Inmatriculaciones y otros robos
En el fragor de la pandemia y la mayor crisis de seguridad de Europa por Ucrania hay noticias que parecen menores, imperceptibles en las portadas, y son un flasback a los años y fracasos que vivimos hace no tanto. Esta semana, España ha caído dos puestos en el ranking de Transparencia Internacional y ha retrocedido en el Índice de Percepción de la Corrupción (ICP). Con todo lo que ha llovido, no es que no interese, es que ni se percibe.
Después del cambio de Gobierno en 2018 y las macrocausas judiciales encauzadas, parece que ha pasado un siglo desde la década del gran despilfarro público. Esos años que describe a la perfección el juez Joaquim Bosch en su último libro, La patria en la cartera, y nos lleva a preguntarnos con cierta obsesión: ¿Esa corrupción podría volver? Mi impresión es que sí. No será ese Gandía Shore del desfalco que vivimos porque la historia nunca se mira en el mismo espejo. Pero de alguna manera estamos bajando la guardia. Con alertas que deberíamos reconocer y vuelven a ser el silbato de Galton que pocos escuchan.
Como hay varios tipos de laissex-faire en el abuso de poder, al menos las inmatriculaciones de la Iglesia han servido para poner el foco en esa corrupción colateral, las leyes diseñadas para consolidar privilegios y legitimar irregularidades. Y una vez se decide derogar, a pesar de su dudosa constitucionalidad, no se llega hasta el final. En este caso, el Ejecutivo quiere poner en valor el entendimiento por el cual la Iglesia reconoce haber expoliado al menos mil bienes. Pero el acuerdo funciona como una amnistía. Evita investigar si hubo dolo, si registraron propiedades sabiendo que no eran suyas y cuánto se han enriquecido con el robo de bienes.
La ley franquista que amplió José María Aznar para permitir a la Iglesia poner a su nombre cualquier propiedad con una simple certificación eclesiástica solo sirvió para aumentar el patrimonio de la Conferencia Episcopal. Dice Carmen Calvo, impulsora de la Comisión, que esto no ha hecho más que empezar: “Tiene que haber mucho más”. Veremos. Hasta hoy, en lo legislativo, la devolución de las inmatriculaciones se queda corta. En lo social, aunque sirve para reforzar la concienciación pública, la idea de que la Iglesia no puede tener privilegios heredados del franquismo, impropios de un Estado moderno, europeo y aconfesional.
Esta ley nos ha recordado otras. El PP ha aprobado en demasiadas ocasiones normas donde crece la trampa. Pero en términos de mala praxis es clave también el reproche moral. Desgraciadamente, sin escándalo público, no hay condena política. Y este surge de la concienciación social, el acuerdo tácito por el que diferenciamos el bien del mal. Esta semana conocimos un caso local, como tantos, que explica esa caída en el Índice de Percepción de la Corrupción. En un pueblo de Madrid, Arroyomolinos, año 2016, la oposición rescató tres bolsas de basura con documentos de los que el PP intentaba deshacerse. Se recuperaron extractos bancarios y contratos que demostraban cómo una empresa con 700.000 euros en adjudicaciones pagaba en concepto de alquiler un piso propiedad de la concejal Ana Millán. Esta semana, la Guardia Civil registraba su despacho ya como alcaldesa. En su día, el PP no hizo nada cuando publiqué la información, al revés, le perdonó el chanchullo, no investigó si el alquiler era un cohecho encubierto, fue ascendida a candidata y a las listas del Congreso. Pero el registro policial pidiendo estos contratos es un paso más que una publicación en un medio. Hace no tanto, si la Guardia Civil entraba en el despacho de una alcaldesa o alcalde, públicamente se pedía su baja en el partido, un expediente. Ahora, amortizado el pasado, no hay consecuencias, ni debate, ni escándalo.
Otro ejemplo reciente. De todos los contratos bajo sospecha del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con uno saltan las alarmas. A su exnovio, de profesión peluquero, le han fichado en una tecnológica como directivo por su agenda inmobiliaria, según la versión oficial. De 3.000 euros a 500.000 euros en contratos públicos. El paquete básico repetido en tantas ocasiones: amigo, familiar, ‘novio o novia de’ consigue un trabajo para el que no tiene ninguna cualificación previa donde se forrará en unos años a cargo de dinero público. ¿Ha habido revuelo? ¿Ha ocupado portadas? No las necesarias.
Este país ha pasado por tanta corrupción y en tan poco tiempo que necesita una reflexión sobre qué andamios legales hacen falta para no repetir la década de los 2000
Cómo estamos reaccionando a ciertas noticias es un indicador de cierta saturación, y el Índice de Transparencia Internacional nos está avisando de la relajación. Pero este país ha pasado por tanta corrupción y en tan poco tiempo que necesita una reflexión sobre qué andamios legales hacen falta para no repetir la década de los 2000. Qué legislación necesitamos para evitar que las malas prácticas se cronifiquen. El catedrático Manuel Villoria, miembro del Comité de Dirección en España de Transparencia Internacional, escribía esta semana sobre la necesidad urgente de impulsar la agenda legislativa, las reformas del Consejo de Europa todavía pendientes. Seguimos sin una ley que proteja a los denunciantes. Y sin la ley de los lobbies. Europa ha pedido reiteradamente a España una norma que permita a los ciudadanos conocer qué empresas se reúnen con qué políticos en Congreso y Senado para influir en futuras regulaciones. Está atascada por el veto del PP y el PSOE no quiere reformarla sin su apoyo. Igual que está atascada la transposición de la directiva que proteja a futuros denunciantes.
En la foto fija, el PP denuncia en Bruselas una corrupción de los fondos europeos falsa e inexistente, no toma medidas sobre las suyas y bloquea las reformas necesarias que aborden la corrupción, la de verdad, en su conjunto. El PSOE, con mil frentes abiertos, deja la regulación y el cumplimiento de las medidas de transparencia para el final de mandato. Una asignatura tan importante no puede seguir empantanada. Demasiados funcionarios pagaron con su puesto y su salud destapar los casos del pasado. Demasiados periodistas soportaron presiones para sacarlos a la luz. Pedro Sánchez llegó a la presidencia con la simbólica moción de censura contra la corrupción. Ahora, como piden los organismos europeos, toca ir más allá de los símbolos.
