El Gobierno de Navarra costeará la exhumación de los represaliados por el franquismo

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral de reparación moral de los muertos por el golpe militar de 1936. La norma, propuesta por Izquierda-Ezkerra, ha salido adelante con los votos de los parlamentarios de izquierda (PSN-PSOE, Bildu, Aralar-NaBai y Geroa Bai), la oposición del PP y la abstención de UPN, que gobierna en minoría.

El texto tiene por objeto "recuperar, reconocer y rehabilitar la memoria histórica" de los represaliados e introduce mejoras con respecto a la Ley de Memoria Histórica vigente a nivel estatal. A partir de ahora, el Gobierno de Navarra estará obligado por ley a "dar apoyo económico, técnico y humano" a los procesos de investigación y exhumación, así como a correr con todos los gastos.

Satisfacción entre las víctimas

"Es lo que debería ser", ha afirmado en declaraciones a infoLibre Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). González apunta que la norma foral es "mucho más completa" y que "subsana" uno de los "mayores fallos" de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo de Zapatero: la escasa concreción a la hora de determinar el apoyo que las Administraciones deben prestar a la causa memorialista.

Y es que la ley estatal, aprobada en 2007, establecía en su artículo 11 que las Administraciones facilitarían "a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación" y que se concederían "subvenciones para sufragar gastos".

Sin embargo, los sucesivos recortes del Gobierno del PP han dejado sin presupuesto esta partida y, en la práctica, las asociaciones memorialistas creen que la norma ha sido derogada de facto. Emilio Silva, presidente de la ARMH, también se ha felicitado por la aprobación de la Ley Foral este jueves: ""Los derechos humanos hay que garantizaros, no subvencionarlos", ha asegurado.

El censo de la memoria

El texto aprobado establece que la Administración asumirá las tareas de búsqueda y la elaboración de un "riguroso" censo de desaparecidos, de modo que se garantice a las familias "el derecho a conocer dónde están sus allegados". La elaboración del listado correrá a cargo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Navarra.

Además de las medidas mencionadas, se instaura la obligatoriedad de comunicar a la Administración de forma inmediata el hallazgo de restos susceptibles de pertenencer a desaparecidos y se enumeran medidas de reconocimiento "público permenante", como la celebración de un acto anual dedicado a los presos encarcelados en el Penal del Fuerte de San Cristóbal y la inauguración del Parque de la Memoria de Sartaguda, que contará con el máximo nivel de protección.

Una ley necesaria

Tras la aprobación del texto, Pedro Rascón, parlamentario del PSN ha recordado que esta "era una cuestión que las víctimas nos reclamaban". Rascón también se ha mostrado sorprendido por la falta de apoyo de UPN y PP, porque la ley "apenas se sale de la norma estatal". El portavoz de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, ha añadido que la norma supone un "hito muy relevante" en defensa de la memoria histórica. "La memoria de las víctimas, su reconocimiento y dignificación representa un deber moral", ha manfiestado.

Víctor Rubio, parlamentario de Bildu, ha recalcado que la ley "tiene más vigencia que nunca", se ha preguntado si "una sociedad sin memoria es una sociedad sana" y ha recordado que, pese a que en Navarra "no hubo frente de guerra durante la Guerra Civil", fue allí donde "se gestó el golpe". "Es un tema que sigue muy presente, la represión fue brutal", ha añadido Rubio, quien también ha recordado que hay unas 3.500 personas enterradas en cunetas de la Comunidad Foral aún pedientes de un entierro digno.

"Esta ley viene a colmar un vacío de justicia que nos hace más humanos", ha apuntado Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, el grupo que ha impulsado la propuesta. Mauleón ha dicho que el texto da respuesta a los familiares y víctimas, y que garantiza el "proceso de investigación y exhumación de los restos" por parte de la Adminsitración pública, en lugar de dejar estas tareas al amparo de subvenciones que pueden ser objeto de recortes que dificulten la conclusión de los trabajos.

Por su parte Xabi Lasa, portavoz de Aralar Nafarroa, ha asegurado que esta ley supone "un primer paso importante para resarcir a las víctimas", aunque no obstante ha matizado que le hubiera gustado que la nueva legislación "fuese más allá". De igual manera, Lasa ha lamentado que los promotores de la iniciativa no hayan consensuado "con el resto de la izquierda" un texto común. En Navarra "hubo odio, venganza y aún hay cadáveres en las cunetas"

, ha recalcado por su parte Patxi Leuza, parlamentario de Geroa Bai. En opinión de Leuza, Navarra "necesitaba" una ley propia para dar salida a la situación.

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Pero el apoyo al texto no ha sido unánime. UPN, que gobierna en minoría, se ha abstenido. "La ley no es fruto del consenso", ha asegurado el parlamentario Javier Caballero. En la misma línea, el Partido Popular de Navarra (PPN), que ha votado en contra, ha dicho en palabras de su diputado Eloy Villanueva que la iniciativa de Izquierda-Ezkerra ha roto "un consenso que con mucho esfuerzo se había logrado".

Ese acuerdo que menciona el PPN se consiguió en una ponencia parlamentaria, cuyo texto guarda amplias similitudes con el aprobada este jueves en la cámara foral, pero que no tenía ningún efecto en la práctica, puesto que las ponencias son meras declaraciones suscritas por los grupos parlamentarios.

Así las cosas, algunos grupos de la oposición critican que la derecha se haya desmarcado de la ley a pesar de haber estado conforme con el texto de la ponencia aprobada, y creen que UPN y PPN han retirado su apoyo porque, en esta ocasión, el texto tendrá efectos prácticos.