Toxo y Méndez: “La ofensiva contra el derecho de huelga ha sido impulsada por el Gobierno”

CCOO y UGT emprenden este martes una semana de movilizaciones ante los juzgados de Getafe (Madrid) en defensa de los Ocho de Airbus y del derecho de huelga. Tras cinco años de instrucción, comparecerán ante el juez los ocho sindicalistas acusados de coacciones y amenazas contra los derechos de los trabajadores, atentado contra la autoridad y lesiones por los altercados ocurridos durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Se enfrentan a una petición de cárcel conjunta de 66 años. Los ocho forman parte de los casi 300 representantes sindicales y trabajadores encausados en España en los últimos años por motivos similares. CCOO y UGT no tienen dudas sobre el origen de lo que consideran “una ofensiva contra el derecho de huelga y un ataque a derechos fundamentales como el de manifestación”, en palabras de Ignacio Fernández Toxo: “En paralelo a las políticas de austeridad, y a impulsos del Gobierno, se ha activado un artículo preconstitucional del Código Penal”, explica Cándido Méndez.

El apartado 3 del artículo 315 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta tres años a quienes coaccionen a otros para que comiencen o continúen una huelga. Para cada uno de los Ocho de Airbus, el fiscal pide ocho años y tres meses de cárcel al sumar al anterior los delitos de atentado y lesiones.

Hay que recordar que aquel día hubo una carga de la Policía Nacional e incluso uno de los agentes hizo siete disparos al aire. Pero no hubo ni una sola detención. Sólo después fueron denunciados por la Policía hasta 14 trabajadores, todos los que habían pasado por el botiquín de la empresa para les curaran las heridas sufridas en la carga de los antidisturbios. De los 14, sólo ocho fueron finalmente imputados, todos ellos candidatos en las elecciones sindicales. Curiosamente, la empresa, la multinacional europea Airbus, no presentó cargos ni tomó medidas disciplinarias contra sus trabajadores.

Pese a las voces que intermitentemente –cada vez que se convoca una huelga general, y entre 2010 y 2012 hubo tres– piden que se regule el derecho de huelga, la reforma laboral pasó de largo sobre el particularla reforma laboral pasó de largo sobre el particular. El Gobierno del PP tampoco llegó a poner negro sobre blanco una ley sobre servicios mínimos que el presidente Rajoy anunció con motivo de la huelga de la limpieza de 2013 en Madrid. En España el derecho de huelga es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 28 de la Constitución. No existe una ley que la regule, aunque sí abundante doctrina del Tribunal Constitucional, que ha fijado tanto el concepto como su aplicación enmendando y ampliando el decreto-ley de 1977 que lo regula.

“Sangrante” en plena recesión económica

Méndez cree que el Gobierno está aprovechando el “hueco” que le permite el Código Penal para presionar e “intimidar a los trabajadores” y que ésos renuncien a su “derecho de autodefensa”. Y le parece “particularmente sangrante” que ese movimiento se produzca en plena recesión económica. “Con cinco millones de parados, las movilizaciones son más de carácter defensivo, y la huelga, el último recurso al que se acude cuando la situación es insostenible, como ha ocurrido en Coca-Cola u otras empresas”, explica Fernández Toxo. Precisamente cuando más difícil resulta movilizar a los trabajadores –“cuando la prioridad es mantener el empleo”, destaca Méndez–, el Gobierno ha “aprovechado para poner barreras infranqueables a la movilización ciudadana”.

A lo largo de la crisis el número de huelgas, de trabajadores participantes y de horas perdidas no ha dejado de caerno ha dejado de caer. Sin embargo, Méndez y Fernández Toxo coinciden en que la “ofensiva” contra el derecho de huelga no es más que una “labor preventiva de los poderes públicos para salir de la crisis con un cuadro de libertades más reducido”. Las revoluciones, apunta el líder de UGT, “empiezan en la cola del pan”, cuando hay “expectativas de crecimiento”. Y si entonces los trabajadores ven que “la salida de la crisis no les alcanza”, habrá una respuesta que se intenta cercenar, concluye el dirigente de CCOO.

Fernández Toxo, además, destaca que la ofensiva no se limita a España, es internacional. “El año pasado”, precisa, “Reino Unido aprobó una ley muy dura contra los piquetes y desde 2012 hay una ofensiva empresarial también durísima en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que no se reconozca su capacidad de intervención frente las vulneraciones del derecho de huelga”.

¿Indulto, amnistía, derogación?

Los Ocho de Airbus no quieren ni oír hablar de indulto. Porque sería reconocer un delito para ellos inexistente. Hablan de amnistía. Toxo y Méndez, en cambio, no descartan el perdón legal, “sobre todo si hay cambio de Gobierno”, añade el responsable de UGT. En realidad, dice, no hace falta siquiera esperar al nuevo Ejecutivo, porque en el Congreso hay “mayoría suficiente para derogar el artículo 315 del Código Penal rápidamente y evitar este rosario de juicios que dejan en tan mala posición a la democracia española”, urge Fernández Toxo. Cándido Méndez señala, además, que la derogación puede tener carácter retroactivo.

En cualquier caso, el responsable de CCOO ve algunos “indicios positivos”, como la absolución el pasado 27 de enero de dos miembros de su sindicato en Málaga que fueron imputados por un piquete en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Por el contrario, otras dos representantes de CCOO fueron condenadas a tres años de cárcel por tirar pintura en una piscina durante una huelga sectorial en Pontevedra en 2010. Están a la espera de un indulto desde 2014.

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Desequilibrio en el mercado de trabajo

La supresión de la huelga como derecho fundamental supone una “dinámica muy peligrosa” para los sindicatos, que han activado todas las alarmas, pero también para la sociedad española, advierte Méndez: “Erosiona a los sindicatos tanto como al funcionamiento del mismo sistema democrático”.

“Sin derecho de huelga”, aclara Toxo, “no hay equilibro en las relaciones laborales, que se pueden convertir en una auténtica selva”. A su juicio, con la huelga está ocurriendo lo mismo que ya se ha materializado con tantos otros aspectos del mundo del trabajo por culpa de la reforma laboral: “Se ha reforzado la capacidad de actuación unilateral del empresario a la hora de modificar las condiciones de los trabajadores o la inaplicación de los convenios colectivos, por ejemplo, y los poderes económicos no se han dado cuenta de las consecuencias económicas y sociales de ese desequilibrio”, concluye el líder de CCOO.