El Gobierno andaluz consideró imposible evitar que ganase el concurso de Aznalcóllar una firma con dos desastres mineros

El concurso para la reapertura de la mina sevillana de Aznacóllar, ahora bajo la lupa judicial tras una denuncia por presuntos graves delitos de corrupción, acabó en manos de una compañía cordobesa para la que trabajó un exalto cargo socialista así como de su aliado Grupo México -que carga con dos recientes desastres mineros- porque el Gobierno andaluz había considerado jurídicamente imposible primar a las compañías que pudieran presentar un historial limpio.

Tras la denuncia presentada por la empresa que perdió la licitación, Emerita Resources España SL, de capital mayoritario canadiense, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla observa en el caso indicios de “graves irregularidades”. Como ya ha publicado infoLibre, la Junta denegó a Emerita Resources el acceso al expediente. La empresa denunciante cree que el concurso fue amañado, algo que niega tajantemente la Junta, que no obstante ha paralizado la formalización del contrato de manera precautoria.

La oferta de Grupo México sigue siendo a día de hoy oficialmente secreta pero ya está en manos de la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández. En la primera semana de marzo, cuando ya la adjudicación se había resuelto y no había por tanto el más remoto peligro de espionaje industrial, el entonces diputado andaluz de IU Ignacio García pudo ver –sin obtener copia- los informes técnicos del expediente. Pero no el contenido de las ofertas. “La directora general de Minas [María José Asensio] me dijo que se me permitía ver los informes como acto de cortesía, pero que ya no tenía derecho porque se había disuelto el Parlamento y yo solo era miembro de la Diputación Permanente”, relata García. Las fuentes consultadas en el Gobierno andaluz han confirmado punto por punto su versión al tiempo que han recalcado que un informe jurídico fue el que prohibió a Emerita Resources acceder al expediente durante la tramitación del concurso.

Ventaja… por las propuestas ambientales

Cuando el equipo respaldado por Grupo México ya había superado la primera fase de la licitación con ventaja sobre su segundo competidor gracias precisamente a sus propuestas medioambientales, un vertido de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre procedentes de una de sus explotaciones contaminó en agosto de 2014 las aguas del río Sonora en lo que de inmediato se convirtió en el peor desastre ambiental minero de la historia del país. Fuentes del Ejecutivo autonómico han confirmado a infoLibre que el accidente de Sonora “se analizó en la mesa del concurso” pero que, dado que el pliego de condiciones nada decía sobre incidentes pasados o presentes acaecidos en otros países, no se tuvo en cuenta.

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Y Grupo México, 65 de cuyos mineros ya habían muerto en 2006 tras una dramática explosión por gas metano que jamás llegó a ser investigada, terminó alzándose con la victoria. Ocurrió en la última semana de febrero, apenas días antes de que el Gobierno mexicano le impusiera una multa de casi 23 millones de pesos.

Las fuentes consultadas sostienen que, en todo caso, cabría haber prohibido la presencia en el concurso de aquellas compañías que hubieran sido “sancionadas o condenadas” pero no de aquellas otras sobre las que no hubiese recaído castigo alguno. Y que tampoco cabía aplicar el sistema de discriminación positiva para premiar a las firmas que pudieran acreditar una trayectoria limpia con el medio ambiente.

“¿Y cómo se acredita un historial limpio?”, se pregunta un alto cargo de la Junta antes de ofrecer su propia respuesta: “Eso no es jurídicamente posible en un concurso internacional como este porque lo que en un país africano es tolerable en minería no lo es, por ejemplo, en Suiza”. ¿No sería factible hacerles firmar a los concursantes una declaración jurada de que no han sido responsables, voluntaria o involuntariamente, de causar ningún grave daño al medio ambiente? No lo sería, vino a ser su respuesta.