Precariedad, desarraigo y doble discriminación: por qué la violencia machista se ceba con la población extranjera

La violencia sobre las mujeres no deja de sumar vidas arrebatadas. Con el nuevo caso de Barcelona, sucedido este jueves, ya son 27 los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año y 951 desde que se inició el recuento, en el año 2003. Una revisión del origen de víctimas y agresores revela que aproximadamente un 70% de quienes cometen y sufren la violencia son españoles. Sin embargo, si atendemos a la proporción entre población española y extranjera, la incidencia es entre tres y cinco veces mayor en las personas nacidas fuera del país, tanto en lo que atañe a víctimas como a maltratadores.

A lo largo de 2018, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha contabilizado once presuntos asesinos extranjeros de un total de 27 (es decir, el 40,7%), mientras que las víctimas foráneas fueron nueve (33,3%). Aunque en cifras absolutas la mayoría de los crímenes tienen como víctima y verdugo a personas de nacionalidad española, en términos relativos la incidencia es mucho más alta entre los extranjeros, que representan poco más del 10% de la población total en España. Con los datos del año actual, cinco hombres por cada millón de varones extranjeros fueron detenidos por matar a su pareja y cuatro mujeres por cada millón nacidas en el extranjero son víctimas de violencia de género. Los números en cuanto a la población española son mucho menores: la cantidad de asesinos por cada millón de hombres españoles se queda en 0,7 y el número de víctimas por cada millón de mujeres se sitúa en 0,8.

El panorama de 2017 no dista del ejemplo actual. De un total de 51 feminicidios, 17 los cometieron hombres extranjeros (33,3%) y 18 de las víctimas no habían nacido en España (35,2%). De nuevo la situación muestra dimensiones distintas teniendo en cuenta la población de aquel año. Entonces, eran agresores extranjeros siete hombres por cada millón y otras siete mujeres eran víctimas. Las cifras respecto a los españoles eran, por el contrario, de un agresor y una víctima por cada millón de españoles.

El récord se alcanzó en 2007. Con una población de 2,3 millones de extranjeros varones y 27 agresores nacidos fuera de suelo español, la proporción descubre algo más de once agresores machistas por cada millón. En el caso de las mujeres, el peor dato se repartió entre 2007 y 2008: en ambos años trece mujeres extranjeras por cada millón fueron víctimas mortales de violencia de género.

En los últimos años, desde el inicio del recuento en 2003, la violencia de género en la población de origen extranjero ha sido de media casi cuatro (3,7) veces mayor respecto a la española, en lo referido a agresores, y más de cuatro (4,4) veces superior en cuanto a las víctimas.

Pobreza, precariedad y desempleo

Precisamente en este dato reparaba en el año 2007 la entonces presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género, Montserrat Comas, quien ya advertía que la proporción de feminicidas era de un español por cada cinco extranjeros. "Hay mucho machismo en España, pero además hay otras culturas que ahora también conviven con la nuestra en las que este problema es superior", afirmaba. Asimismo, reflexionaba la jurista, "hay mujeres que no denuncian y soportan en solitario este problema porque tienen miedo, están mal informadas, o piensan que no tendrán apoyo".

En 2008, como respuesta, el PSOE incluyó en su programa electoral expulsar del país a los extranjeros sobre los que pesara una condena firme por violencia de género. La medida no fue bien recibida entre las asociaciones de inmigrantes y de mujeres, quienes consideraban que no solucionaba el problema y corría el riesgo de criminalizar al colectivo.

Violeta Assiego es abogada, experta en cuestiones de género y derechos humanos. En reflexión respecto a los efectos de la violencia machista sobre la población de origen extranjero, la letrada insiste en sus complejidades y en que, "en una época de racismo latente, puede llegar la idea de que la población extranjera es más machista". Sin embargo, agrega, la primera premisa es que "la violencia machista es algo cultural independientemente de culturas, no es más propio de una cultura que de otra".

