El juez apunta al rey en el auto por el que imputa a Cristina de Borbón

La imputación de la infanta Cristina, la primera de un miembro de la Familia Real española, ha eclipsado un elemento clave que recorre el auto del juez José Castro: la incredulidad del magistrado respecto de la versión según la cual el rey ignoraba lo que su yerno y su hija hacían en Instituto Nóos y sus satélites. Ni el juez considera verosímil que el rey "no comentara con su hija" su deseo o mandato de que Urdangarin se apartase de Instituto Nóos, la pretendida ONG que logró nada menos que seis millones de euros públicos, ni le parece admisible "en buena lógica" que el asesor legal del monarca actuase "a sus espaldas" a la hora de transmitir “supuestamente” esa orden o recomendación al duque de Palma.

Y, aunque no cita en este punto al rey, el magistrado da carta de naturaleza a la declaración de Diego Torres sobre cómo el primer convenio de Instituto Nóos con la Generalitat valenciana se gestionó en la Zarzuela, dato que no ha sido “confirmado” pero tampoco “desvirtuado”, referencia clara al hecho de que la Casa Real en ningún momento ha desmentido su existencia. El juez tampoco menciona al rey al enumerar dos correos que reflejan la intervención de la infanta en un proyecto y su conocimiento de las acciones empresariales de su marido: en esos dos correos aparece el monarca, en uno mencionado como autor de una gestión y en otro como destinatario.

En efecto, varios correos de los entregados por Diego Torres habían sacado ya a la palestra cómo el rey, a quien la Constitución otorga inviolabilidad penal –es decir, ningún juez lo puede imputar-, no solo estaba al tanto de las actividades de su yerno sino que le prestó su ayuda, utilizando en una ocasión a su hija Cristina como mensajera. Pero, hasta ahora, ninguna resolución del juez había planteado de forma explícita las dudas sobre el papel desempeñado por el monarca en esta turbia historia de falsas ONG y convenios millonarios a dedo que acabaron nutriendo las cuentas privadas de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, que a su vez las compartían con sus respectivas esposas. De hecho, el juez recalca que el delito fiscal atribuido a Urdangarin se sustenta en los pagos computados no como ingresos personales sino de su sociedad Aizoon SL, “coparticipada por mitad” por Cristina de Borbón.

NI comentarios ni consenso

La palabra “Rey” aparece 17 veces en un auto donde el juez recalca hasta qué punto es difícil de creer que el monarca no hablara con su hija sobre la supuesta orden para que su marido se alejara de Instituto Nóos. “No se acaba de entender –dice la resolución judicial- que SM El Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento”.

Ese consenso o compromiso, añade Castro, “debería haber llevado a doña Cristina de Borbón y Grecia a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido”. El redactado sugiere que el juez solo contempla dos opciones: que o la infanta desoyó la orden de su padre o que la orden no fue tal.

Varios párrafos antes, el magistrado ya plasma su descreimiento de la versión oficial. Lo hace en referencia al papel de José Manuel Romero, conde de Fontao y considerado el emisario del rey hasta que el mismo Romero aseguró hace dos semanas que el monarca no tenía ni idea de sus gestiones para apartar a Urdangarin de la trama Nóos. "Mal puede en buena lógica -escribe el juez- admitirse que don José Manuel Romero actuara a sus espaldas [las del rey] cuando "ordena, recomienda o aconseja" a su yerno que se abstenga de determinados comportamientos".

Sobre todo, agrega el juez, porque quienes escucharon esos consejos de Romero los interpretaron "como procedentes de SM El Rey". El juez cierra este apartado con una pregunta: "La de por qué razón iba don José Manuel Romero a asumir una carga y responsabilidad que no le correspondían respecto de personas tan estrechamente vinculadas a SM El Rey como eran su hija y su yerno sin contar con su anuencia”.

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Hasta ahí, las alusiones expresas al jefe del Estado. Pero hay dos más que le afectan aunque su nombre no aparezca en ellas. Por ejemplo, el juez cita en su auto un correo donde Urdangarin informa a Diego Torres sobre la intervención que la infanta Cristina “habría de tener al parecer en relación con un proyecto de vela y que conviene aclarar si no ha podido extenderse a otros ámbitos.”. Fechado el 1 de octubre de 2007, ese correo habla de la “intervención” de la infanta pero también de la de su padre.

El mail, justamente el que presenta a la infanta como mensajera, dice esto: “Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema de la base del Prada y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla”. Camps tenía que llamar al tal Pedro [Perelló] para un proyecto náutico finalmente fallido, el Ayre, en el que participaba nada menos que Fundación DCIS, la más oscura de la serie de ONG del dúo Urdangarin-Torres por cuanto fue la utilizada para sacar de España medio millón de euros. El dinero acabó en cuentas ligadas al paraíso fiscal de Belice.

Para remarcar el conocimiento que Cristina de Borbón tenía de los negocios de su marido, el magistrado menciona un segundo correo, este enviado el 20 de febrero de 2003 y en el que Urdangarin pedía a su mujer opinión sobre una “comunicación de Nóos”. Y esa comunicación, añade el juez, fue luego “cursada a un gran número de personas”. Entre ellas, aunque el magistrado no lo dice, se contaba el rey.