profesional es insuficiente. La culpa no es de los profesores, sino del marco institucional. Habría que ir hacia una formación más práctica, compartida entre las facultades, los docentes que trabajan en el terreno, los especialistas, los centros de formación y las escuelas. No hay aprendizaje si no hay práctica", señala Lucas Gortázar, coordinador de Ciclo de Educación de Politikon.

Florencio Luengo, pedagogo y coordinador de proyecto de innovación Atlántida, considera que es necesaria una nueva visión del desarrollo profesional docente que contemple la colaboración entre las distintas instituciones de formación del profesorado, especialmente, los centros educativos, así como una revisión profunda de los mecanismos de acceso, formación, selección y promoción profesional. "No es posible lograr una mejora sostenida y sostenible de la educación, si en las condiciones de escolarización no se contempla un desarrollo adecuado de la profesionalidad docente", asevera.

En este punto, una de las propuestas que está encima de la mesa es poner en marcha una especie de MIR para seleccionar a los docentes de la enseñanza pública. Es decir, adaptar el sistema que desde hace décadas lleva funcionando en España para que los médicos se habiliten como tales y que incluye un período de especialización en centros sanitarios que deben superar para aspirar a una plaza pública. Tanto el PSOE como Ciudadanos llevaban esta propuesta en sus últimos programas electorales. 

Otro aspecto que genera un cierto consenso es la necesidad de fomentar el sentido educativo de la etapa de infantil y aumentar su relevancia en el conjunto del proceso formativo. Aquí los expertos inciden especialmente en la pertinencia de ampliar a los niños de dos años la educación infantil. Otro tema que está encima de la mesa es la posibilidad de ampliar la edad educativa hasta los 18 años, aunque manteniendo la obligatoriedad sólo hasta los 16. 

Por otro lado, Carmen Rodríguez considera que un buen pacto educativo debería incorporar también elementos de flexibilidad en relación a los currículos y a la actividad en los centros. El Foro de Sevilla –colectivo del que forma parte– viene defendiendo la necesidad de un currículo que potencie la autonomía territorial, de los centros y del profesorado. 

Gortázar coincide en la demanda de más flexibilidad. "El exceso de regulación, en educación, no va de la mano del progreso para todos. Lo que se necesita es poner en marcha mecanismos que permitan el diálogo efectivo entre las diferentes administraciones para dar apoyo a cada realidad educativa con datos, con información de primera mano desde el terreno...", explica.

"La nueva ordenación del sistema educativo debe incorporar la posibilidad de que los centros educativos y por tanto la comunidad educativa, puedan participar tanto en el diseño como en el desarrollo del currículo", añade Luengo. A este respecto, la propuesta de Atlántida pasa por reservar a los propios centros educativos la posibilidad de regular el 10% del tiempo escolar. 

Otro aspecto que, sin duda, estará en el debate de este pacto son las evaluaciones externas. Precisamente en el debate de investidura Rajoy anunció la renuncia al carácter académico de las reválidas de ESO y Bachillerato (es decir, que no sea necesario aprobarlas para seguir estudiando) hasta que haya un pacto educativo. El día anterior había tenido lugar una huelga de estudiantes y familias contra estas reválidas.

La clave, en este punto, puede estar en cómo encaren los partidos esta parte de la negociación. Hasta la fecha, la postura del PSOE ha sido defender las evaluaciones de diagnóstico con el objetivo de mejorar la información, pero no las competitivas. Una postura que incluso podría acabar convenciendo a Podemos e IU, más aun si se ampliaran esas evaluaciones a otro tipo de competencias más allá de las actuales Lengua, Matemáticas y Ciencias. Sin embargo, aceptar ese postulado, supondría al PP enmendar uno de los aspectos claves de su propia ley.

En este sentido, Gortázar defiende que las evaluaciones externas pueden ser positivas si realmente se utilizan para entender qué está pasando y hacer los cambios oportunos sin que tengan una lógica de penalización y sanción. A su juicio, lo lógico sería que las evaluaciones se hiciera a mitad de los ciclos, no al final –como prevé la LOMCE– precisamente para poder hacer esas modificaciones en lo que no está funcionando bien. 

