Las empresas ocultan quién produce su ropa y no vigilan si se cumplen sus códigos de conducta

No todo lo que se pone negro sobre blanco, en un papel, va a misa. Las grandes empresas textiles saben (y tienen) de códigos de conducta, más o menos detallados, manuales de responsabilidad social corporativa (RSC), más o menos completos. Pero tenerlos y colgarlos en sus webs no significa que todo se cumpla a rajatabla. Que lo que allí se dice sea regla sagrada. Ni que figure toda la información, como la lista de proveedores. Una cuestión nada baladí que sin embargo se ha puesto más evidencia tras el derrumbe del Rana Plaza, un edificio de ocho plantas situado en Savar, cerca de la capital (Dacca), que se vino abajo el pasado 24 de abril y que se ha llevado la vida de más de un millar de personas, según los últimos recuentos. Siniestro al que sucedió, hace unos días, otro, en el distrito industrial de Dacca, donde un incendio causó ocho muertos. Las alarmas no se encendieron antes y no pudieron frenar la tragedia.

La Campaña Ropa Limpia, una red internacional activa en 14 países europeos y que reúne a ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores, ya señala en su página que la adopción de un código de conducta es importante, sí, pero apenas "sólo un primer paso". Porque el verdadero reto es "ponerlo en práctica" y, a largo plazo, "mejorar las condiciones laborales de la compañía". Objetivos que también señala Labour behind the Label. En líneas generales, se pide que el código sea exhaustivo, creíble, transparente y haga referencia a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, debe exigirse que se garanticen los derechos sindicales (incluido el derecho a un convenio colectivo), que no haya trabajo forzado ni infantil, que se prohíba la discriminación, que se establezca un máximo de horas de trabajo, unas condiciones de higiene y seguridad, un salario mínimo y estabilidad laboral.  

Si uno echa un vistazo a los informes anuales y memorias de RSC de cuatro grandes de la industria textil española –Inditex, Mango, El Corte Inglés y Cortefiel–, todos ellos cuentan con referencias a códigos de conducta. Uno de los más prolijos es el de la empresa fundada por Amancio Ortega y de la que Zara es el buque insignia. Señala que Inditex "no permitirá ninguna forma de trabajo forzado ni involuntario en sus fabricantes"; que sus proveedores no contratarán a menores de 16 años; que garantizará a sus trabajadores, "sin excepción", los derechos de asociación, afiliación y negociación colectiva, sin que quepan "represalias"; que se asegurarán unas mínimas condiciones de "luz, ventilación, higiene, protección contra el fuego, medidas de seguridad y acceso al agua potable"; que en caso de conflicto entre las leyes locales y los estándares internacionales, prevalecerá la norma "más favorable" para los obreros, que estos trabajarán un máximo de 48 horas semanales y no más de 12 horas extra (pagadas mejor) o que se reconoce a los trabajadores un salario que deberá cubrir, "al menos, las necesidades básicas" de sus familias. La empresa alega que es la responsable de la implementación de su código de conducta. 

Cuando la libertad sindical no está garantizada

Ropa Limpia, sin embargo, subraya que Inditex no obliga a garantizar un sueldo mínimo vital durante el horario normal de trabajo (sin extras) y que no se hace referencia a todos los convenios fundamentales de la OIT. La plataforma también le recrimina que parte de su producción se fabrica en zonas y países donde la libertad de asociación no está garantizada por ley, una deficiencia que se hace aún más grave si se tiene en cuenta que la compañía no dispone de un canal para vehicular las quejas de sus trabajadores. Y no publica, incide Ropa Limpia, "la lista de proveedores, los resultados detallados de las auditorías realizadas y de las acciones correctivas acordadas con los proveedores en caso de resultados irregulares", según su veredicto de 2010. No se tasan las sanciones, por tanto, ni se explica a fondo cómo se vigilará que todas sus normas se cumplen al cien por cien. 

Con Mango las cosas no son muy diferentes. Sus preceptos son semejantes (aunque mucho más genéricos), y los fallos que detecta la red internacional, también: que no se obliga a un salario mínimo vital, que no prevé condiciones especiales para los trabajadores menores de 18 años o que no toma medidas para "fomentar el trabajo decente" en los países donde la libertad de asociación y la negociación colectiva están limitadas. Tampoco divulga su lista de proveedores, aunque sí la facilita cada año a Ropa Limpia "y a otros actores sociales". El Grupo Cortefiel –que agrupa marcas como Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Antonio Miró o Women' Secret– dispone de un código bastante vago. Como Mango, no especifica el máximo de horas semanales. Y sobre las retribuciones, afirma que "serán como mínimo las establecidas por la legislación vigente o, en su caso, los acuerdos colectivos que sean de aplicación". 

