¿Debemos discriminar por renta las ayudas a familias numerosas?
Se está hablando mucho estos últimos días sobre el bono social energético para familias numerosas. A raíz de que saliera a la opinión pública que algunos dirigentes políticos están recibiendo esta ayuda, han sido múltiples las críticas y opiniones aparecidas en medios de comunicación y redes sociales. Críticas tanto a la norma que lo regula y permite que todas las familias, independientemente del nivel de renta, puedan beneficiarse; como a los cargos públicos que lo han solicitado pese a sus ingresos.
Aprovechando esta oportunidad que me ofrece infoLibre voy a intentar dar algunas pinceladas a favor de que todas las familias numerosas, sin importar el nivel de renta, reciban beneficios públicos.
Antes de nada, para que no haya lugar a malinterpretaciones, la prioridad que tenemos como sociedad es que ningún ciudadano de este país viva en situación de vulnerabilidad. Para ello tenemos la obligación de garantizar unos mínimos de vida para todos. Ya sea a través de programas de renta garantizada, de vivienda social, o de garantía alimentaria o energética. Las distintas administraciones públicas deben ofrecer políticas de acceso a estos programas según el nivel de renta. Y no sólo ofrecer, al mismo tiempo facilitar la información y las herramientas necesarias para que sepan que pueden acogerse a ellos de forma sencilla. Muchos hogares desconocen la existencia de estas ayudas, o no tienen la capacidad para vencer los procesos burocráticos de solicitud.
Dicho esto, no todas las políticas públicas que ofrece tanto el Estado como otras administraciones tienen por objetivo ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, a nadie se le escapa que los beneficiados con subvenciones a la instalación de paneles solares no son precisamente personas con bajos ingresos. Son familias que viven en casas unifamiliares y que se pueden permitir el gasto de una instalación de estas características. Esto es así porque el objetivo de estas ayudas es la transformación energética hacia fuentes de energía renovable. Es un objetivo de transformación estructural (el cambio de modelo energético) que se vale de actores individuales (familias que viven en viviendas unifamiliares). Ocurre algo parecido con el fomento del transporte público a través de los bonos de RENFE gratuitos.
Si empezamos a retirar la universalidad de estos beneficios también empezamos a retirar la sensación de seguridad que nos ofrece el sistema a la hora de tomar la decisión de tener hijos
Esta visión de política estructural de desarrollo social a largo plazo se puede extrapolar a las políticas de familia numerosa o de fomento de la natalidad. Las políticas de familia numerosa son políticas que fomentan y protegen el nacimiento de un tercero o más hijos de forma general (hay casos de familias numerosas con dos hijos). Es bien sabido el grave problema de recambio generacional y envejecimiento que sufrimos en la Unión Europea. Y dentro de esta España, con una tasa de fertilidad ( número medio de hijos tenido por mujer ) de 1,18 en el año 2020, es uno de los países con peor proyección en este asunto. Las implicaciones sociales y económicas a largo plazo del envejecimiento de la población están sobradamente estudiadas: aumento del gasto sanitario, aumento del gasto en ayudas a la dependencia, insostenibilidad del sistema de pensiones, etc.
Para ello se hacen necesarias políticas estructurales en materia migratoria y de fomento de la natalidad que aumenten las tasas de población en España. Políticas en las que, independientemente del nivel renta, cada familia sienta la seguridad de que va a tener una protección por el estado a la hora de tener descendencia: conciliación laboral y familiar, escuelas de educación infantil, beneficios fiscales o ayudas en transporte público, estudios o energía. Pero si empezamos a retirar la universalidad de estos beneficios también empezamos a retirar la sensación de seguridad que nos ofrece el sistema a la hora de tomar la decisión de tener hijos. Y, eliminamos la necesaria estructuralidad de las políticas públicas de fomento de la familia y la natalidad, que pasarán a convertirse en políticas coyunturales a corto plazo que se deciden a golpe de titular o tuit.
Otra característica de la universalidad de algunas políticas públicas es que ayudan a vencer el discurso individualista neoliberal de reducción del Estado de bienestar. Si las clases altas o medias/altas ven que pagan más impuestos que el resto de la sociedad y no reciben ninguna contraprestación por parte del sistema, se consolida el discurso anti impuestos y de adelgazamiento de la intervención del Estado en asuntos públicos. Las políticas redistributivas (educación, sanidad…) garantizan la universalidad independientemente del nivel de renta, pero son menos perceptibles que las políticas distributivas (discapacidad, dependencia, natalidad…)
Para terminar, en algunos casos a la Administración le es más eficiente conceder la ayuda o subvención de forma universal que discriminar por razón de renta. Así, esta ahorra tiempo, plazos y personal funcionario; e impide el abandono de posibles beneficiarios que renuncian a la solicitud por la carga de documentación a presentar.
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Eduardo Álvarez Álvaro es socio de infoLibre