Aspectos más conflictivos 

Aunque son temas que, tradicionalmente, han generado conflicto y en los que las posibilidades de acuerdo son pequeñas, los pedagogos y analistas consultados creen que será útil abordar cuestiones como el papel de la religión en las aulas, el régimen de financiación de la escuela concertada o la vertebración del sistema en el Estado de las autonomías y la política lingüística.

Lo cierto es que la pugna entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos– ha sido otro de los puntos de conflicto tradicionales. Y eso a pesar de que fueron los socialistas los que, a través de la LODE (Ley Reguladora del Derecho a la Educación) aprobada en 1985 por el ministro José María Maravall, formalizaron el sistema de la escuela concertada para universalizar la educación básica. Sus ideólogos sostienen que la escuela privada sostenida con fondos públicos fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así prestar el mismo servicio a la sociedad.

Sin embargo, la concertada ha sido utilizada por algunas comunidades autónomas para hacer negocio al tiempo que se erigía un verdadero cambio de modelo que apuntaba a la disminución de la preeminencia de la escuela pública. Recientemente, parte de las investigaciones abiertas en Madrid y la Comunidad Valenciana sobre las tramas de corrupción Púnica y Taula, en las que están implicadas personas vinculadas al PP en ambas comunidades, tienen un nexo en común: la construcción de colegios concertados como forma de hacer negocios privados a costa del erario público.

Más allá de estas prácticas corruptas que, en algunas ocasiones, son incluso ajenas a los propios centros, sí existe un consenso entre los expertos consultados sobre que este pacto debería incluir, como primer paso, que se garantice el cumplimiento de lo que la ley establece respecto a la escuela concertada. Es decir, la eliminación de las cuotas y de otros criterios discrecionales que permitan segregar al alumnado, con el objetivo de que no sea la escuela de la clase media-alta, sino una opción más dentro del sistema.

Otra cuestión a tratar es el papel de la religión en las aulas. En el intento de pacto del entonces ministro Ángel Gabilondo, una histórica diferencia ideológica entre el PP y el PSOE como es el laicismo quedó fuera de la negociación, lo que provocó la indignación de los sectores laicistas, que reclamaron que se saldara una deuda histórica y se sacara esta materia de las aulas. La derecha, espoleada por la Conferencia Episcopal, aboga por el mantenimiento del poder de la Iglesia católica en las aulas.

El PSOE suele defender lo contrario cuando está en campaña electoral pero nunca ha tocado este asunto cuando ha gobernado. Y eso que lo ha hecho durante 22 de los 38 años de democracia. En sus últimos programas electorales se ha comprometido a sacar del currículum y del horario escolar las enseñanzas confesionales. Podemos, Ciudadanos e IU también comparten la idea de que la asignatura sea sustituida por otra de carácter histórico. 

El PSOE se levanta de la mesa de negociación del pacto educativo

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A este respecto, el documento Papeles para un pacto educativo [ver en PDF], uno de cuyos autores es el filósofo José Antonio Marina, aboga por la inclusión de alguna asignatura en la que se estudie la experiencia religiosa y su importancia en la historia de la humanidad. Para atender las peticiones de los padres propone que el último curso de la ESO la asignatura Historia de la Cultura se dedique a una religión determinada, de las que tienen firmados convenios con el Estado español. Y deja abierta la puerta a que los centros pudieran incluir dentro de sus proyectos educativos, a demanda de los padres, unas enseñanzas confesionales que serían voluntarias y no evaluables. Es decir, no aboga por sacar totalmente la materia confesional de las escuelas. 

Según los expertos consultados, otro tema relevante es la vertebración del sistema educativo en el Estado de las autonomías y la política lingüística. Las versiones también son muy contrapuestas en este punto. Mientras el PP entiende que los currículos (el contenido de lo que se estudia en las aulas) tienen que ser parecidos en todas las comunidades, los partidos nacionalistas defienden que las comunidades tienen que tener más margen para completar el tiempo escolar. Precisamente la LOMCE elevó el porcentaje que decide el Gobierno central sobre lo que se enseña en las aulas. 

Además, los conservadores consideran que se tiene que garantizar la enseñanza en castellano en todo el país, lo que colisiona con el modelo de inmersión lingüística en catalán.