El juez Ruz ‘vuelve’ al caso ‘Gürtel’

"¡Mira!¡mira! Es el juez Ruz",juez Ruz anuncia en voz alta un hombre de unos 45 años que de forma fortuita se cruza por los pasillos de los juzgados de Móstoles al juez Pablo Ruz, que en abril dejó de instruir Gürtel, el mayor caso de corrupción de la democracia española en relación a una formación política: el Partido Popular.

Ruz ha pasado de sentar en el banquillo de los acusados a tres extesoreros del PP: Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, a juzgar los casos ordinarios de cualquier juzgado de España. Y, en concreto, a los juzgados de Móstoles se derivan las denuncias procedentes de los municipios del Oeste de Madrid.

Entre estas localidades del partido judicial de Móstoles se encuentra Boadilla del Monte, municipio en el que vive la exfuncionaria Ana Garrido, que denunció diferentes irregularidades en el Consistorio en el que trabajaba, que acabaron por incorporarse al caso Gürtel. Precisamente, a Boadilla del Monte se le considera el epicentro del casocaso. Y por ello, hasta dos alcaldes; Arturo González Panero y Juan Siguero, tuvieron que dimitir tras conocerse su presunta implicación en la trama liderada por Francisco Correa.

Denuncia por amenazas

Por eso la denuncia interpuesta por Ana Garrido contra su expareja por presuntas amenazas en redes sociales ha acabado en el juzgado de Ruz. Al igual que ha pasado con una denuncia contra el imputado Tomás Martín Morales, que fue cargo de confianza de González Panero en el Consistorio de Boadilla del Monte.

El caso de Ana Garrido tiene una vinculación indirecta con el caso Gürtel, según reconoce a infoLibre la propia exfuncionaria. Ana Garrido primero denunció a su expareja por amenazas en Twitter, y posteriormente por el robo de información de su ordenador personal.

Su expareja presentó por su parte, el 30 de abril, una denuncia en la Policía Local de Boadilla del Monte contra Garrido por el supuesto delito de amenazas telefónicasGarrido que sí ha acabado en el sumario de la trama de Correa.

Según la denuncia de la expareja de Garrido, estas amenazas estaban vinculadas con que tenía en su poder un ordenador portátil que utilizaba Ana Garrido, "y que pudiera tener información relevante sobre el caso Gürtelcaso Gürtel y que pudiera ser perjudicial para ella". El agente de la Policía Local de Boadilla del Monte llamó al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que antes dirigía Ruz, que acabó reclamando una copia del disco duro del ordenador, que ya obra en poder del juez José de la Mata.

Fotografías robadas

Según el atestado policial, en el portátil se incluían dos fotografías "robadas del Ayuntamiento porque contenían información y facturas perjudiciales para ella". También aseguró haber recibido una oferta de 10.000 euros para que no presentase el ordenador ante la Policía. Por su parte, Ana Garrido ha denunciado el robo de esta información de su ordenador. El juez De la Mata la ha citado a declarar en la Audiencia Nacional.

El otro caso protagonizado por uno de los protagonistas del sumario que ahora instruye el magistrado José de la Mata es una denuncia cruzada presentada Tomás Martín Morales y una persona de su entorno familiar. Tomás Martín MoralesEl quefuera cargo de confianza del alcalde del PP Arturo González Panero en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte está imputado.

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Martín Morales está siendo investigado en Gürtel en relación con la adjudicación de la construcción y explotación de un polígono industrial en la zona conocida como Prado del Espino. La empresa beneficiaria de la operación, según el sumario, era propiedad del empresario murciano Alfonso García Pozuelo y del propio Martín Morales.

La Agencia Tributaria realizó un informe en el que destacaba que de los ingresos declarados en 2007 por parte de la empresa Robeco, de Tomás Martín Morales, 104.400 proceden de la sociedad Virtonsociedad Virton, y 60.320 euros de la UTE Boadilla. Ambas empresas trabajaban para el Consistorio de Boadilla, especialmente la última, que también está siendo investigada por su vinculación a la financiación ilegal del PP de Boadilla del Monte.

Además, la documentación del banco Crédit Suisse muestra que la empresa Cala Asset, de Tomás Martín Morales, ingresó en una cuenta de esta entidad financiera suiza 137.481 euros, cuyo origen es la venta de unas participaciones en la empresa Real Estate Equity Portfolio (REP) a la firma Rústicas MBS, de otro de los imputados en la trama: Ramón Blanco Balín.