La 'Operación Lezo' dispara el malestar entre los fiscales por el deterioro en Anticorrupción desde el nombramiento de Moix

El 25 de noviembre pasado el Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Mariano Rajoy nombró al hasta entonces magistrado del Tribunal Supremo José Manuel MazaJosé Manuel Maza fiscal general del Estado. Y desde entonces el Ministerio Público ha entrado en una espiral de polémicas que han puesto en duda el papel de una institución clave a la que el Ejecutivo del PP pretende responsabilizar además de la instrucción de las investigaciones, desplazando a los jueces.

Con el nombramiento del magistrado conservador, su antecesora, Consuelo Madrigal, también conservadora, perdía de forma definitiva la batalla de los nombramientos de los puestos clave de la Fiscalía en el Estado. La sucesora de Eduardo Torres Dulce, que dimitió en diciembre de 2014, había chocado de forma directa con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la elección de los futuros responsables de la Fiscalía Anticorrupción y de la fiscalía de la Audiencia Nacional.

Mientras Madrigal apostaba por Alejandro Luzón, el fiscal que ha logrado la condena de Rodrigo Rato y Miguel Blesa por las tarjetas black, el ministro puso sobre la mesa el nombre de Manuel Moix, que no pertenecía a la Fiscalía Anticorrupción que ha acabado dirigiendo. En la Audiencia Nacional también había discrepancias. Madrigal apostaba por la permanencia de Javier Zaragoza, un nombre que al ministro no le convencía, por lo que al final se optó por Jesús Alonso, el número dos de Zaragoza.

El malestar en la carrera fiscal sobre los nombramientos se muestra en un hecho excepcional: los dos fiscales natos del Consejo Fiscal, que son el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena, y que de forma general apoyan las decisiones del fiscal general del Estado, se opusieron en esta ocasión a los deseos de elegir a Moix.

Rechazo interno

Tanto Navajas, considerado el número uno de la carrera puesto que el actual fiscal general no procede de la misma sino de la magistratura, como Cartagena no sólo votaron por la continuidad de Zaragoza en la Audiencia Nacional sino que también rechazaron el relevo del ex fiscal superior de la Región de Murcia Manuel López Bernal, que había comunicado al anterior fiscal de Anticorrupción, Antonio Salinas, que su departamento había sido objeto de varios ataques, como por ejemplo robos de ordenadores y entradas en sus viviendas.

Ahora, gracias a la Operación Lezo, se ha conocido además que el verano pasado la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana incluida en el sumario de la operación. Según la transcripción de la grabación, González se refiere al nombramiento de Moix como una buena noticia, ya que es una persona próxima al PP y asegura que les iría mejor si era el elegido, según fuentes conocedoras de la charla recogidas por la Cadena Ser.

¿Conocía Ignacio González la intención del Gobierno del PP de nombrar a Moix como máximo responsable de la lucha contra la corrupción? Distintas fuentes de la Fiscalía llaman la atención sobre la cronología de los hechos, y sobre la relevancia de que en verano de 2016 González ya barajara el nombre de MoixMoix antes incluso de que fuera nombrado José Manuel Maza.

En febrero pasado, el fiscal general del Estado acabó designando a Moix, tal y como había barajado González. En vísperas del nombramiento, integrantes de la Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza de que circulaba un insistente rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión por escrito, algo que ha irritado a amplios sectores de la carrera fiscal que expresan su alarma ante el probable deterioro de la credibilidad de esta institución judicial. 

Destitución del fiscal de Murcia

Estos nombramientos, y la destitución del hasta ese momento fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, alma mater de la acusación contra el ya expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, se unieron al primer gran episodio conflictivo, y que ha marcado de forma clara y directa la actuación del fiscal general del Estado: la decisión de que la Fiscalía Anticorrrupción no acusara al mencionado Pedro Antonio Sánchez en el otro caso de corrupción que tiene abierto, que es la pieza separada murciana de la trama Púnica.

Esta orden de Maza chocó de manera frontal con las conclusiones de las fiscales que, durante más de dos años, habían estado investigando el caso: Carmen García y Teresa Gálvez. Estas dos funcionarias involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero Maza ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez pero no por las dos fiscales mencionadas, que fueron desautorizadas.

En la polémica irrumpió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en una entrevista en la Cadena Ser en la que se le preguntó por el motivo por el que el expresidente murciano había tenido acceso a información confidencial sobre la decisión de Anticorrupción de no acusarle, cargó contra las fiscales. El ministro de Justicia consideró "anómalo" que las fiscales del caso Púnica se hubieran negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pedía que no se investigara a Sánchez: "Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criteriofiscales", apostilló Catalá en la entrevista radiofónica. 

