La Comunidad de Madrid ahonda en la privatización de la educación infantil

La estrategia de remodelación neoliberal de la enseñanza que Esperanza Aguirre impulsó en la Comunidad de Madrid también ha calado a los centros de Educación Infantil. Y lo ha hecho en dos vertientes: mediante el impulso a los centros semipúblicos gestionados en régimen de concesión administrativa y a través del fomento de las ayudas al acceso a los centros totalmente privados. Las cifras no dejan lugar a dudas. De las de 136 guarderías que son de propiedad autonómica, sólo 57 son cien por cien públicas. Las otras 79 están gestionadas por empresas concesionarias que pujan por quedarse con la gestión a través de un sistema de subasta. Además, la última guardería que gestiona directamente la Administración autonómica se inauguró hace 18 años, en 1996. 

Por otro lado, la Comunidad viene desarrollando desde 2002 un plan de subvenciones para los centros privados que tiene como eje principal los cheques guardería, que van desde los 100 a los 160 euros mensuales, y que hacen que los precios en los centros cien por cien privados lleguen a ser incluso más bajos que en los públicos, que mantienen tarifas similares sean de gestión directa o indirecta. Este curso 2013-2014 se entregaron 31.000 de esas ayudas y está previsto que el próximo vuelvan a destinarse otros 34 millones de euros para mantenerlas. A este hecho se suma, además, la desgravación fiscal del 15% que Madrid mantiene para los gastos de escolarización del segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) si las familias llevan a sus hijos a centros que están fuera de la red pública o concertada. La compra de libros de texto o las cuotas por comedor o transporte no tienen, sin embargo, beneficio fiscal alguno en ninguno de los sistemas de enseñanza.

No obstante, la Mesa de Agentes Sociales por la Educación Infantil, denuncia que la peor puñalada que ha recibido el modelo público de Educación Infantil ha sido el aumento progresivo de las tasas que estos centros vienen padeciendo desde 2008. Las subidas, según datos aportados por este colectivo que integra a representantes de los padres y profesores, son de hasta el 180% para los menores de un año y del 100% en los de uno y dos años desde 2008. De hecho, este colectivo estima que aproximadamente 4.500 plazas de la red pública (un 10% del total) están sin cubrir por las "abusivas tasas impuestas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Carmen Ferrero, representante de la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 0-6, señala que las plazas vacantes se concentran en el grupo dirigido a niños menores de un año por el suplemento de 60 euros mensuales que deben pagar, además de la cuota establecida, que puede ser de hasta 236 euros al mes dependiendo de la renta. Según datos de CCOO aportados por su responsable de Enseñanza en Madrid, Isabel Galvín, la demanda de escolarización de niños de entre cero y tres años en la Comunidad se ha reducido "casi un 60%" con respecto al curso 2010-2011. A esa situación, a su juicio, ha contribuido especialmente la caída en las zonas en las que más ha azotado la crisis y el desempleo. Galvín asegura además que las listas de espera han menguado porque hay muchos niños que "están en sus casas con sus abuelos, con sus padres que están desempleados, con alguna vecina, y por tanto no están recibiendo la educación que necesitan". 

Con todos estos componentes encima de la mesa parece sencillo analizar por qué la madrileña es la comunidad que menos alumnos de educación infantil tiene escolarizados en centros públicos. En el curso 2011-2012, que es el último del que el Ministerio de Educación ha publicado datos, eran un 51,7% del total, frente al 66,5% de Cataluña, el 69,4% de Andalucía o el 78,1% de Castilla-La Mancha. La evolución también es llamativa. Pues en el curso 1996-1997 –el PP llegó al Gobierno madrileño en 1995– el porcentaje de alumnos en guarderías públicas era del 60%. 

Las claves de la gestión semipública 

Dentro de esta deriva privatizadora hay otro asunto que preocupa especialmente a colectivos de padres y profesores. Se trata de la entrada en la gestión de las guarderías semipúblicas (las que son de propiedad pública pero gestionadas a través de una concesión administrativa) de empresas multiservicio en principio ajenas al sector educativo como son Clece –filial de servicios de la constructora ACS– o Eulen, con amplia implantación en los sectores de seguridad, mantenimiento y limpieza. La historia no es nueva. Organizaciones de padres, sindicatos y partidos de la oposición llevan años denunciando un desembarco que se ve favorecido por el recorte en los presupuestos de las escuelas, lo que dificulta que empresas de economía social y cooperativas sin ánimo de lucro entre en liza.

