¿Qué han defendido PP y PSOE sobre la elección de alcaldes desde 1996?

Los argumentos, en política, a veces van y vienen. Y lo que se decía ayer no vale hoy, y al contrario. Todo depende de la coyuntura, de la conveniencia y de si uno está en el Gobierno o en la oposición. 

Ha ocurrido con la elección directa de alcaldes. Una propuesta que el PSOE llevó al Congreso en 1998 y que después trasladó a su programa electoral para las generales de 2000. El mismo año en el que el PP lo incorporó a sus promesas para los ciudadanos. La medida, redactada de forma bastante concreta, se mantuvo en los manifiestos programáticos de los dos grandes partidos en 2004, e incluso el nuevo Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se marcó la reforma electoral como una de sus metas prioritarias de legislatura. En 2008 y 2011 las cosas cambiaron. La iniciativa se cayó de los programas del PSOE y pervivió, de forma más vaga, en los documentos del PP. En 2013, la idea de propiciar una "relación más directa de los electores" con sus regidores regresa al corpus socialista en la Conferencia Política.

En 2014, y sólo después de las elecciones europeas del 25-M, que propinaron un fortísimo varapalo al PP –sólo amortiguado por la debacle aún mayor del PSOE–, el Ejecutivo conservador decidió poner la máquina a rodar, lanzando su intención de cambiar la ley para que pueda gobernar el candidato de la lista municipal más votado. Invocando la "regeneración democrática", atizando el fuego contra los "pactos en oscuros los despachos". Atreviéndose incluso a sacar adelante su iniciativa en solitario, con el rechazo frontal de una oposición indignada que se niega a negociar nada a sólo nueve meses de las siguientes locales y autonómicas. El PP nunca había puesto, negro sobre blanco, su propuesta de otorgar la mayoría absoluta a aquellos que obtengan más del 40% de los votos. Y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había recalcado que "nunca", "en ningún caso", modificaría la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) sin consenso. 

Lo que sigue es un repaso de lo escrito por conservadores y socialistas desde 1996 –año de la victoria de José María Aznar– sobre el sistema de designación de alcaldes, la legislatura en la que la medida alcanza una pionera y acabada plasmación. En programas electorales y también en iniciativas parlamentarias y documentos ideológicos nucleares. 

01. PSOE: OLVIDO EN EL GOBIERNO, RESCATE EN LA OPOSICIÓN

En los comicios legislativos de 1996, los últimos en los que concurrió Felipe González, los socialistas sí incluían un epígrafe sobre los necesarios "cambios en la Ley Electoral". Pero nada que ver con los ayuntamientos. Aludía a la posibilidad de desbloquear las listas o simplificar el voto de los españoles residentes en el extranjero. 

El 30 de noviembre de 1998, mediada la primera legislatura de Aznar, el gaditano Alfonso Perales, entonces secretario de Política Municipal del PSOE –y fallecido en 2006–, registró en el Congreso una proposición de reforma de la Ley Electoral [consúltala aquí en PDF] para procurar la elección directa de los alcaldes. ¿Con qué razones? "La búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y, en fin, de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos".

La iniciativa, alumbrada durante los años de gobierno del partido de Joaquín Almunia, fue cuidadosamente perfilada. Y planteaba algo distinto a lo que promueve el PP hoy. Apostaba por la verdadera elección directa del regidor, de forma separada a los concejales en aquellos municipios de más de 250 habitantes. Los conservadores, ahora, están deslizando simplemente la idea de que retenga el bastón de mando el candidato de la lista más votada. 

Empujón con Zapatero, hace una década

Los socialistas diseñaron en 1998 este sistema: si el candidato a alcalde obtenía la mitad más uno de los votos válidos emitidos, sería proclamado regidor, pero si ningún aspirante lograba esa mayoría absoluta, se celebraría una segunda vuelta 14 días después de la primera votación. A esta segunda ronda –balotaje, a la manera francesa– sólo podrían concurrir los candidatos que hubieran obtenido al menos el 15% de votos válidos. Un listón que, en el fondo, pretendía excluir a terceras fuerzas. La excusa para imponer esa barrera del 15% era evitar la repetición de la primera vuelta "sin apenas cambio en el comportamiento electoral". Además, para evitar el riesgo de un Gobierno en minoría, la proposición preveía una prima para el partido o coalición que apoyase al alcalde. Este recibía así el 55% de los escaños en liza. 

La iniciativa caducó en el Congreso. Es decir, murió en los cajones de la Cámara sin que hubiera sido siquiera debatida. Pero para el PSOE la propuesta no se marchitó. En las generales de marzo de 2000, con Almunia con candidato, los socialistas se comprometían a "fortalecer la figura y la posición institucional del alcalde, mediante su elección directa por los ciudadanos". 

Zapatero le daría el empujón más significativo a la medida. En el programa marco de las municipales de 2003 [aquí en PDF], el PSOE defendió el diseño redactado en 1998 (votación separada de alcalde y concejales, segunda vuelta si en la primera votación ninguna candidatura hubiera obtenido mayoría absoluta, barrera del 15% para poder acceder a la segunda ronda). "Esta fórmula permitiría las alianzas [previas] entre candidaturas –se argumentaba en el documento– y significaría que dichos pactos y la conformación de mayorías, que ahora se establecen intramuros del ayuntamiento, se sometan al veredicto popular". 

En las generales de 2004, se reivindicó de nuevo la elección directa de los alcaldes, en votación diferente pero simultánea a la de los concejales, en un sistema de doble vuelta "que refuerce la gobernabilidad de los ayuntamientos". 

