¿Ejemplaridad? Al fondo, a la izquierda

Diez días después de que infoLibre destapara que europarlamentarios españoles mantienen un fondo privado de pensiones gestionado por una sociedad de inversión de capital variable (sicav) en Luxemburgo, y que fue alimentado fundamentalmente con dinero público durante quince años (hasta 2009), va siendo hora de valorar las reacciones principales que esa información ha provocado.

1) Dimisión de Willy Meyer

El número uno de la lista de Izquierda Unida al Parlamento Europeo presentó su dimisión y su renuncia al acta de eurodiputado. Aseguró que se enteró por infoLibre de que su fondo de pensiones estaba gestionado por una sicav, y que decidía dimitir por coherencia, puesto que el programa de IU para esas elecciones del 25-M planteaba una nueva regulación de las sicav y denunciaba su utilización como "fórmulas de elusión fiscal".

La renuncia de Meyer es un gesto de decencia política que hay que poner en valor en un país en el que parece que cuesta más dimitir que resucitar. Pero también conviene reconocer que a Willy Meyer lo esperaban en IU como a aquel pasajero que pierde el conocimiento en 'Aterriza como puedas': había una fila de gente dispuesta a despertarlo atizándole una bofetada, una patada, un puñetazo o hasta empleando una llave inglesa. Meyer (y Cayo Lara después) ha tenido que ceder poder a los jóvenes que disputan el mando de la coalición a la vieja guardia. (El tiempo dirá si se trata de una regeneración profunda o de una batalla por el poder o de ambas cosas).

2) “No sabía que era una sicav”

Ha sido una reacción muy extendida entre exeuroparlamentarios. Desde Elena Valenciano (PSOE) a Rosa Díez (UPyD), Soraya Rodríguez (PSOE) o el propio Meyer. Y no hay motivos para dudar de su sinceridad: todo el mundo puede firmar en un momento dado unos papeles sobre un fondo de pensiones que posteriormente se gestiona desde una sociedad de inversión de capital variable sin tener conocimiento de ello o sin leer la letra pequeña. Aunque el nombre de la criatura sea Fonds de Pension-Députés au Parlement Europeen Sicav. Aunque distintos exeurodiputados de diferentes partidos expliquen que todos recibían trimestralmente los extractos sobre la marcha del fondo ubicado en Luxemburgo. Aunque, como ha manifestado Ignasi Guardans, lo del fondo fuera una conversación recurrente en pasillos y cafeterías del Europarlamento.

3) “Se demoniza a las sicav por ignorancia”

Quienes desde la política o desde algunos medios han salido en defensa del citado fondo restan importancia al hecho de que esté gestionado por una sicav. Insisten en la obviedad de que es una fórmula legal (algo que aquí no se discute) e incluso argumentan que cualquier fondo de pensiones ubicado en España tributa todavía menos (cero euros) que estando en Luxemburgo bajo el paraguas de una sicav. Y que los fondos de pensiones abiertos en cualquier banco a su vez invierten después en sicav sin que el titular del fondo lo sepa.

Lo cual equivale a preguntar “¿de dónde vienes?” y que te respondan “manzanas traigo”. En primer lugar porque las comparaciones han de ser homogéneas para no ser tramposas: una sicav en España tributa al 1%, y en Luxemburgo al 0,01%. Por tanto si se elige una sicav (por la razón que fuere) es más ventajosa en Luxemburgo que en España. Si se quieren comparar los fondos de pensiones en España y en Luxemburgo, estupendo. Pero esa es otra historia.

En segundo lugar, que se utilice una sicav es algo que no provoca la menor contradicción en los representantes del PP. (¡Faltaría más!, cuando el propio Arias Cañete fue administrador de esa sicav y cuando el ministro Cristóbal Montoro presume de que siempre supo lo que firmaba y que además lo ha declarado como renta cada año). Por supuesto que suscita un problema entre quienes han defendido la eliminación o la reforma de las sicav para evitar que sean utilizadas por las grandes fortunas como vías de elusión fiscal. Así figura en las conclusiones de la Conferencia Política del PSOE o en los programas electorales de IU o en los de UPyD. Por eso es coherente la dimisión de Meyer y por eso Elena Valenciano o Soraya Rodríguez se han comprometido a renunciar a ese fondo de pensiones en Luxemburgo, como además han exigido los candidatos a la secretaría general socialista en sustitución de Rubalcaba.

