La Audiencia marca el punto de inflexión definitivo en el caso Nóos al decidir si procesa o no a la infanta

Un año y siete meses después de que el juez José Castro imputara a Cristina de Borbón por primera vez en el caso Nóos, la Audiencia de Palma dirá hoy la última palabra sobre la situación procesal de la hermana del rey: o confirma la decisión de Castro de sentarla en el banquillo por delito fiscal y/o blanqueo o la exonera en la práctica de manera definitiva. A eso se reduce el dilema aun con múltiples variantes. Presidido por Diego Gómez-Reino, y pese a que él mismo ya tiene tomada una decisión desde hace semanas, el tribunal ha logrado convertir casi en secreto de Estado el sentido del auto que hará público este viernes a partir de las 12.30.

Aunque los precedentes del caso y la feroz movilización del aparato del Estado a favor de la infanta tras su primera imputación inclinan a muchos a sospechar que la resolución será exculpatoria penalmente aun si llega cargada de reproches morales , ni las partes más vinculadas a la causa se atrevían ayer a formular un pronóstico. “No hay ni rumores”, resumió una cualificada fuente. Todas las hipótesis son exactamente eso: hipótesis.

Integrado por Gómez-Reino y otros dos magistrados –Mónica de la Serna y Juan Jiménez-, la misión del tribunal se reduce a revocar –como piden el fiscal Pedro Horrach y el abogado de la infanta, Miquel Roca- o confirmar el auto por el que José Castro concluyó el pasado 25 de junio que la infanta debe ser juzgada como su marido, Iñaki Urdangarin, aunque en su caso, solo por delito fiscal o blanqueo de capitales. Manos Limpias recusó a Gómez-Reino y a De la Serna, no así a Jiménez, que fue el único que en mayo de 2013 apoyó la primera imputación de la infanta. Como cabía esperar, la recusación cayó tumbada a plomo.

Cierto que Manos Limpias se plantea llegar incluso al tribunal de Estrasburgo si la infanta queda exonerada hoy, pero lo cierto es que el auto de la Audiencia marcará un punto de inflexión definitivo en un caso imposible de entender sin un elemento sustancial: la presencia de miembros de la Familia Real.

El nudo gordiano se localiza en el vertiginoso y abrumador enriquecimiento con fondos públicos (seis millones) de la pretendida ONG Instituto Nóos, sus capitanes –Iñaki Urdangarin y Diego Torres- y sus esposas. Y en lo que luego sucedió con la empresa de Urdangarin y Borbón, Aizoon SL, clave en el relato del juez Castro sobre por qué la infanta debe ir al banquillo.

Cuando, quemado por las primeras sospechas, Instituto Nóos comenzó a desaparecer del mapa en 2006, Urdangarin y su mujer mantuvieron viva la llama de la empresa que poseían y siguen poseyendo al 50%, Aizoon SL, que ya había recibido fondos de la falsa ONG.

Por el sistema de atribuir a Aizoon como ingresos empresariales lo que en realidad eran honorarios profesionales personales, Urdangarin defraudó en IRPF 337.138 euros solo en 2007 y 2008. Aizoon SL sirvió además como fuente de pago de múltiples gastos privados de la pareja –por ejemplo, la reforma y decoración del palacete de Pedralbes- que, según Hacienda y la Policía, superan los 800.000 euros. Bautizos, comuniones y cumpleaños se añadieron a la nómina de actos privados sufragados con fondos de la compañía.

Gómez-Reino, el hombre que alentó a investigar el delito fiscal

Gómez-Reino, el hombre que inclinará la balanza, es justamente el mismo magistrado que en mayo de 2013 suspendió “de momento” la imputación de la infanta al tiempo que alentaba a Castro a investigar si había cometido delito fiscal o blanqueo. Entonces, el presidente de la Sección II de la Audiencia de Palma escribió esto: “A partir de marzo de 2006 [cuando abandona Instituto Nóos] o meses antes a esa fecha, [la infanta] ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar”.

Sobre el blanqueo, el magistrado se pronunció así: “Esas disposiciones de dinero sucio – según parece en gastos de reformas de la vivienda familiar (al respecto de los cuales la Agencia omite toda consideración, puesto que solo contempla los gastos por servicio doméstico)-, quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales. Podría faltar la intencionalidad de blanquear, pero eso, al igual que si hubo o no ocultación tributaria por declarar como sociedades lo que debió de haber sido por renta (aunque esta cuestión parece menos discutible si Aizoon era mera pantalla), son cuestiones de mayor calado que habrá que plantearse en su momento”.