El Corte Inglés, por su parte, exige a sus proveedores que acaten el compromiso ético que supone el código de conducta del BSCI (Business Social Compliance Initiative), organización internacional a la que pertenece el grupo desde marzo de 2008. El texto es más exigente que los dos últimos: se precisa que los jóvenes no pueden trabajar en horario nocturno o que la jornada no puede superar las 48 horas semanales y las 12 extras, remuneradas a una tasa más alta. 

Mayor producción asiática... menos en Cortefiel

Ninguna de las cuatro compañías facilita un listado pormenorizado de proveedores en sus memorias anuales colgadas en sus webs. Como mucho, indican la procedencia geográfica de quienes les suministran la mercancía. Así, El Corte Inglés asegura que, de sus fabricantes auditados, el 45% es de China; el 17%, de India; el 13%, de Bangladesh –el grupo de Isidoro Álvarez reconoció que había producido "un número reducido de prendas" en el complejo siniestrado de Savar–; el 9% de Turquía y, de otros países, el 16%.

En el caso de Inditex, según su memoria de 2011, un 44,70% de su ropa es fabricada en Asia. Le siguen la Unión Europea (32,7%), la Europa no comunitaria (9,3%), África (8,77%) y América (4,58%). La matriz de Zara fabricó en el taller bangladesí arrasado por un incendio hace unos días. Mango produce, sobre todo, en China (40%), Vietnam (17%), Marruecos y Turquía (11%), India (7%) o Bangladesh (4%). La marca catalana tuvo que aclarar en su perfil de Facebook que aunque Phantom, uno de los dueños del Rana Plaza, no trabajaba para ella, sí tenía previsto realizar unas "muestras", que aún no había iniciado. Cortefiel se abastece de talleres, sobre todo, en España (44,59%), Francia (8,39%) y Bélgica (6,73%). 

Las empresas textiles encargan la vigilancia de sus códigos éticos a auditorías externas. Pero tampoco todos los datos son transparentes. El gigante de la moda española, Inditex, es de nuevo, la que proporciona una información más completa, pero no íntegra. Así, indica que de sus 1.398 proveedores, 573 (el 40,99%) cumplieron con el compromiso ético, otros 501 (35,84%) no acataban "algún aspecto no relevante", 183 (el 13,09%) no respetaban "algún aspecto sensible) y 107 (el 7,65%) desobedecían alguna cuestión "crítica". La empresa forma parte de la iniciativa multi-stakeholdermulti-stakeholderEthical Trading Initiative, que agrupa a empresas, sindicatos y ONG "en la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo a nivel mundial". Ropa Limpia recuerda, no obstante, que esta plataforma de diálogo "no lleva a cabo procesos de verificación independiente". La ONG agrega en su web que las iniciativas multi-stakeholder (MSI en inglés), si bien son "un paso adelante", "no significa que todas las prendas de ropa que la empresa comercialilza sean aceptables". Simplemente, quieren decir que la marca "se ha comprometido a cumplir un programa de trabajo determinado, y que los trabajadores y sus organizaciones tienen el derecho de presentar quejas a la iniciativa si piensan que la empresa miembro ha infringido el código". 

Mango admite, en su memoria de sostenibilidad de 2011, 23 "incumplimientos" (10 en Turquía) detectados "en las diferentes auditorías realizadas en fábricas". La firma catalana no se ha sumado a una MSI, pero sí agradece la red internacional que le proporcione los listados de suministradores. Cortefiel hizo 43 auditorías en 2011, y ninguna de ellas dio como resultado "desviaciones de gravedad sobre las que no se pudieran implantar medidas correctivas y que impliquen el rechazo del proveedor". El Corte Inglés no enseñó los resultados de su policía externo en su informe último, del ejercicio de 2011. Sin embargo, la compañía reconoció que BSCI no se puede encargar de controlar la seguridad de los edificios, tarea que recae, insistió, en las "autoridades locales". BSCI señaló en un comunicado que la tragedia del Rana Plaza no era un hecho aislado, ya que llegaba después de varios siniestros en Bangladesh, y añadía que las leyes del país sobre seguridad de las infraestructuras "no se aplican correctamente". 