Lo de Rosa Díez es caso aparte. Le vale todo. No sabía que era una sicav, pero qué más da, si las sicav ya no son tan malas como en 2011, cuando UPyD formulaba como propuesta número 79 de su programa: “eliminar los privilegios concedidos a las sicav”.

4) “Se demoniza a Luxemburgo por demagogia”

El fondo de pensiones de los eurodiputados y la sicav que lo gestiona están ubicados en una entidad bancaria de Luxemburgo. La justificación oficial consiste en que es en Luxemburgo donde tiene su sede la secretaría general del Parlamento Europeo, y por tanto era más práctico y eficaz que el fondo tuviera la misma ubicación. Como todo el mundo sabe, las instituciones de la Unión Europea están repartidas en varias sedes, y de hecho el Europarlamento está radicado en Estrasburgo (Francia). Luxemburgo no figura en la cada día más limitada lista de paraísos fiscales de la OCDE, aunque en la práctica no hay experto ni observador riguroso que no reconozca que el Gran Ducado funciona como un territorio offshoreoffshore: menor tributación, opacidad financiera y diletante cooperación judicial con terceros países. No hay más que repasar los grandes casos de corrupción político-empresarial-económica de las últimas décadas (Urdangarin o Gürtel, por ejemplo) para encontrar en todos ellos cuentas bancarias o sociedades inscritas en Luxemburgo.

¿Cómo se puede demonizar a un país como Luxemburgo, fundador de la Unión Europea? Sin ningún afán por demonizar a nadie (y menos a países enteros), el planteamiento es más bien el inverso: Luxemburgo no está definido como paraíso fiscal por ser fundador de la UE y por pertenecer a su núcleo duro, y goza de la mayor renta per cápita del mundo (104.000 dólares) precisamente por su gigantesco negocio financiero. Un exeurodiputado español titular del discutido fondo reconoce que “se eligió Luxemburgo pensando en la mejor rentabilidad posible para el fondo, como es lógico”. Pues eso.

5) “Se demoniza a los eurodiputados por antipolítica”

Vaya por delante una obviedad de carácter democrático: quien esto firma e infoLibre como medio periodístico independiente defienden como principio la absoluta necesidad de la política, y el papel imprescindible del ejercicio de la política en democracia. No está en discusión el derecho legítimo de los políticos a percibir salarios dignos, superiores incluso a los actuales, y a acumular su derecho a pensión como servidores públicos.

Se argumenta (y es perfectamente creíble) que el origen de la puesta en marcha del polémico fondo de pensiones de los eurodiputados radica en las diferencias salariales entre los europarlamentarios de los distintos países en 1990. Se trataba de equilibrar y reducir esa brecha en lo que se refería a la futura jubilación. Por entonces, y hasta 2009, cuando entró en vigor el Estatuto del Eurodiputado, cada Parlamento de cada país pagaba a sus eurodiputados lo que estimaba oportuno, incluidas las cotizaciones de su futura pensión. La ocurrencia de varios eurodiputados británicos, entre ellos el conservador Anthony Simpson, de “solucionar” esa injusticia creando un fondo privado, complementario y voluntario de pensiones, puede ser discutible pero respetable. Y hasta el hecho de que la Mesa del Europarlamento, presidida en aquella fecha por el español Enrique Barón, aceptara aportar dos euros de dinero público por cada euro que el eurodiputado invirtiera en su fondo (aceptemos un calamar gigante como animal de compañía). Pero lo que es mucho más que discutible, y de hecho no se puede calificar sino como una chapuza infumable, es la decisión de que el Europarlamento no sólo aportara oficialmente el 68,5% de los ingresos totales del fondo, sino que además la cuota “particular” de cada parlamentario saliera de la partida para gastos generales, como demuestran las propias actas de la Eurocámara. Lo cual significa que en la mayoría de los casos (la concreción no es posible tenerla por la opacidad y el descontrol de esas partidas en el Europarlamento) los eurodiputados no pusieron un euro de su bolsillo.

