El juez pide el suplicatorio para juzgar a José Blanco por tráfico de influencias

Pregunta a Alfredo Pérez Rubalcaba: "¿Sigue poniendo la mano en el fuego por el exministro José Blanco, como hizo en la última campaña electoral?". Respuesta del secretario general del PSOE. "Sí". Un sí rotundo y tajante, sin medias tintas ni más aderezos. Repregunta: "¿Debería dimitir?". Contestación de Rubalcaba: "Me remito a mis declaraciones, las he hecho reiteradamente. No tengo nada nuevo que decir".

Eso fue todo lo que este viernes dijo el líder de los socialistas a preguntas de los periodistas. La noticia de que el juez que instruye el caso Campeón en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, pedía a la Sala de lo Penal que trámite el suplicatorio al Congreso para poder investigar al exministro de Fomento y ex vicesecretario general del PSOE por tráfico de influencias llegaba en plena rueda de prensa de Rubalcaba con el presidente del SPD alemán, Sigmar Gabriel. El jefe de los socialistas fue prevenido y se esperaba que la prensa le inquiriese por este asunto. Lo que hizo simplemente fue ratificar su posición.

¿Y cuál era? Cuando la Fiscalía pidió a la Sala de lo Penal del Supremo que reclamara el suplicatorio, el propio Blanco hizo declaraciones públicas el pasado 12 de marzo. Y dijo que sólo renunciaría a su escaño como diputado si el TS cerrara la instrucción y decidiera abrir juicio oral contra él. Sostuvo que era lo normal, que "lo sorprendente" era que tras su declaración "voluntaria" ante el Supremo no se hubiera solicitado el trámite a la Cámara antes. Rubalcaba avaló en su día esa postura de Blanco y le dio toda la cobertura posible. El exministro siempre ha defendido su inocencia.

Intervención "determinante" en la concesión de la nave

El magistrado instructor estima parcialmente el escrito de defensa del ex número dos del PSOE y retira la inclusión en el suplicatorio del delito de prevaricación, que sí veía la Fiscalía, aunque dice que dependerá del "mejor parecer de la Sala", informa Europa Press. El tráfico de influencias, por el que sí pide investigar, lleva consigo penas de seis meses a dos años de prisión.

En su auto, hecho público este viernes, José Ramón Soriano aduce que la intervención de Blanco fue "determinante" para que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) cambiase de posición y decidiera otorgar al empresario José Antonio Orozco, amigo del exministro, la licencia ambiental necesaria para construir una nave industrial cerca del aeropuerto de El Prat.

"No es preciso que se especifique en sus detalles la capacidad de influir del ministro y alto cargo del Partido Socialista en una autoridad que pertenece a un partido hermano, habiendo encomendado la realización de los contactos a un secretario de Estado de su departamento, Isaías Táboas, que sí pertenecía al mismo partido que el alcalde de Sant Boi, el PSC", alega Soriano, informa EP. El magistrado alude a las conversaciones recogidas en el caso en las que Orozco hace mención a la ayuda de Blanco para la instalación de la nave. "Su significado gramatical y contextual es bastante claro", asegura.

Recurso ante la Sala

El juez también recuerda que la jurisprudencia ya ha establecido en ocasiones anteriores que la afinidad política y el ejercicio de ciertos cargos públicos puede constituir una forma de presión o de influencia en la persona que finalmente tiene que tomar la decisión. Soriano, en cambio, a diferencia de la Fiscalía, entiende que el exministro no cometió prevaricación y señala que esta, en todo caso, sería imputable al alcalde de Sant Boi, a la Junta de Gobierno.

En un auto separado, Soriano rechaza hacer varias diligencias requeridas por la Fiscalía. Entre ellas, la petición de información a los bancos para justificar ingresos que después fueron empleados por Blanco en la compra de una vivienda.

En el PSOE no sorprendió la noticia. En la cúpula se adelantó tras la comparecencia de Rubalcaba y Gabriel que muy probablemente el exministro recurriría. Y así será. Fuentes jurídidas informaron a Efe de que impugnará la decisión de Soriano ante la Sala de lo Penal, que es la competente para ratificar o no la petición del instructor.