Aforado en Murcia

Pedro Antonio Sánchez, como diputado del PP en la Asamblea Regional murciana, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad (TSJM). Por eso el juez que instruye en la Audiencia Nacional la rama murciana de la Púnica, Eloy Velasco, no puede acusar de forma directa a Pedro Antonio Sánchez.

Y eso le obligó a elevar una exposición razonada dirigida al TSJ murciano, cuyo ponente es el magistrado Julián Pérez-Templado, que es el instructor del también denominado caso Auditorio, y que recientemente fue fotografiado a la salida de una comida con uno de los principales imputadosfotografiado a la salida de una comida de la Púnica murciana, el exdiputado y exconsejero Juan Carlos Ruiz.

Sin embargo, la polémica sobre los casos de Murcia no acaba. Según ha adelantado infoLibre, Moix ha decidido marginar al fiscal delegado de Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, que no se encargará de la acusación en la pieza de la Púnica que analizan los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM).

 

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Los planes de Moix en Murcia se conocen justo un día después de que Maza confirmara el relevo de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, encargados del caso del 3% de Cataluña, por los delegados de Anticorrupción en Cataluña Teresa Duarto y Fernando Maldonado por "razones operativas y prácticas".

Una nota oficial de la Fiscalía General explicaba que la sustitución correspondería a la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de que los fiscales delegados asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid. Una estrategia que no se mantiene con los citados planes de Moix en Murcia sobreel delegado de Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, al que apartará de la acusación contra Pedro Antonio Sánchez.

La complejidad del caso del 3% y el momento elegido para el cambio de fiscales, poco antes de que previsiblemente volvieran a reclamar la imputación del exconsejero de Justicia Germà Gordó, parece quitar la razón a Maza, que encarga las pesquisas a los fiscales delegados, obligados a comenzar desde cero, lo que sin duda supondrá un parón en el caso.

Enfrentamiento en Anticorrupción

Pero en medio de este panorama de descomposición, la Operación Lezo ha supuesto, de forma clara, el principal revés de Maza y de Manuel Moix en estos cinco meses de polémicas. Este último, con el apoyo de su jefe, se opuso a que la Guardia Civil registrara las dependencias del Canal de Isabel II donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial que centra la investigación de la trama liderada por Ignacio González, y cuya sede se localiza en Colombia.

Según fuentes de la investigación, Moix se opuso a ese registro al considerar que esta operación debería ser tratada como un caso de corrupción diferenciado a la Operación Lezo. Esta decisión habría significado que la compra ruinosa de esta empresa brasileña Emissão Engenharia e Construção habría sido investigada por un juez distinto, pero sobre todo por otros fiscales. 

El rechazo de Moix a autorizar el registro provocó una reacción en bloque de los fiscales de Anticorrupción, que en una actuación sin precedentes invocaron al artículo 27 del Estatuto fiscal para convocar una reunión en la que todos los fiscales del departamento lograron que el fiscal jefe diera marcha atrás a su intento de trocear la causa.

 

Manuel Moix junto a Esperanza Aguirre en una imagen tomada en 2008.

Fuentes fiscales no entienden el empeño de Moix en diferenciar la compra de esta firma brasileña del resto de la instrucción, ya que la acumulación de todas ellas había recibido previamente el apoyo expreso de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Además, las citadas fuentes llegan a calificar esta rebelión como "un hecho excepcional y de extrema gravedad"rebelión, según explican a infoLibre, pues argumentan que los funcionarios pusieron entre la espada y la pared a Moix. Fuentes jurídicas llegan incluso a asegurar que si Moix se hubiera empeñado en impedir el registro podría haberse enfrentado a una acusación de prevaricación. 

Maza, que durante su comparecencia en el Congreso expresó la necesidad de que el Ministerio Fiscal preste especial atención a la lucha contra la corrupción, ha logrado en cinco meses soliviantar al departamento más implicado en esa tarea, la Fiscalía Anticorrupción, e incluso a ser acusado internamente de querer tapar la corrupción del PP. Según ha podido saber este periódico, desde la Fiscalía General se intenta a toda costa averiguar de dónde salió la "filtración" acerca de la reunión forzada por la invocación del artículo 27 del Estatuto.

Ante este evidente malestar, sobre todo de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, Maza ha convocado a todos los fiscales de este departamento para una reunión que previsiblemente se celebrará este lunes por la mañana en la sede central de este departamento.