Sin intérpretes, no hay defensa

María Galán

La Comisión Europea es el órgano de la UE que vela por los intereses generales de la Unión, proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto europeos. Además, entre sus cometidos figura la presentación de «leyes que protegen los intereses de la UE y a sus ciudadanos en aspectos que no pueden regularse eficazmente en el plano nacional»; además de garantizar que «la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los países miembros».

Como decía la Comisión Europea el 9 de marzo de 2010, en la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales: «Este enfoque se considera ahora como el mejor modo de proceder, pues contribuirá a establecer y reforzar progresivamente un clima de mutua confianza». También señalaba que la propuesta «tiene por objetivo mejorar los derechos de los sospechosos.

Sin entrar en valoraciones jurídicas, e incluso judiciales, hay que señalar que la Directiva no se cumple en España, por lo que el objetivo que se marcó la Unión Europea de «mejorar los derechos de los sospechosos» se aleja de su ejecución.

Por eso, desde la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD) se ha querido denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno de España de esta Directiva 2010/64 de la Unión Europea, relativa al derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales.

Esta directiva se traspuso parcialmente mediante la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, pero se dejó pendiente la creación del registro oficial de traductores e intérpretes previsto en ella.

Se da la circunstancia de que el pasado 28 de abril se cumplieron dos años de la fecha que el Gobierno se concedió para presentar un proyecto de ley para la creación de dicho registro, y en estos 24 meses no ha habido ningún texto legal. La directiva debería haberse traspuesto antes de octubre de 2013, tras un periodo extraordinario de tres años para hacerlo. Sin embargo, todavía esperamos las normas de aplicación que puedan hacer efectiva esta adaptación.

Desde ASETRAD se recuerda no solo al Gobierno español su obligación de cumplir los plazos marcados en la directiva para su trasposición, sino también a la Unión Europea su papel para exigir a los Estados miembros el cumplimiento de sus compromisos.

La Directiva 2010/64 establece «normas relativas al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea». También recoge que los Estados miembros «velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora» de interpretación y de la traducción escrita en el trascurso del proceso penal.

Este incumplimiento, además de vulnerar la legislación europea, entorpece, de forma grave, el trabajo los traductores e intérpretes judiciales y vulnera el derecho a la defensa de los acusados.

Este será uno de los temas que ASETRAD debatirá en una de las mesas redondas programadas el próximo mes de mayo en el congreso que celebrará, los días 18, 19 y 20, en Zaragoza. La mesa tendrá el título «El traductor e intérprete judicial como garante del derecho a la defensa» y participarán en ella María Jesús Ariza, profesora de derecho procesal en la Universidad Autónoma de Madrid; Celicia Limona, intérprete judicial y traductora jurada; Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y Endika Zulueta, abogado penalista.