El PP rechaza en solitario modificar el artículo 135 de la Constitución

El PP rechazó en solitario este martes tramitar en el Congreso la propuesta de Izquierda Plural y del Grupo Mixto para replantearse la reforma constitucional que promovió el Gobierno socialista en sus últimas semanas del verano de 2011 con el fin de consagrar el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, y centró sus críticas en los socialistas por haber cambiado de opinión después de estos años, lo que atribuye a un "síndrome de la coleta" por el ascenso de Podemos.

En concreto, el texto da una nueva redacción del artículo 135 para autorizar al Gobierno "por ley para emitir deuda pública o contraer crédito" y dejar claro que "los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión".

En paralelo, la reforma que propugnan IU-ICV y el Mixto da "prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto" al pago "de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales" y obliga a derogar todas las leyes derivadas de ese artículo, y en particular la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que aprobó después el Gobierno de Mariano Rajoy.

La proposición de ley fue rechazada por 139 votos a favor (PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Mixto), 173 en contra (PP y Unión del Pueblo Navarro) y 13 abstenciones, las de CiU. 

"De rodillas ante los mercados"

La iniciativa fue defendida por el portavoz económico de Izquierda Plural, Alberto Garzón, candidato a ser el cartel electoral de IU en las próximas generales, quien considera que España ha vivido en los últimos años un proceso "destituyente" del Estado social que culminó con ese artículo 135 que "da la vuelta" a la Constitución porque prioriza el pago de la deuda frente a las políticas sociales.

Garzón cree que el Gobierno del PSOE se puso entonces "de rodillas" ante los mercados y se alegra de que ahora la nueva dirección socialista acepte corregirlo, aunque haya sido después de tres años defendiendo el pacto de 2011. Eso sí, quiso dejar claro que, aunque la corrección de ese artículo es una condición necesaria, no es lo único que hay que hacer pues hay que rectificar también otras medidas adoptadas en nombre de ese artículo. "Estamos ante un puñal clavado después de muchas otras heridas", resumió.

También la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, justificó la iniciativa alegando que los años transcurridos han demostrado que no era verdad que se necesitaba esa reforma constitucional para salir de la crisis. "Los hechos nos han dado la razón", ha dicho. Más allá fue el diputado de Esquerra (ERC), Joan Tardà, quien dio al PSOE la bienvenida a la rectificación, pero instó a los socialistas a pedir perdón y a compensar los daños cauisados. "Centraron una pelota magnífica para que el PP rematara la faena", se lamentó.

La reforma fue avalada por el PNV, que en 2011 ya votó en contra del artículo 135. Su portavoz económico, Pedro Azpiazu, mostró reparos al contenido de la iniciativa de IU-ICV-CHA, pero acepta revisar las líneas rojas que introdujo el Gobierno de Zapatero. Eso sí, aprovechó para criticar la rectificación del PSOE, que en su opinión "sólo se entiende en clave electoral o porque miran por retrovisor a Podemos".

Irene Lozano, de UPyD, partido que también votó en contra de la reforma del 2011, sostiene que ese artículo 135 "dio cerrojazo al debate" porque impuso prioridades de gasto impidiendo hablar de los ingresos y de la conveniencia de una auténtica reforma fiscal.

CiU repite abstención

Desde CiU, Josep Sánchez Llibre criticó tanto la reforma constitucional que emprendieron en 2011 el PSOE y el PP, a quienes reprocha haber acabado con el consenso de 1978 e imponer unilateralmente cambios trascendentales "cuando les interesa", pero también cuestionó la redacción que ahora proponen Izquierda Plural y el Grupo Mixto, por lo que su grupo optó por la abstención.

El socialista andaluz Antonio Pradas quiso contextualizar los últimos meses de Gobierno del PSOE y justificó el intento de reafirmar la estabilidad presupuestaria a través de la Constitución, pues su partido no se opone a ese principio, ni cuestiona que la deuda pública haya que pagarla. Pero también admitió errores, como haber promovido la reforma de forma acelerada y sin referéndum, y aceptó cambiar la redacción del precepto constitucional porque, en su opinión, se ha convertido en un pretexto legal para los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. "El PP ha hecho el peor mal uso que se podía hacer de ese artículo", añadió.

Eso sí, repitió que la idea del PSOE es afrontar una reforma constitucional más amplia que no se limite a "maquillar" la Carta Magna sino resolver la cuestión territorial y consagrar los principios y pilares del Estado del bienestar.

"Donde dije digo, digo Diego"

El PP cerró el debate subrayando que todos los grupos han mantenido las posiciones de 2011 salvo el PSOE, que a su juicio "parece renegar" del presidente Zapatero y optó por "Donde dije digo, digo Diego".

Tras recordar lo que escribía el entonces diputado Pedro Sánchez en apoyo de la reforma constitucional de 2011, acusó a los socialistas de tratar de "romper con su pasado", y todo ello porque, en su opinión, "sufren el síndrome de la coleta", en alusión a Pablo Iglesias, líder de Podemos.

Hernando aseguró que en estos años de Gobierno del PP se ha dado la vuelta a la situación económica y pidió a Izquierda Plural menos "eslóganes, pancartas y palabrerías", advirtiendo de que cambiar la estabilidad presupuestaria supondría romper con los socios de la UE, ser expulsados de la Eurocumbre y volver a ser "un problema para la UE".

Críticas por renegar del pasado

En la reunión celebrada este martes a puerta cerrada por el Grupo Socialista en el Congreso, por la mañana, antes del pleno, algunos diputados que formaron parte de los Gobiernos de Zapatero cuestionaron que ahora se reniegue del pasado e hicieron hincapié en que en aquellos momentos, de extrema dificultad económica, no había otra alternativa.

Según fuentes consultadas por Europa Press, entre estas voces está la del exministro y expresidente del PSOE Manuel Chaves, que criticó que ahora se venda que aquella reforma fue un error, cuando en realidad el Gobierno de Zapatero hizo lo que tenía que hacer para evitar un rescate financiero del país.

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También respaldó esta tesis el exministro de Trabajo Valeriano Gómez, quien lo ha explicado públicamente en declaraciones a los periodistas. A su juicio, el artículo 135 debe ser completado ampliando derechos, pero cree que el PSOE debería centrarse en reclamar la reforma de la posterior Ley de Estabilidad derivada de aquella reforma constitucional, que ya fue redactada por el Gobierno del PP.

Quienes pusieron reparos al reconocimiento de este "error" insistieron en que los recortes en sanidad y educación públicas no parten de ese articulado, sino de la Ley de Estabilidad y otras medidas que después desarrolló el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además de estas dudas, algunos diputados también cuestionaron la oportunidad de sumarse a la iniciativa de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto y lamentaron que los socialistas no hayan tomado la iniciativa en un asunto que ya venía debatiéndose desde hace meses en el seno del partido. De hecho, las críticas a esa reforma nacieron ya en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE.