Cuando la justicia mata

"Matar no está bien. Se lo enseñamos a los niños en la escuela y en la iglesia. ¿Entonces, por qué asesinamos?". Son palabras de Tanya Ibar, la mujer del español Pablo Ibar, condenado a la pena capital y que lleva 13 años en el corredor de la muerte del Estado de Florida (Estados Unidos), acusado de un triple asesinato.

Tanya ha sido una de las cinco presentes en la rueda de prensa previa a la inauguración del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebrará desde este jueves y hasta el sábado en Madrid. Tanya es una de las múltiples víctimas indirectas de esa "justicia que mata", tal como la define Raphael Chenuil-Hazan, director de Juntos contra la pena de muerte (ECPM, por sus siglas en francés), de esa justicia que asesina a quienes considera culpables: "Me parece inimaginable que alguien pueda matar a mi marido, ¿qué es lo que puede justificar eso?", se lamenta.

En la actualidad, la pena de muerte sigue vigente en muchos Estados. Hasta 57 la aplican en la con frecuencia, tal y como denuncia EPCM. 36 más la contemplan en su legislación, aunque ha transucrrido al menos una década desde la última ejecución. En el grupo de países que recurren sistemáticamente a la pena capital se encuentran Estados Unidos, China, India, Japón y multitud de estados africanos. Aunque son una minoría en el sistema internacional, se trata de países con poblaciones muy numerosas, tal y como señala Luis Arroyo, catedrático de Derecho Penal, rector emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de Société Internationale de Défense Sociale.

"La cuestión de la pena de muerte está en permanente debate y hay muchos pasos positivos si comparamos la situación actual con la de hace algunos años", explica Arroyo. Sin embargo, "aunque en Europa sólo Bielorrusia la mantiene y en América sólo está vigente en Estados Unidos y en las islas del Caribe, los actos brutales de terrorismo hacen que reaparezca como idea de fuerza en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la India, donde no se ejecutaba a un preso desde hace mucho tiempo, han ejecutado a los autores de un acto terrorista en Bombay que mató a casi 900 personas", añade.

La religión es otro de los factores frecuentemente empleados para la defensa de la pena de muerte, según el jurista: "En los países de fuerte imprimación religiosa, los imanes utilizan la religión como instrumento político y emplean el mismo argumento que aquí usó la Inquisición cuando censuró el primer libro que iba contra la pena capital, el de Cesare Beccaria: sostienen que abolir la pena de muerte es un insulto a dios, una blasfemia", comenta Arroyo.

Verdugo arrepentido

En la misma comparecencia ante los medios, ha compartido mesa con la esposa de Ibar Jerry Givens, ciudadano de Virginia (Estados Unidos) y antiguo guarda del corredor de la muerte: "La primera vez que ejecuté a alguien vi que en el certificado de defunción se escribía "homicidio" como causa de la muerte y comencé a reflexionar". Años más tarde, reconoce que decidió abandonar su empleo, "porque la pena de muerte es, en realidad, solo venganza".

Givens también ha expresado sus dudas en relación con el sistema norteamericano, ya que cree que sólo garantiza verdadera justicia "a quienes tienen mucho dinero". "Quizá alguna de las 62 personas que ejecuté tuvo un juicio injusto", ha señalado, para después declararse a favor de la abolición universal de la pena de muerte: "Dios es quien nos da la vida y el que se la lleva, no podemos ser nosotros quienes matemos. Hay que abolir la pena de muerte porque no hay manera de ir atrás. Cuando matas a alguien no es posible pedirle disculpas al condenado si ha habido un error".

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"La pena de muerte pertenece a la cultura de la violencia, es el camino de la venganza", sentencia Arroyo. Y, por si fuera poco, también es poco efectiva: "Todos los estudios científicos demuestran que la pena de muerte no tiene ningún efecto intimidador mayor que la pena privativa de libertad de 20 o 30 años", asegura. El experto cita como ejemplo Estados Unidos, donde no se observa una relación entre la vigencia de la pena capital y el ratio de homicidios en los diferentes estados del país.

A lo largo de los próximos días, se darán cita en Madrid hasta 1.500 participantes entre políticos, organizaciones y agentes de la sociedad civil. El congreso ha sido inaugurado este miércoles por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, junto con sus homólogos de Francia, Laurent Fabius; de Noruega, Gry Larsen; y de Suiza, Didier Burkhalter, cuyos países también patrocinan la cita.

El objetivo de los debates y talleres es, tal y como recuerda Chenuil-Hazan, "reunir a la sociedad abolicionista" y propiciar un "diálogo" con representantes de países que mantienen la pena de muerte para "abrir el camino hacia la abolición". El director de EPCM ha querido destacar la "amplitud inédita de la movilización" que ha suscitado el congreso.