La acusación popular pide al tribunal que llame a declarar a Rajoy como a todos los que fueron 'número 2' del PP

La asociación de abogados Adade, la más activa de las acusaciones populares en el primero de los juicios sobre la trama Gürtel encomendados a la Audiencia Nacional, ha colocado al tribunal ante un dilema cuya solución se conocerá previsiblemente este martes. Salvo nueva demora –poco probable pero no imposible–, los magistrados Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego se pronunciarán en la sesión de hoy sobre la petición de Adade para que incluya en la lista de testigos a Mariano Rajoy como ya ha hecho con los otros tres dirigentes que, antes o después que el hoy presidente del Gobierno, ocuparon el cargo de secretario general del PP durante el periodo investigado (1999-2005): Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes. Aunque el tribunal ha instado a todas las partes presentes en la causa a pronunciarse sobre la petición, Adade no había recibido este lunes notificación de ningún escrito. Hoy, y una vez que el abogado de Adade, José Mariano Benítez de Lugo, defienda su solicitud en la sala con un alegato donde el Convenio Europeo contra la Corrupción se perfila como pieza clave, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PP deberán pronunciarse.

En la estructura orgánica del PP, el secretario general es el número 2 del partido. Y el que, en la práctica, lleva las riendas de la organización, que en este juicio ostenta la incómoda condición de partícipe a título lucrativo. Es decir, la de beneficiario económico de los manejos de la trama Gürtel. Y esa razón, sostiene Adade, resulta esencial para que Rajoy deje de ser la única excepción a la norma aplicada por el tribunal, el "Gran Ausente" del proceso. El jefe del Ejecutivo debe explicar –es el argumento central de Adade, siglas de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa– qué sabía sobre las ventajas económicas que, supuestamente, le reportó el grupo de Francisco Correa. El abogado que representa al PP en la causa sostuvo al inicio de la vista que el beneficio económico –245.000 euros, según la Fiscalía– no tuvo como destinatario al partido como tal sino, en todo caso, para las agrupaciones madrileñas de Pozuelo y Majadahonda, cuyos exalcaldes, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, son dos de los más conspicuos procesados. Adade pretende que Rajoy “confirme o desmienta ese traslado de responsabilidades” o si, “como es más que probable, funcionaba la cadena de mando”. Y, también, que desvele "qué cosas ciertas como dijo ante los medios existen respecto de los hechos investigados".

El tribunal, opina Adade, ha de hacer caso omiso del hecho de que Rajoy sea ahora presidente del Gobierno. Debe llamarlo –enfatiza– por su trayectoria orgánica, no por la institucional.  Y dispara un ejemplo a modo de dardo: "¿No sería extraño que se citase a todo el consejo de administración (como se ha hecho con los máximos cargos del PP) pero no a su vértice, el presidente ejecutivo de la entidad desde casi tiempo inmemoriable?".

Contratos amañados y comisiones ilegales

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En el escrito donde reclama su citación, Adade recuerda que con anterioridad a su nombramiento como secretario general del PP –puesto que desempeñó entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, cuando ascendió a la presidencia del partido– Rajoy ya había ocupado otros cargos que lo situaban en la sala de máquinas, especialmente, el de coordinador de campañas electorales: las de las autonómicas y municipales de 1995, la que en 1996 catapultó a José María Aznar a la Moncloa y la que en 2000 le deparó mayoría absoluta. Y todos esos años pertenecen a la etapa en que, según las declaraciones prestadas en el juicio tanto por Francisco Correa como por el empresario Alfonso García Pozuelo, el amaño de contratos se traducía en comisiones ilegales. Antiguo propietario de Constructora Hispánica, García Pozuelo lanzó en octubre una misteriosa confesión cuando dijo que el dinero que pagaba era para "organismos centrales". Adade interpreta que se refería a la ejecutiva del PP. 

Para convencer al tribunal de que, lejos de mantener a Rajoy en una "urna de cristal", debe "cruzar esa aparente línea roja" o ese "cierto temor reverencial" que, según Adade, ha librado hasta ahora a Rajoy de prestar testimonio, su abogado, José Mariano Benítez de Lugo, planea invocar este martes en su alegato ante la sala el Convenio Europeo contra la Corrupción. Suscrito en 1999 y validado por España en 2010, ese acuerdo vino a consagrar lo que el Código Penal conceptúa como partícipe a título lucrativo. Su artículo 18 estipula que cada país  firmante "adoptará las medidas necesarias para garantizar que se pueda hacer responsable a una persona jurídica cuando la falta de vigilancia o de control por parte de una de las personas físicas [directivas] haya hecho posible la comisión, por parte de una persona física sometida a su autoridad" de los delitos de corrupción "en beneficio de dicha persona jurídica". El texto europeo pone así el acento en el vínculo irrompible que hay entre la falta de vigilancia por parte de dirigentes o directivos de una "persona jurídica" –y los partidos políticos, como las empresas, lo son– y el beneficio espurio que las prácticas corruptas aseguren a esa "persona jurídica".

Atendiendo a lo sucedido con Cascos, Arenas, Acebes y otros exdirigentes como Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, que declararán entre el 19 y el 20 de junio, los observadores del caso creen que el tribunal se encuentra dividido respecto a Rajoy: De Prada y De Diego, que en el verano de 2016 atendieron la petición del extesorero del PP Luis Bárcenas para citar como testigos a Cascos, Arenas y Acebes además de a otros exdirigentes como Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato –ambos, exvicesecretarios generales–, serían partidarios de llamar a Rajoy. Y el presidente del tribunal, Ángel Hurtad0, que entonces se opuso a la citación con un voto particular, se opondría a ello de manera tajante.