Denuncian nuevas irregularidades en la venta de vivienda pública a fondos buitre en Madrid

El movimiento de protesta contra la adjudicación de 2.935 viviendas de protección pública a la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs sigue su recorrido jurídico en los tribunales. Y los querellantes –el PSM, que llevó ante la Justicia esta licitación y las asociaciones de afectados que se adherido como acusación popular– han aportado datos que vendrían a probar supuestas irregularidades cometidas en la venta de 32 promociones, situadas en varios emplazamientos de la Comunidad de Madrid, por 201 millones de euros. 

Este miércoles declaró como imputada la directora del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), Ana Gomendio López de Asiaín tras la querella presentada por los socialistas madrileños en la que le atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado los pliegos de ese concurso. Según señalaron fuentes jurídicas conocedoras de la declaración, Gomendio López de Asiaín defendió la legalidad de esa adjudicación y basó su defensa en dos aspectos. Por un lado, argumentó que el precio fue más ventajoso porque se trató de una venta conjunta y que eso explica la diferencia entre el precio al que las empresas compraron los inmuebles y el precio máximo medio al que los pueden vender. Asimismo, dijo desconocer algunos de los aspectos planteados por los querellantes porque cuando llegó al cargo, en abril de 2013, el proceso de venta, que se consumó cuatro meses después, ya estaba iniciado. Por eso, las acusaciones ya han anunciado que pedirán al juez que llame a declarar como imputado a Juan Van-Halen, que es ahora director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento. 

La acusación ha aportado también nuevos datos sobre los que la directora de la Ivima no se ha pronunciado con claridad, recurriendo a las citadas explicaciones. Consultadas por infoLibre, fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda han declinado hacer ningún tipo de declaración al respecto. Los querellantes consideran que una de las principales irregularidades del proceso es que la firma que adquirió los edificios es EnCasaCibeles, una nueva empresa que está participada en un 98% por el fondo Goldman Sachs y un 2% por la sociedad de gestión Azora. Pues bien, según las actas de la mesa de contratación Goldman Sachs fue una de las licitadoras excluidas del procedimiento porque ella misma comunicó al órgano de contratación su voluntad de no subsanar la documentación [ver documento, aquí]. Esto supone que, de facto, la adjudicataria fue una empresa excluida del concurso. 

Otro de los aspectos que, según los querellantes, apuntan a la irregularidad del proceso es el hecho de que el Ivima no haya explicado por qué se eligieron esas 32 promociones y bajo qué criterios teniendo en cuenta que la venta conjunta supone un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y que se hizo a un bajo precio cuando, utilizando a otro método, la ganancia para el erario público habría podido ser mayor. A este respecto, según apuntan fuentes jurídicas, Gomendio López de Asiaín insistió en que la modalidad ya estaba elegida cuando ella que tomó posesión del cargo. Asimismo, la acusaciones creen que otro de los elementos que podrían incurrir en la invalidez de la adjudicación es el hecho de que las promociones no se vendieron con todos sus elementos, pues en algunos casos hay locales comerciales que se enajenaron antes o después de la adjudicación, según explicó Raúl Maíllo, uno de los abogados de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima. En consecuencia, esta circunstancia podría invalidar la pérdida del derecho a compra de las viviendas que los actuales inquilinos tras la adjudicación de sus viviendas a un fondo buitre.  

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Además de esta querella, que discurre por la vía penal, decenas de afectados han presentado recursos por la vía contencioso-administrativa contra esta adjudicación. Los afectados, que recurren amparados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), alegan que esta venta también ha supuesto una importante pérdida patrimonial para la administración pública. Consideran que su futuro en estos pisos de los que son simples arrendatarios o arrendatarios con opción a compra es menos seguro bajo la administración de una empresa privada. "Se ha acabado el fin social de estas viviendas. A las familias que tienen problemas para pagar les ponen problemas para renegociar los contratos", señala José Luis de Roa, presidente de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima. 

En su mayoría son inmuebles de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes, dependiendo de sitio en el que estén ubicados y la superficie. El problema es que muchos de ellos viven en situaciones precarias, son desempleados de larga duración y ya han agotado prestaciones y subsidios, por lo que lo tienen muy complicado para hacer frente a los alquileres de forma regular. Ante este panorama, las empresas privadas, asegura el letrado de la PAH Manuel San Pastor, se muestran menos proclives a la negociación.

Aunque en el pliego de condiciones se establece que no cambiarían las características del contrato, los afectados temen que las reducciones de renta de entre el 20% y el 90% que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad no sean renovadas. "Ya está habiendo problemas en este sentido porque los arrendatarios se dirigen al Ivima a pedir la subvención y allí se lavan las manos. Les dicen que hablen con las empresas y éstas no están por la labor", dice Manuel San Pastor, abogado de la PAH.