Se debe también, explica Blanca Azanza, presidenta de AMEIGI, la asociación de escuelas infantiles de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid, a otra circunstancia: el cambio en los criterios de baremación implantado en 2009. A partir de entonces, a la hora de pujar por hacerse con la gestión de una guardería, 45 puntos dependen del proyecto económico, 45 del proyecto educativo y diez del proyecto de inglés y personal extra. Hasta entonces, la Administración otorgaba una partida presupuestaria al centro por módulos en función del número de alumnos y del horario y la licitadora, adaptándose a ese presupuesto, presentaba su propuesta educativa. "La mejor propuesta educativa, ganaba", asevera. 

La Comunidad de Madrid se defiende diciendo que este cambio se debe a una modificación que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluyó en la Ley de Contratos con el sector público y que la Comunidad de Madrid "simplemente se adaptó a la nueva normativa". Asimismo, fuentes del departamento que dirige Lucía Figar señalan que los pliegos "garantizan la calidad educativa" porque, en conjunto, el proyecto educativo y organizativo (55 puntos) "pesa más" que el económico (45). 

Aunque desde la Comunidad insisten en que "una empresa que no se dedique al sector educativo no puede ganar un concurso de adjudicación de escuelas infantiles" porque ese es uno de los "requisitos indispensables", los colectivos de padres desconfían de la gestión de estas empresas multiservicio. Señalan que lo ajustado de sus presupuestos afecta también a la alimentación y la higiene de los pequeños. "Cuando hay recortes tan salvajes en el presupuesto la calidad se ve resentida. Hay menos profesionales y, por tanto, no pueden estar tan pendientes de nuestros hijos. Además su formación suele ser peor y eso tiene influencia en el proyecto educativo", dice Beatriz Domínguez, que trata de organizarse junto a otros padres para impulsar una cooperativa que sí sea capaz de impulsar una escuela infantil como Las Nubes, en la que hasta ahora estuvieron sus pequeños y que abandonará si empieza a gestionarla una empresa multiservicio. 

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infoLibre intentó, sin éxito, recabar la versión de Clece –una de las compañías más cuestionadas por los colectivos de padres–, que en 2009 ganó la gestión de dos guarderías en Madrid y en 2010 obtuvo ocho más, según un reportaje publicado por PeriodismoHumano. No obstante, según informa en su página web, Clece lleva "más de 10 años gestionando íntegramente escuelas infantiles de primer ciclo (0 a 3 años) en toda España". En la actualidad administra 87 escuelas infantiles en todo el país impulsadas por comunidades autónomas y ayuntamientos en régimen de concesión administrativa. 

Por otro lado, los sindicatos aseguran que estas compañías multiservicio aumentan la competitividad de su oferta por la vía del precio. En este punto –denuncian– la precariedad salarial de sus trabajadores, es una de las claves. "Las ofertas a la baja tienen consecuencias en el empeoramiento de las condiciones laborales, con convenios abusivos y un alto nivel de rotación que obliga a los niños a constantes procesos de adaptación", analiza Virginia Fernández Rebollo, secretaría de comunicación de FETE-UGT Madrid.

Beatriz Domínguez pone cifras concretas a esta merma de presupuesto. El centro al que llevaba a sus hijos, Las Nubes, ubicado en el distrito madrileño de Retiro, estuvo gestionado hasta este curso por una cooperativa. Pero el contrato expiró este curso y la gestión de la guardería –que es de provisión pública pero gestión privada– volvió a salir a concurso, pero con una rebaja del 13% respecto a la última licitación, que fue en 2009. Hace un par de semanas, la Mesa de Contratación abrió las ofertas económicas de los candidatos a hacerse con las concesiones. Aunque no fue una sorpresa, Clece, Eulen, y otras compañías como Kidsco Balance S.L. (condenada recientemente por un Juzgado de lo Social por tener un convenio colectivo ilegal tras una demanda de CCOO) pujaron hasta un 20% a la baja sobre la base de licitación. En total, hasta 33 puntos de rebaja sobre el monto previsto en 2009. "Una cantidad imposible de igualar para la cooperativa que gestiona actualmente el centro y que nadie tiene dudas de que acabará repercutiendo en la calidad", sentencia Domínguez.