Eliminar 'Golden Visa' y regularizar a personas migrantes: el primer ladrillo de la casa

Dos noticias que se entienden mejor si se leen juntas.  

La primera. Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno eliminará las Golden Visa que permiten a las personas extranjeras hacerse con la residencia española previa compra de una vivienda con un coste mínimo ¡ojo! de medio millón de euros. 

La segunda. El Congreso aprueba una iniciativa legislativa popular para regularizar a medio millón de migrantes que ya viven y trabajan en España.  

Dos noticias (y una cifra: medio millón. En un caso, de euros. En otro, de personas) que se entienden mejor si se leen a la vez porque muestran una fotografía precisa del panorama político y social actual.

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que aprobó en 2013 los llamados visados de oro. Era la fórmula para tratar de reactivar el mercado de inversiones tras la crisis de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una década después, esta pasarela privilegiada para los extranjeros no comunitarios no ha dado los resultados esperados. Solo hay que echar un vistazo a lo que ocurre en numerosas ciudades: especulación y mercados tensionados en capitales como Madrid, Málaga, Barcelona o València. 

Ciudades en las que los precios de compra y alquiler son tan altos que a los vecinos y vecinas no les queda más remedio que hacer las maletas, recoger sus cosas y marcharse de los lugares que, en muchos casos, les han visto crecer. Sus viviendas se convertirán en pisos turísticos que los fondos buitres -de los que habrán tenido que aguantar amenazas hasta irse de sus hogares- alquilarán cada mes por miles de euros. Un negocio redondo que está convirtiendo las ciudades en parques temáticos, en centros comerciales vendidos al capitalismo más salvaje, a la ley del más fuerte. Ciudades de mal vivir: agresivas, frías e inhumanas

Desde hace una década se han concedido más de 14.000 visados de este tipo y quienes más dinero han desembolsado han sido los inversores rusos: hasta 3.420 millones de euros para hacerse con la residencia. El sistema, podríamos pensar, ha sido rentable, pero ¿para quién? Hay organizaciones que han denunciado que este método, sin mecanismos de control exigentes para fiscalizar la dudosa procedencia del dinero, se ha convertido en un coladero para el crimen organizado, el lavado de capital y la corrupción. España no es un caso aislado, hasta 20 países de la Unión Europea han contado con este permiso para millonarios. Eso sí, tras la pandemia algunos dieron marcha atrás para luchar contra la especulación, como Portugal.

Lo cierto es que durante diez años, miles de personas han comprado su derecho a vivir en España, de forma acelerada y con un sistema a todas luces injusto, que atenta contra la igualdad. Resulta especialmente vergonzoso que mientras esto ha ocurrido, otras miles de personas se hayan visto obligadas a vivir en situaciones de exclusión pese a llevar años trabajando y residiendo en este país: temporeras, jornaleros, cuidadoras, trabajadoras del hogar, menores extranjeros no acompañados... Mano de obra barata, obligados a vivir, en muchas ocasiones, en semiesclavitud. Personas en situación irregular y atrapadas en un bucle infinito de trámites burocráticos que se han tenido que someter al escrutinio de numerosas instituciones, ante las que tienen que justificar sus ingresos, demostrar su arraigo o sus conocimientos de cultura española. 

Es perverso que una persona tarde 3 años en obtener el permiso de residencia mientras otras sólo tienen que enseñar el dinero. Es eso lo que les obliga a estar en los márgenes, en una rueda perversa que les condena a no tener ni trabajo ni derechos básicos

Es perverso que, en la mejor de las situaciones, a una persona migrante le cueste de media casi 3 años obtener el permiso de residencia mientras que otras sólo tienen que poner el dinero encima de la mesa. Es esa dinámica la que les obliga a estar en los márgenes, en una rueda perversa que les condena a no tener trabajo y por lo tanto a la falta de acceso a derechos básicos como la sanidad o la educación. Personas que no viven, sobreviven. 

La eliminación de las Golden Visa no es la solución definitiva, pero sí es un paso adelante con el que atajar el problema estructural de la vivienda, uno de los más graves que afrontamos y que hace que seamos el cuarto país de la UE en el que los jóvenes más tardan en independizarse.

También es un primer avance la aprobación de la ILP por la que llevan años luchando movimientos como Regularización YA. De momento, en el Congreso ya ha dejado una imagen inédita en los tiempos que corren: todos los grupos han votado a favor excepto la ultraderecha, que se ha quedado sola enarbolando la bandera de la antiinmigración a base de bulos y fake news. Quizá no hayan entendido en Vox que incluso el Estado se beneficiaría económicamente al aflorar la economía sumergida de la que tienen que participar las personas en situación irregular. Es ese mismo consenso el que se necesita en materia de vivienda. Hay que recordar que el PP siempre ha mostrado su rechazo a la ley estatal aprobada por el anterior Gobierno de coalición. Otro dato: a principios de este mes casi ninguna comunidad se había interesado por el índice de alquiler establecido en esa misma norma para poner límites a las rentas.

Es evidente: queda camino por recorrer en las dos batallas, pero es el primer ladrillo para construir la casa.