El juez y el fiscal de los ‘11 del Raval’ ya procesaron en 2008 a un empresario sirio a partir de un montaje policial

El juez y el fiscal de la Audiencia Nacional que en 2008 actuaron contra 11 inmigrantes del Raval acusados de querer atentar en el metro de Barcelona a partir del falso testimonio de un confidente policial, como ya publicó infoLibre, acusaron ese mismo año a un empresario sirio-español de financiar a Al Qaeda a partir de pruebas manipuladas por la policía.

En abril de ese año, el juez Ismael Moreno dictó auto de procesamiento contra el empresario acusándolo de ser el testaferro de Abu Dadá, condenado y encarcelado como líder de Al Qaeda en España. Días después, el jefe de gabinete de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior explicó a la Embajada americana en Madrid que el caso era un montaje, según varios cables diplomáticos.

“El jefe de Al Qaeda en España financió células desde la cárcel”, tituló El País en portada el 28 de abril de 2008, basándose en el auto del juez Moreno. El subtítulo afirmaba que la trama había movido “2,4 millones de euros”. La portada causó preocupación en la Embajada americana, dado que Abu Dadá había sido condenado precisamente en relación a los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos. Sin embargo, el entonces jefe de gabinete de Rubalcaba y actual gerente del PSOE, Gregorio Martínez, explicó a un diplomático que “el artículo probablemente era un montaje” –“a fabrication”–. Martínez le transmitió que “entendía que el artículo, publicado por el habitualmente progubernamental El País, suscitara preguntas” en la Embajada y se comprometió a aclarar “los hechos”, cosa que hizo días después.

El viernes 9 de mayo Martínez llamó por teléfono a la embajada y confirmó “que no había nada detrás de la historia de El País y que era totalmente falsa”El País, según un cable secreto revelado por WikiLeaks, aunque sin entrar en detalles.

Meses después, todo el caso se vino abajo. Tres jueces de la Audiencia Nacional dictaminaron que la supuesta trama de financiación de Abu Dadá había sido “policialmente fabulada”. En su auto, el tribunal diseccionó la manipulación y ocultación de algunas pruebas y criticaron duramente la instrucción de Moreno y el papel del fiscal Vicente González Mota. En febrero de 2009, El País recogió el archivo de la causa sin mencionar que el montaje había llegado a su portada.

Tras el triunfo del Partido Socialista en las elecciones generales de 2008, Gregorio Martínez había tomado posesión como jefe de gabinete de Rubalcaba en el Ministerio del Interior dos días antes de que el juez Moreno dictara el auto de procesamiento el 16 de abril de 2008.

En uno de los cables secretos enviados a Washington, el diplomático Hugo Llorens describía a Martínez como “un buen contacto de la embajada desde hacía años” y recordaba que había sido también antiguo “visitante en Estados Unidos”. El actual gerente del PSOE y su antiguo jefe en el Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han declinado comentar esta información. La versión original en inglés de los cables puede leerse en la web de WikiLeaks.

El fiscal González Mota había presentado su querella contra el empresario a partir de un informe policial de 2007, dando origen a la causa. Mota recogía así la hipótesis policial de que los 2,4 millones de euros que Bassim Dati había transferido desde una promotora inmobiliaria mediante cheques nominativos, habían ido a parar a células yihadistas conectadas con Abu Dadá. Los jueces criticaron luego que Mota y Moreno no hubieran especificado, “ni por aproximación, la identidad de tales grupos ni su ubicación”, salvo una “somera referencia” a que el dinero había pasado por las manos de Abu Dadá para financiar a tales grupos, “cosa absolutamente desprovista de todo apoyo fáctico”.

En realidad, el empresario sirio se había limitado a cumplir un mandato judicial previo de la misma Audiencia Nacional: la sentencia en la que Abu Dadá había sido condenado en 2005 por integración en banda terrorista. En tanto que “administrador social designado y mantenido por la Sección Tercera”, Bassim Dati había liquidado una promotora inmobiliaria, Paradais, desprendiéndose de toda relación con un antiguo socio, condenado junto a Abu Dadá como miembro de la rama española de Al Qaeda. En total, 33 cheques nominativos por valor de 2,4 millones, “todo ello a través de La Caixa y ante notario”, según el auto de archivo de la causa. Como inversor inicial, Ilmad Eddin Barakat Yarkas, alias Abú Dadá, tenía derecho a parte de esos fondos. Abu Dadá salió en libertad en 2013.

Las pruebas propuestas por los abogados defensores, según el tribunal, “hubieran esclarecido definitivamente los hechos de no haber sido sistemáticamente denegadas por el Instructor”, Ismael Moreno, titular del juzgado central número dos de la Audiencia.

Pero la acusación había sido posible no sólo por omisión del instructor y el fiscal, sino que la policía había directamente manipulado pruebas de descargo. En concreto, un informe con la fotocopia de varios cheques y una nota en la que un empleado de Barclays había manuscrito: “Pedidos informes a La Caixa, nos confirma que el dinero procede de asuntos totalmente legales”. La policía ocultó la nota manuscrita colocando una tira de papel blanco sobre la fotocopia.

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“Parece que tal clamoroso dato pasó desapercibido al M. Fiscal y al Instructor”, afirma el auto del tribunal. “Y a tal respecto la Sala va abstenerse de deducir testimonio de tal divergencia por considerar, en una benevolente hermenéutica, que su incorporación a autos pudo deberse a un error”. El juez Ismael Moreno, que está de vacaciones, “nunca atiende a periodistas sobre casos en los que ha intervenido”, según la oficina de prensa de la Audiencia Nacional. El fiscal González Mota “prefiere no hacer comentarios” y se ha remitido, a través de un portavoz, al contenido del auto de procesamiento y a la decisión de archivo y sobreseimiento libre de la Audiencia.

En el caso de los 11 del Raval, procesado también en aquellos meses de 2008, un falso testigo y en verdad confidente de los servicios secretos, había descrito una red europea de financiación de Al Qaeda de la que él mismo juró formar parte, pero que nunca existió. Entre los supuestos miembros de la red, el confidente, que es uno de los traficantes de personas más buscados de Pakistán, señaló a algunas de sus víctimas como conseguidor de papeles. Uno de los supuestos tesoreros de Al Qaeda señalados es un marroquí residente en Italia que, tal y como adelantaron InfoLibre y El Periódico hace semanas, resulta ser un discapacitado mental y físico al que el gobierno italiano ha concedido un permiso de residencia por motivos humanitarios. Al igual que en el caso del empresario sirio, Ismael Moreno y González Mota se opusieron a la práctica de pruebas propuestas por los abogados defensores. Los 11 del Raval fueron condenados. Uno de ellos, Maroof Ahmed Mirza, sigue en prisión.

En este auto emitido por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se expresa el sobreseimiento libre y el desvanecimiento de una trama terrorista policialmente fabulada.