Lo de Rosa Díez (una vez más) es caso aparte. Ha proclamado su indignación por no saber que ese fondo se gestionaba desde una demonizada sicav, y exige al Europarlamento todo tipo de explicaciones. Se le olvida lo verdaderamente importante, y es que ese fondo se ha nutrido con más de 95 millones de euros de dinero público, en unas condiciones ventajosas para los eurodiputados. Y resulta que Rosa Díez y UPyD han sostenido como uno de sus ejes programáticos la exigencia de que se elimine cualquier privilegio de los parlamentarios, y muy especialmente la percepción de dinero público para fondos privados de pensiones (ver vídeo). De hecho el fondo para pensiones del Congreso de los Diputados (aún hoy gestionado por el BBVA) dejó de recibir aportaciones públicas (que estaban limitadas al 10% del salario mínimo) en 2011.

La indignación de Rosa Díez contra los “privilegios de la política” no le ha llevado al extremo de renunciar al fondo de Luxemburgo, como han anunciado que harán Valenciano, Soraya Rodríguez o el propio Meyer, entre otros. Díez podrá cobrar esa pensión a partir del 27 de mayo del año próximo, cuando cumpla los 63.

6) “Se demoniza algo que hacen millones de españoles”

El propio Enrique Barón, después de una semana de silencio voluntario, acudió a la SER para quejarse de las “dosis importantes de demagogia”, de las “lecciones de moral” y de “las barbaridades que se han dicho”, y comparó el fondo de Luxemburgo con “los fondos de pensiones que tienen más de seis millones de ciudadanos españoles” y que “recomienda el Pacto de Toledo para aquellos que quieran mejorar su situación”. La irritación de Barón le llevó seguramente a ese tótum revolútum. Aparte de que el Pacto de Toledo se firmara cinco años después de que él presidiera la Mesa que aprobó el fondo del Europarlamento, lo cierto es que nadie discute el derecho de cualquier ciudadano a tener un fondo de pensiones complementario, voluntario, privado… siempre que se lo pague. Y si se trata de empresas o administraciones públicas, la aportación del Estado (antes de que fuera congelada) nunca llegó al 0,7% de la masa salarial, porcentaje que nada tiene que ver con el 68,5% (como mínimo) que el Europarlamento ingresaba, por ejemplo, en el fondo privado y voluntario de Enrique Barón.

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7) “Se demoniza el pasado con los ojos del presente”

Quizás esta sea la reacción o argumento más comprensible de los que se vienen empleando por parte de numerosos implicados o salpicados por este asunto. La sensibilidad ciudadana acerca de cualquier posible privilegio de un político o sobre lo que significa una sicav o una cuenta bancaria en Luxemburgo ha variado mucho en los últimos años. Claro. Es que sobran motivos para la indignación. Muchos políticos están pagando en su trasero las patadas que merecen los mayores responsables de la megacrisis financiera. Precisamente por eso, se equivoca (y mucho) Barón, porque demoniza el presente con ojos del pasado, y pareceno entender la importancia de diferenciar entre dinero público y privado. ¿En serio considera normal Enrique Barón que el Europarlamento, en nombre de los contribuyentes europeos, haya asumido el déficit que pueda sufrir ese fondo de pensiones si su intachable sicav se equivoca en sus inversiones especulativas? (Con datos de diciembre de 2012, el déficit actuarial, o sea la diferencia entre los activos del fondo y sus compromisos de pago ascendía a más de 222 millones de euros).

Los baremos exigibles de ejemplaridad pública (en el sentido que defiende el filósofo Javier Gomá) suponen que el político no sólo debe respetar la ley (eso se da por supuesto) sino actuar de forma decente, honesta, que "produzca en los demás una influencia civilizadora”. Aplicado al presente y al caso que nos ocupa, caben distintas maneras de mostrar esa ejemplaridad, desde la dimisión hasta la devolución del dinero público, y por supuesto cabe un ejercicio de transparencia muy simple: las aportaciones privadas a un fondo no son clandestinas. Sería sencillo demostrarlas. Por cierto: ya que no tienen ninguna intención de devolver nada, ¿serían tan amables Cristóbal Montoro, Rosa Díez y Arias Cañete de hacer públicas sus aportaciones particulares al fondo de Luxemburgo, o es que la ejemplaridad sólo es exigible a la izquierda?