"No a un programa publicitario de RSC"

Las auditorías sociales no son, desde luego, una panacea. La Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO), la mayor central sindical de Estados Unidos, denunció en un reciente informe que debajo de la fachada de estas empresas de certificación subyace una "muy preocupante dejación de responsabilidades", tanto por parte de los gobiernos en su tarea de proteger los derechos humanos en el lugar de trabajo, como por parte de las compañías "a la hora de respetar estos derechos ejerciendo la diligencia debida". En resumen, que tapan los "abusos" laborales cotidianos en estos países y respaldan a la dirección de la empresa. "El mejor sistema para identificar y corregir los problemas en el lugar de trabajo, ya sea acerca de la seguridad de los trabajadores o del derecho de sindicalización, es a través de los propios trabajadores y sindicatos, no un programa publicitario de responsabilidad social corporativa”, afirmó AFL-CIO. "Los trabajadores y sus sindicatos casi nunca juegan un papel en los sistemas voluntarios que las corporaciones han elegido apoyar para asegurar el cumplimiento de los derechos del trabajador y los estándares del sitio de trabajo. Al igual que la mayoría de los programas de RSC, estos programas están formados por propuestas unilaterales por parte de las corporaciones para regular sus propias actividades sin papeles importantes para los gobiernos o los sindicatos", reza el documento.

Ahí reside parte del problema. Como dice Mónica Melle, de Economistas frente a la Crisis y profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, los códigos de conducta son "voluntarios, unilaterales", no son coercitivos ni contemplan sanciones. "Es una certificación carente de valor, porque no se contrasta sobre el terreno, no es una auditoría en condiciones como los exámenes financieros que pasan obligatoriamente las compañías. Todo es un poco márketing, imagen, reputación, queda bien tener un programa de RSC. Pero en el fondo es una pantomima". La docente pone el ejemplo de la petrolera BP: mucho dinero había invertido en aparecer como una firma verde y solidaria, "modélica desde el punto de vista medioambiental". En cambio, no fue capaz de evitar en 2010 el mayor vertido de crudo de la historia de EEUU. Ahora, prevé que las marcas afectadas por el derrumbe de Bangladesh desplieguen nuevas campañas para lavar su imagen: "No es que estén más sensibilizadas. Es que están preocupadas por su cuenta de resultados. Si a un consumo anémico le sumas este siniestro...". 

La responsabilidad también es del consumidor

Melle indica que en muchos de estos países los sindicatos no son potentes, los trabajadores no denuncian, y es difícil "seguir la pista" a los abusos. Además, la deslocalización de las empresas occidentales, que buscan una tupida red de suministradores baratos en distintos países, hace que la fiscalización sea "inmanejable". "Las empresas no tienen ningún interés en ser más transparentes. Ahí están sus domicilios en paraísos fiscales, su condiciones de trabajo precarias... Lo que les interesa es engordar su cuenta de resultados. Ellos saben qué ocurre en sus fábricas, si no sería dejación de responsabilidades. Pero buscan el máximo beneficio, no son almas cándidas". Por eso la profesora de la UCM cree fundamental que los gobiernos actúen, que obliguen a las marcas a una auditoría externa "independiente". Lo mismo sostiene Ropa Limpia, que extiende la culpa a los organismos multilaterales: "Las limitaciones a los abusos de las empresas transnacionales no pueden venir sólo de sus medidas de responsabilidad social voluntarias. Hace falta una regulación internacional y organismos que puedan imponer su cumplimiento y que tengan capacidad sancionadora". 

La deslocalización, el afán por producir barato aunque sea atropellando los derechos de los trabajadores, se ha expandido como una fiebre en todo tipo de empresas, "incluso las medianas". Pero Melle también mira hacia los consumidores: "También somos responsables. Queremos mucha ropa y muy barata". Confía en que poco a poco se camine hacia una mayor transparencia y exhaustividad en los datos financieros y no financieros–la llamada información integrada, integrated reporting–, hacia un mayor control de los gobiernos y hacia una globalización más humana: "El crecimiento a toda costa ya no sirve. Hace falta bienestar social. Crecer para vivir mejor".