Y esa -la del conocimiento forzoso y la ayuda silenciosa pero efectiva prestada a Urdangarin- es la línea central que recorre el auto con que, 13 meses más tarde, José Castro dio por finiquitadas sus investigaciones sobre delito fiscal y blanqueo en relación a la infanta y la incluyó entre los que debían ser procesados. No obstante, que Gómez-Reino creyera o sospechara todo aquello en mayo de 2013 no significa que aún lo crea: los informes de Hacienda han remachado desde entonces que la infanta no delinquió.

¿Cabe la posibilidad de que, para curarse en salud, la Audiencia de Palma sostenga que Cristina de Borbón cometió delito fiscal pero que esos delitos ya han prescrito? En teoría, es factible pero hasta el mediodía de este viernes nadie, salvo los autores de la resolución judicial y exceptuando una más que improbable o filtración, conocerán su contenido exacto.

La sombra de la doctrina Botín

Si el tribunal endosa un delito fiscal aún vivo a la hermana del rey, la pelota quedará en el tejado de la Fiscalía: Horrach, que durante meses eludió desvelar si pensaba o no aplicar la doctrina Botín –no hay proceso si ni la Fiscalía ni la acusación particular, aquí ejercida por la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda-, se vería forzado a enseñar sus cartas.

Manos Limpias cree que la controvertida doctrina Botín no es aquí aplicable, aunque la propia Sección II de la Audiencia de Palma ya avisó en mayo de 2013 de que esa acusación popular estaba legitimada para "llegado el momento ejercer la acción penal contra la infanta" aunque con un pero que situó entre paréntesis: "(excluyendo tal vez los delitos contra la hacienda  pública ya que en este caso existe un perjudicado que es la propia Agencia Tributaria representada en la causa por la Abogacía del Estado)".

“Si el tribunal habla de delito fiscal, esperemos que entre en el fondo y diga cuándo, cómo y con qué cuotas defraudadas”, señala una fuente cercana al ministerio público poniendo el dedo en uno de los puntos débiles del auto de Castro. Como ya decidió hace un año e informó de ello entonces infoLibre, Anticorrupción no cree que la infanta haya delinquido pero sí que se ha beneficiado del dinero ilícitado obtenido por Urdangarin. Y, en consecuencia, le reclamará que devuelva más de medio millón de euros. 

En efecto, el magistrado no precisa en su auto de pase a procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento y donde coloca a la infanta en el banquillo- cifras por cuanto la señala como cooperadora necesaria de Urdangarin a través de su 50% en Aizoon SL. Sin la existencia de esa empresa, aduce Castro, su marido no habría podido defraudar.

Uno y otro, juez y fiscal, esperaban ayer “tranquilos” la decisión de la Audiencia, aseguran sus próximos.

Para algunos juristas consultados por este diario, lo peculiar del auto estriba en que Castro, que en 2013 atribuía a Cristina de Borbón un delito difuso pero anclado en el campo del tráfico de influencias, se centró en el delito fiscal y en el blanqueo precisamente porque esa fue la directriz impartida por Diego Gómez Reino.

La Casa Real define el 'caso Nóos' como “un martirio” y pide cerrar el sumario cuanto antes

Ver más

El presidente de la Sección II de la Audiencia de Palma ya fue en mayo de 2013 el ponente del auto por el que dejaba “de momento en suspenso” la imputación de la hija del anterior rey en tanto Castro no iniciara –y concluyera- pesquisas sobre los posibles delitos fiscales y de blanqueo.

Aquel auto alargó la instrucción de la causa más de un año.

En ese lapso de tiempo, la Agencia Tributaria ha remachado por activa y por pasiva que no cabía atribuir delito fiscal a la infanta por cuanto el único perceptor de ingresos camuflados había sido Iñaki Urdangarin. La Policía, por su parte, subrayó que tampoco podía hablarse de blanqueo de capitales porque esa opción jamás se había investigado en la causa. Son esos informes y declaraciones los que el fiscal Pedro Horrach esgrime como su gran baza. Esta mañana se sabrá si han triunfado sus postulados o los de su antaño inseparable compañero José Castro.