Explica Asiego, en conversación con este diario, que "el patriarcado es un sistema de dominación que se impone en todas las culturas", pero lo cierto es que la existencia de "determinadas situaciones de precariedad económica o desempleo" pueden ser clave. Según un estudio de la Fundación Adecco elaborado en 2017, de hecho, siete de cada diez víctimas de violencia machista no denuncian por miedo a represalias o por falta de un empleo que les garantice independencia económica respecto de su agresor. El informe relata que "la ausencia de información, la situación de vulnerabilidad económica y social de las víctimas y la merma de autoestima que sufren consecuencia de la violencia sufrida, provoca que las mujeres que padecen esta lacra no estén dando el paso de denunciar".

"A la población extranjera le afecta más las situaciones como el desempleo, la pobreza o la falta de recursos", explica Assiego, de manera que la violencia de género tiene mayor probabilidad de echar raíces en este tipo de escenarios. La letrada insiste, además, en que la vulnerabilidad sitúa a las víctimas en una posición de "desprotección y fragilidad que les hace ser más susceptibles a violencias estructurales". Las mujeres extranjeras, dice, "tienen barreras a la hora de poder denunciar y muchas de ellas tienen que ver con precariedad o situaciones irregulares". Existen "barreras sociales", agrega, "bien porque no puedes acceder a los recursos o bien por el estigma social que eso puede representar", lo que en este último supuesto afecta también "a las mujeres de clase alta o niveles económicos altos".

Fuentes oficiales de la Secretaría de Estado de Igualdad sostienen, a preguntas de este diario, que "la violencia es una epidemia global" y por ello "no se debe estigmatizar en función de la nacionalidad". Observan, sin embargo, la necesidad de "poner el foco en las víctimas, en la falta de arraigo, de red de apoyo y de acceso a información sobre recursos", algo que estiman "puede ser un problema en el caso de las mujeres".

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género menciona en dos ocasiones a las mujeres migrantes. En primer lugar, insta al diseño de protocolos específicos o la incorporación de medidas especializadas en los que ya existen, "para la atención de mujeres de colectivos más vulnerables, como las mujeres mayores, mujeres con diversidad funcional/discapacidad o mujeres migrantes en situación irregular". Asimismo, insta a revisar la Ley de Extranjería para "mejorar la protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando los procedimientos sancionadores por estancia irregular".

Doble discriminación

Andalucía Acoge explica, a través de su web Stop Rumores, que cuestiones como "situaciones límite, soledad, desarraigo y una cultura patriarcal más consolidada" podrían explicar que "la violencia machista se cebe en las mujeres inmigrantes", de manera que queden "sobrerrepresentadas respecto a su población total en el país".

La plataforma observa además los diversos obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres a la hora de acceder a recursos. "El proceso migratorio hace que las mujeres inmigrantes se encuentren en muchas ocasiones con más dificultades para poder salir de la situación de violencia", pero también en cuanto al uso de mecanismos "legales y psicosociales que existen para este tipo de circunstancias".

El informe Violadas y expulsadas, elaborado por la Fundación Aspacia respecto a las agresiones sexuales contra inmigrantes en situación irregular, detalla algunos aspectos reveladores. 

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En 2007, recuerda el análisis, el Gobierno español aprobó el primer Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, cuyo primer diagnóstico reconoce que "las mujeres extranjeras se enfrentan a una situación de intersección en la que confluyen, al menos, dos circunstancias que llevan aparejada una discriminación, y que interactúan entre ellas, creando, de esta manera una condición especial de vulnerabilidad, que va más allá de la simple suma de circunstancias discriminatorias".

Pese a las líneas de acción propuestas entonces, el segundo –y hasta ahora último– Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 reconoció que el grado de cumplimiento de los objetivos relacionados con los derechos de las mujeres frente a la discriminación fue de los más bajos. En esta segunda fase, el Gobierno de España admitió que "las mujeres extranjeras han sufrido un retroceso en sus condiciones laborales y en el tipo de ocupación, aumentando las condiciones de precariedad".

El Comité de la CEDAW, de hecho, observó en su informe de 2009 que las mujeres migrantes presentan "mayor exposición a la pobreza y la violencia y se enfrentan a múltiples amenazas de discriminación en los ámbitos de la educación, la salud, el empleo y la participación social y política". En este contexto, señala el análisis, "la vulnerabilidad o falta de poder aparejada a la irregularidad administrativa se suma a la discriminación por motivos de género", lo cual genera situaciones de "precariedad económica, falta de autonomía y otros obstáculos para el acceso a derechos económicos, sociales y culturales".