Alternativas para 2008 y 2011

Zapatero venció en aquellos comicios a Rajoy. La nueva vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en su primera comparecencia en el Congreso, en mayo de 2004, que como el Ejecutivo apostaba "decididamente por una democracia cercana a los ciudadanos", se aprovecharía la reforma de la legislación electoral "para convertir a los municipios en verdaderas administraciones de proximidad", permitiendo la elección directa de alcaldes. 

Pocos meses después, en septiembre de 2004, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció que la reforma de la Loreg incluiría las nuevas reglas de designación de los regidores en doble vuelta. Dio argumentos de sobra conocidos: más "estabilidad", más "autoridad" y "mayor posibilidad de conectar directamente con la figura del alcalde". El PP no se oponía a revisar este aspecto, y argumentaba que ya lo llevaba en sus anteriores programas, dando el gobierno a quien encabezara la lista más votada y asignándole a este la mitad de los concejales más uno. Aquella modificación profunda y ambiciosa de la Ley Electoral nunca llegó a ver la luz, precisamente por falta de consenso.

En las dos siguientes generales, con el PSOE aún en el Ejecutivo, la idea de elegir a los primeros ediles de forma separada desapareció. En 2008, Zapatero, prometió varios retoques del sistema electoral (crear una circunscripción en el exterior, aumentar las garantías del sufragio de los emigrantes, garantizar el voto de las personas con discapacidad, introducir las nuevas tecnologías, evitar las prácticas de publicidad institucional propagandística, alumbrar una comisión de arbitraje para los debates), pero nada referido a los ayuntamientos. Y en 2011, ya con Alfredo Pérez Rubalcaba de número uno a la Moncloa, los socialistas sugirieron reformar la ley para implantar en España el modelo alemán, desbloquear las listas, profundizar en la paridad y estudiar el voto por Internet. 

En noviembre de 2013, el PSOE rescató parcialmente, de forma mucho más tamizada, su antigua intención. "Vamos a tomar en consideración los sistemas electorales de nuestro entorno con el objetivo de aumentar la proximidad entre electores y elegidos. En el ámbito municipal sería conveniente estudiar cambios en el sistema para una relación más directa de los electores con la elección del alcalde o la alcaldesa incluyendo reformas electorales en tal dirección", rezaba el documento final de la Conferencia Política, con la que el partido remozó su proyecto bajo el liderazgo de Rubalcaba. 

El PSOE ya ha advertido al PP de que no negociará "ni ahora ni nunca" la reforma pretendida por el PP. Su principal objeción tiene que ver con los tiempos y la tentación "oportunista" que subyace en los propósitos del Gobierno. El secretario general, Pedro Sánchez, ha venido insistiendo en que su partido no puede entrar a discutir un cambio de tal calibre a escasos meses de las municipales, y menos aún cuando los conservadores buscan, a su juicio, salvar alcaldías como sea. El pasado sábado, el líder censuró al PP por "identificar la regeneración democrática con resolver sus problemas internos" y volvió a demandar la comparecencia de Rajoy en el pleno del Congreso, para que aclare qué piensa hacer y si está dispuesto a seguir adelante aun sin el apoyo del principal partido de la oposición. 

02. PP: DEMANDA DE LARGO RECORRIDO, PRISAS DE ÚLTIMA HORA

En 1996, Aznar prometía una "mayor proximidad de los municipios a los intereses de los ciudadanos", pero ello no se traducía en una reforma del método de elección de los regidores, sino en la descentralización a favor de los ayuntamientos de determinadas materias y en una mayor autonomía local. 

La primera referencia más consistente sobre este asunto que se halla en los programas del PP está en 2000. Los conservadores proponían el cambio de la Ley Electoral "con fórmulas que permitan mejorar la gobernabilidad y estabilidad política de las corporaciones locales". 

En 2004, Rajoy ya era el candidato. Fue el año en que el partido perfiló más su medida. Lo redactó así: "Elección directa del alcalde con atribución automática de este cargo al cabeza de la lista más votada, en los municipios superiores a determinado número de vecinos. Para asegurar la estabilidad y gobernabilidad de las corporaciones locales, se atribuirá automáticamente la mitad más uno de las concejalías a cubrir a la lista más votada. Las restantes listas se distribuirán proporcionalmente a sus votos las restantes concejalías". No hay rastro de porcentajes ni de segundas vueltas. 

Cuatro años más tarde, el PP adelgaza la formulación: "Promoveremos una reforma de la Ley del Régimen Electoral para garantizar que el ayuntamiento sea gobernado por la candidatura más votada. Aunque la vaguedad es aún mayor en noviembre de 2011, justo los comicios que gana Rajoy. "Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de los ayuntamientos". A esa redacción tan laxa se agarra el Gobierno para defender su iniciativa... ahora, tras el 25-M. 

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Basada en la propuesta de 2010

El PP argumenta que ya en el debate de la reforma electoral aprobada en la última legislatura, en 2010 –y que pactaron los dos grandes, más CiU y PNV–, ya ofreció al PSOE una propuesta de primar a la candidatura más votada, otorgándole la mayoría absoluta de ediles, siempre que esa lista hubiera obtenido al menos el 40% de los votos con siete puntos de ventaja sobre el segundo, según advirtieron fuentes del partido a Europa Press. Los socialistas prometieron estudiarlo, pero su preferencia era la que ya había expresado en el pasado: doble vuelta. Al final, no se cerró ningún acuerdo porque se dio prelación al entendimiento sobre otros aspectos de la modificación de la Loreg, como la rebaja de gastos electorales, la prohibición de las inauguraciones en periodo electoral, la exclusión del voto emigrante en las municipales o la introducción del voto rogado. 

Los conservadores tienen en la cabeza todavía ese planteamiento, aunque dicen no negarse a explorar la posibilidad de una segunda ronda. El PSOE, en cualquier caso, dirá no por lo mismo, los tiempos y el "oportunismo" de Rajoy.