El recorte en el derecho a la información es “resultado de las decisiones del Gobierno”

"No hemos adoptado ninguna medida restrictiva de la libertad de expresión". Con esta frase de Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, empieza el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) su informe sobre la libertad de prensa en España. La declaración sirve para introducir aquellas medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy que el IPI considera perjudiciales para el ejercicio de este derecho.

La organización, integrada por profesionales de los medios de comunicación de 120 países, visitó España el pasado junio y centró su atención en cuatro cuestiones fundamentales: la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma del Código Penal y la situación de RTVE. A modo de conclusión, el IPI destaca que "muchos de los problemas diagnosticados por actores nacionales e internacionales no son sistémicos, sino que son el resultado directo de las decisiones tomadas por el Gobierno español actual".

"Sorprende escuchar a los funcionarios españoles del Gobierno negar categóricamente la existencia de problemas con la libertad de expresión. En esto, el Partido Popular está claramente aislado", subraya el informe. El instituto se pregunta si el Gobierno no ha "tenido completamente en cuenta las consecuencias de sus políticas" o "son reacciones a tipos de expresión y cobertura de noticias" que no le gustan.

'Ley mordaza': efecto disuasorio para los medios

El IPI ha recopilado las críticas recibidas por la Ley de Seguridad Ciudadana, desde la Asociación de la Prensa de Madrid ("con la entrada en vigor de la ley mordaza, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre"), hasta la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU por el "efecto disuasorio" de esta norma.

Pese a los cambios introducidos por el Gobierno antes de aprobarla (reducción de algunas multas y no castigar la ofensa o el insulto a España), el instituto recuerda que para Reporteros Sin Fronteras la versión posterior "conservaba, según los más críticos, la voluntad censora del primer texto". Y es que, entre otras cosas, sigue considerándose infracción muy grave (de 601 a 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes o datos personales que puedan poner en riesgo el éxito de una operación.

"El IPI considera que las provisiones vagas y desproporcionadas" de la ley mordaza "pueden tener un efecto disuasorio en los medios de comunicación y pueden afectar al derecho a la información sobre temas de interés público". Es por ello que aplauden el compromiso de varios partidos de tumbar esta ley si gobiernan, y les pide que no esperen a que se pronuncie sobre ella el Tribunal Constitucional "puesto que puede tardar años".

Además, asegura esta organización que mostró "su preocupación" por la ley mordaza ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pero que "no se comprometió a tomar ninguna acción y, de hecho, rechazó claramente las insinuaciones de la delegación de que la libertad de expresión y de la prensa estaban bajo amenaza en su país".

El pacto antiyihadista

Junto a otras asociaciones, el IPI cree que esta reforma del Código Penal, impulsada por PP y PSOE durante la fiebre producida por Estado Islámico, "puede frenar el trabajo" tanto de periodistas como de académicos que acceden a páginas web de contenido terrorista, algo que sanciona esta ley si es reiterado.

Critican también que "en la esfera de lo que ahora pasa a considerarse terrorismo" pueden incluirse las filtraciones de documentos que han generado investigaciones periodísticas como el caso Snowden, la lista Falciani o los correos de Blesa. No obstante, PP y PSOE negaron ante los delegados del IPI que esta reforma suponga una amenaza para la libertad de expresión. De hecho, el portavoz de Justicia de los conservadores en el Congreso matizó que "no basta con visitar la web, a no ser que haya prueba de la intención [de cometer un acto terrorista], no se emprenderán acciones legales".

Pero desde el IPI creen que "se debe tener en mente el posible efecto negativo" si el desarrollo de la ley es vago "y admite la posibilidad de diferentes interpretaciones".

'Pena de telediario'

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía entre sus objetivos acabar con la llamada pena de telediario para "asegurar" el derecho al honor, la intimidad e imagen de quienes son detenidos por la policía. Sin embargo, las críticas llegadas desde las principales asociaciones de periodistas y editores, que la calificaron de un "ataque" que incluso podría ser inconstitucional, hicieron retroceder al ministro Rafael Catalá.

Finalmente, la norma constata la necesidad de adoptar medidas para proteger los derechos del detenido "con respeto al derecho fundamental a la libertad de información". En sus sentencias, el Tribunal Constitucional venía expresando que "en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen".

RTVE parece haber perdido la confianza de los ciudadanos

El IPI considera que la televisión pública "no tiene" la confianza de los ciudadanos y va más allá: "Incluso si la afiliación política de Sánchez Domínguez [presidente de la cadena] no tuviera impacto en la cobertura informativa de RTVE, nadie se lo creería: la idea de que la programación está manipulada ideológicamente está demasiado asentada". Sentencian los observadores del instituto que "las políticas del actual Gobierno solo han servido" para reafirmar esta idea.

Además, como ya expresó en julio, ve "intencionalidad política" en el cambio legislativo promovido por Rajoy para elegir sin consenso al presidente de la radio y la televisión públicas.

Uxue Barkos, la mejor valorada, y Mariano Rajoy, entre los peores

Ver más

Regulación independiente de los medios

Durante su visita a España, el IPI constató la necesidad de crear un organismo independiente y específico que regule el sector audiovisual. En su informe, sugiere que la Ley General de Comunicación Audiovisual que aprobó el PSOE en 2010 aportaba una solución a este problema gracias a la creación del CEMA, el Consejo Estatal de Medio Audiovisuales, cuyos miembros iban a ser nombrados por el Congreso en mayoría de 3/5. Pero no fue posible.

En 2013, el Gobierno de Rajoy lo sustituyó por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, integrada por un consejo que elige directamente el Gobierno. "Es significativo que, mientras que el CEMA iba a poder conceder licencias, la CNMC, no. Dada la manifiesta falta de independencia de la CNMC, se podría ver como algo positivo que el Ministerio de Industria las conceda directamente", apuntan desde el IPI.