Toxo y Méndez sobre el Inem madrileño: “Es la crónica de un recorte del desempleo anunciado”

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, creen que la discriminación en la oferta de los puestos de trabajo por parte de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid no es sino la "crónica de un recorte del desempleo anunciado" ya en la reforma laboral, que con la creación del contrato de emprendedores "pretendía que tuvieran preferencia para ser contratados quienes cobran el desempleo hasta 30 años y para las pymes".

"Pero, francamente, este recorte [de la protección por desempleo] se veía venir a partir de los recortes en las políticas activas de empleo, de la reforma laboral y del Plan Nacional de Reformas. La ecuación cuadra, más allá de que haya tenido una expresión muy brusca en la Comunidad de Madrid", ha explicado el líder de UGT.

Tras reunirse en el Congreso con el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, los líderes sindicales han sido preguntados por las instrucciones que la Comunidad de Madrid ha dado a las oficinas de empleo para que ofrezcan trabajo antes a quienes cobran prestación por desempleo, priorizando a quienes tengan entre 20 y 45 años y hayan terminado el Bachillerato Superior, como parte de un plan piloto que será extendido si funciona.

"Gravísimo"

El Inem madrileño prioriza en las ofertas de empleo a quienes cobran prestación

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Según Fernández Toxo, esta información es únicamente "la punta del iceberg" de uno de los aspectos "menos analizados" en su momento de la reforma laboral, que permite que los parados con prestaciones aún disponibles puedan acceder a un porcentaje de esas cuantías para "aportarlas a la empresa que les contrate".

El dirigente de CCOO calificó de "gravísimo" ese cambio de política en las oficinas de empleo, porque supone "condenar a una zona de exclusión ya definitiva a las personas de más edad que llevan paradas largo tiempo por la duración de la crisis".

Además, ha anunciado que CCOO y UGT tomarán "iniciativas" para, en primer lugar, que el Gobierno dé "explicaciones satisfactorias al conjunto de la ciudadanía" y, segundo, para "evitar que este tipo de instrucciones se produzcan en el ámbito que sea". "Aunque parte de las políticas están transferidas a las comunidades autónomas, se trata de políticas nacionales y la legislación es estatal. Por tanto, corresponde al Gobierno aclararlo", concluyó Fernández Toxo.