Dudas sobre la independencia de las consultoras prearbitraje

Las entidades financieras han contratado los servicios de un auditor externo para que haga una selección previa de los clientes que acudirán ante los árbitros de las agencias de consumo autonómicas o de la nacional. Y los afectados sospechan tanto de la independencia del consultor como de los criterios que éste utiliza para hacer la criba. Adicae se queja de que pasan el filtro únicamente “los casos más flagrantes, los de juzgado de guardia”, aquéllos que terminarían en una condena segura en los tribunales, incluso penal.

En principio, dicen Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc, el auditor analiza si ha habido algún tipo de irregularidad –falta de firma, de documentos–, después el perfil del inversor –edad, renta, nivel de estudios– y finalmente su historial como cliente –si ha contratado otros productos financieros–.

En cualquier caso, según Adicae, el arbitraje sólo está solucionando el problema con sus ahorros a menos del 15% de los afectados. Novagalicia dice haber pagado hasta ahora a 13.239 clientes, de los 38.000 que han solicitado el arbitraje. Vendió híbridos (preferentes y subordinadas) a un total de 74.980 personas. Todas las seleccionadas por el auditor, PricewaterhouseCoopers, han conseguido un laudo favorable en el Instituto Galego de Consumo. A todas se les ha reintegrado el 100% de su inversión. La entidad ha devuelto 249,9 millones de euros.

Sin cifras claras

No es tan claro Catalunya Banc con sus cifras. No quiere revelar a cuántos clientes vendió preferentes ni cuántos de ellos han pedido un árbitro. Es decir, no puede saberse el grosor de la malla que emplea. Sólo que la Agencia Catalana de Consumo tramita 4.900 expedientes y ha dictado 549 laudos, todos ellos favorables al cliente. Emitió un total de 510 millones de euros en híbridos.

Para Bankia, que tiene unos 75.000 clientes afectados y colocó hasta 7.000 millones de euros en subordinadas y preferentes, el arbitraje comenzará en abril.

“Es lento y funciona mal”, se queja Suso Santos, de la Plataforma de Afectados de O Morrazo (Pontevedra). Dice que no está claro el perfil de quienes han sido aceptados por la empresa auditora: “Han llamado a personas que tenían todos los papeles firmados y a familiares de empleados del banco, por ejemplo, pero no a otros que parecían evidentes”, asegura. También apunta que hasta las elecciones gallegas se solucionaban unos 300 casos al día; después ni 100 diarios. Y exige una “solución de Estado”.

"Mascarada para legitimar una decisión privada"

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Para Adicae, el arbitraje no es más que “una mascarada para legitimar una decisión privada”, en palabras de su portavoz, Fernando Herrero, quien pone el foco de atención en el auditor externo. Tampoco la Defensora del Pueblo lo bendice. El mecanismo, ideado por Novagalicia y aprobado por Bruselas, no reconoce “el derecho al arbitraje a todos los ahorradores”, acusa la institución. Es una entidad privada, contratada por el banco, la que “decide quién tiene derecho a la vía arbitral, cuando la otra parte está integrada en el sector público”, reprocha el informe. Tampoco le parece bien que se desconozca el “procedimiento seguido para la adjudicación de este trabajo a la consultora”.

Es más, la Defensora del Pueblo critica que Bankia haya elegido a KPMG para filtrar clientes por las “relaciones preexistentes” entre ambas empresas. En concreto, dice, la consultora “ha elaborado, al menos, una parte de las alegaciones que efectúa la entidad en los procesos civiles que se están siguiendo en la justicia”. KPMG también está reevaluando el accionariado de las siete cajas que formaron Bankia.

Otro tanto puede decirse de PwC, que fue la auditora de Caixa Galicia desde 1998 hasta 2009, el último año antes de la fusión que dio origen a Novagalicia. Y de Ernst&Young, la consultora que selecciona los clientes de Catalunya Banc: también la ha auditado. El conflicto de intereses parece saltarse la imaginaria muralla china que se supone debe existir entre los negocios de auditoría y consultoría de estas empresas. “No somos juez y parte”, se defienden las entidades financieras.