Descarbonización y competitividad global de Europa: los aranceles climáticos

Europa se marcó en la anterior legislatura el objetivo de convertirse, antes de 2050, en el primer continente climáticamente neutro. Las recientes elecciones europeas y francesas no van a hacer que la UE se desvíe de la senda. El Marco Estratégico aprobado en el Consejo Europeo de junio, que establece las prioridades de la UE para los próximos cinco años, así lo confirmó. Lejos de derogar el Pacto Verde Europeo (PVE), como pretendían algunos sectores, éste va a entrar en una nueva fase. 

Ya con el 90% de las piezas legislativas asociadas al PVE aprobadas, la UE va a centrarse en la aplicación rigurosa de las mismas. Este marco regulatorio estable proveerá de certeza a los mercados y estimulará a los inversores, condición necesaria para el éxito de un nuevo “Pacto Industrial Verde” que fomente el liderazgo de la UE en el desarrollo de tecnologías limpias. 

Además de su estrategia industrial, la UE ha puesto en marcha una ambiciosa combinación de políticas climáticas coherentes entre sí y altamente costo-eficientes desde el punto de vista de la reducción de emisiones, con la tarificación del carbono como eje principal. 

El poner un precio al carbono, además de proporcionar unos recursos considerables en favor de una transición verde y justa, traslada los costes ambientales de las externalidades negativas de determinadas actividades económicas a sus responsables, en línea con el principio “quien contamina paga” (artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la UE).

Sin embargo, y especialmente tras el último endurecimiento del Régimen Europeo de Derechos de Emisión en 2023 (RCDE), el diferencial de los precios del carbono entre la UE y otras zonas del mundo puede agrandarse. Existe un riesgo de que esta mayor ambición climática interna penalice la competitividad global de la industria europea. A modo de ejemplo, el precio por contaminar se ha convertido ya en el tercer mayor coste de las aerolíneas europeas, tras el coste laboral y el del combustible.

Una política industria verde fuerte a nivel europeo tiene que evitar, a toda costa, la deslocalización de la producción comunitaria hacia jurisdicciones con precios del carbono más bajos. O peor: que aquella salga de la UE y luego vuelva a entrar burlando la normativa europea.

El principal instrumento previsto por el PVE para hacer frente a la llamada “fuga del carbono” es el nuevo Mecanismo de Ajuste al Carbono en Frontera (MAFC), que entrará plenamente en vigor a partir de enero de 2026. Este arancel deberá ser abonado, al entrar en el mercado interior, por los importadores que no hayan pagado en sus países de origen un precio del carbono equivalente al de los productores europeos. 

La idea es que los países exportadores de bienes intensivos en carbono a Europa, para hacerse inmunes a la aplicación del MAFC, establezcan precios domésticos al carbono similares a los de la UE. Con ello, además de respetar unas condiciones de competencia justa respecto a sus socios europeos (igualación del precio del carbono), evitarían que sus empresas tuvieran que pagar el arancel a la UE, generando, en cambio, ingresos propios por los derechos de emisión en circulación.

Eventualmente, toda esta dinámica “de abajo a arriba” (bottom-up) debería llevar al establecimiento de un precio mínimo global al carbono que garantizase unas condiciones de competencia equitativas en el comercio internacional

El éxito de este incentivo ya se está notando: 49 jurisdicciones han implantado esquemas de tarificación del carbono a nivel nacional o subnacional (más del doble que hace una década) y otros 23 están en considerando hacerlo. La UE está desplegando así toda una diplomacia de los mercados del carbono, a través de la cooperación con economías tan relevantes como China, India o Brasil.

Especial transcendencia está teniendo el diálogo con China, cuya economía representa más del 30% de las emisiones totales (frente al 7% de la UE). Dicho país cuenta con su propio régimen de derechos de emisión desde 2021. Sin embargo, es necesario que éste siga siendo perfeccionado para reducir la aún considerable distancia respecto a la UE, tanto en lo que se refiere a precios del CO2 como a los sectores cubiertos por el mencionado régimen. Distancia ésta propiciatoria de situaciones que el Enviado Especial para la Diplomacia Climática de EEUU, John Podesta, ha calificado como “dumping del carbono”. A éste también contribuyen decisivamente las sustanciosas subvenciones recibidas por la industria verde china, que está distorsionando el comercio y colocando a las empresas de este país en una posición dominante en muchas cadenas de suministro de tecnologías cero emisiones netas.

De hecho, EEUU ha abierto varias investigaciones para determinar si existe competencia desleal en favor de ciertas empresas chinas del sector del coche eléctrico, entre otros, como resultado de las subvenciones que reciben en origen. Esto justificaría la imposición de aranceles compensatorios a las importaciones afectadas.

En este contexto, EEUU, inicialmente reticente a la implantación del MAFC, está ahora considerando su propia versión del mismo para hacer frente a la sobrecapacidad China en la industria verde. Varias propuestas han sido presentadas en este sentido, tanto por el bando republicano como por el demócrata (“Fair Transition and Competion Act”). A este respecto, la normativa de EEUU que finalmente se apruebe debería llevar aparejada, además de un arancel, precios al carbono domésticos de alcance federal, con el fin de que no sea discriminatoria para los productores extranjeros y respete así las normas de la OMC.

En todo caso, la cuestión está dando lugar a un productivo diálogo entre UE y EE.UU. El punto de partida hacia un acuerdo entre ambos bien podrían ser las negociaciones para promocionar la producción limpia del aluminio y acero en los dos bloques. El llamado “acuerdo GSA” tendría vocación de abrirse a otros países dispuestos a descarbonizar sus industrias del aluminio y el acero. También sería un buen precedente hacia la creación de una suerte de “club del carbono”, al que podría incorporarse jurisdicciones con sistemas de tarificación del carbono comparables o, en todo caso, con estándares y salvaguardas suficientes para impedir el “dumping del carbono”. Estos clubes podrían promover el vínculo entre los mercados del carbono nacionales y subnacionales, permitiendo así el reconocimiento mutuo de derechos de emisión entre sistemas. 

Junto a la UE y EEUU, el primer club del carbono podría estar integrado por Australia y Reino Unido, aunque se trataría de crear un “club del carbono” lo más amplio posible. De esta forma, aquellos que se queden fuera sentirían cada vez más presión para disminuir sus emisiones, pues sus empresas se verían penalizadas en los mercados globales con instrumentos similares al MAFC.

Eventualmente, toda esta dinámica “de abajo a arriba” (bottom-up) debería llevar al establecimiento de un precio mínimo global al carbono que garantizase unas condiciones de competencia equitativas en el comercio internacional.

José Luis Escario es consultor en Políticas Climáticas y colaborador de la Fundación Alternativas.