Las productoras audiovisuales batallan en los tribunales por la televisión murciana

El pasado miércoles salieron a subasta las instalaciones de la 7 TV, la televisión autonómica murciana. Los locales, situados en el municipio de Molina de Segura, pertenecen a una sociedad en liquidación, Tecnoproducciones Multimedia, cuyos bienes pone a la venta al mejor postor el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. En esas instalaciones vive de alquiler y realiza sus programas desde abril de 2015 la 7 TV, que gestiona la productora audiovisual Secuoya Secuoyaa través de su filial Central Broadcasting Media (CBM). Sólo pujó uno de los acreedores, Banco Santander, pero por la mitad del precio fijado por el juez, que era de 600.000 euros. Así que la oferta fue rechazada y los locales siguen a la venta. La murciana es la única televisión autonómica cuya gestión ha sido privatizada íntegramente. Y sus adjudicaciones han estado siempre rodeadas de polémica.

En esta última están batallando en los tribunales algunas de las principales productoras audiovisuales del país: un bocado de 10 millones de euros anuales para un contrato de tres años prorrogable por otros tres; 60 millones en total. Mediapro, la empresa de Jaume Roures; Tres60, propiedad del fondo HIG, y la murciana GTM, anterior adjudicataria de la televisión murciana, han presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Acusan al Gobierno autonómico de favoritismo hacia Secuoya.

Además, un abogado local, Diego de Ramón, tiene previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación. Finalmente, el consejo de administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia ha debatido ya dos denuncias sobre los supuestos incumplimientos del contrato por parte de Secuoya, y las ha remitido a la Asamblea regional para su debate.

El Gobierno murciano sacó a concurso la televisión autonómica en marzo de 2014 y recibió las ofertas en abril, pero la mesa de contratación no abrió los sobres con las ofertas hasta el 1 de agosto y no adjudicó el contrato hasta febrero de 2015. Tardó casi un año en completar el procedimiento, pese a que los pliegos estipulaban que las nuevas emisiones debían comenzar el 1 de mayo de 2014, apenas una semana después de terminar el plazo para concursar.

Las productoras alegan en sus recursos que la mesa de contratación la presidió el actual vicesecretario de Organización del PP murciano, Fernando López Miras. Y que uno de sus vocales y dos de sus técnicos trabajan para el ente público, por lo que no eran “imparciales” y sus valoraciones resultaron “arbitrarias”. Además, ponen el acento en la situación irregular de las instalaciones alquiladas por Secuoya. Los recursos judiciales repiten los argumentos que las productoras ya esgrimieron contra la adjudicación ante el Tribunal de Recursos Contracturales, que depende del Ministerio de Hacienda. Y que desestimó sus demandas.

Una de las denunciantes, GTM, no ha dudado en asegurar públicamente que la productora “ocupa” los locales desde los que transmite. Haberlos alquilado a Secuoya le costó el puesto el pasado mes de noviembre al primer administrador concursal de Tecnoproducciones, que autorizó el contrato de arrendimiento sin el permiso del juez del concurso. Fuentes de GTM explican que el titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil ha instado a Secuoya a abandonar las instalaciones por carecer de título válido para ocuparlas.

El pasado miércoles, en cualquier caso, la productora estaba invitada a la subasta y pudo pujar por los locales. No lo hizo. “Seguiremos con nuestro contrato de alquiler”, han asegurado a infoLibre fuentes de Secuoya. También niegan cualquier tipo de irregularidad en sus emisiones. “Cumplimos escrupulosamente las condiciones del pliego del contrato”, zanjan. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Mediapro como con Tres60, pero no ha conseguido una respuesta a sus preguntas.

Noticias repetidas, programa canadiense de humor

Tampoco el Gobierno murciano se queja del desempeño de Secuoya en la 7 TV, asegura un portavoz de la Consejería de Economía. Las productoras que han recurrido la concesión alegan que la oferta de la adjudicataria era la que menos horas de servicio pública proponía. Las denuncias presentadas en las consejerías de Economía y Cultura por la Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) advierten, además, de que entre abril y septiembre del pasado año, Secuoya ha emitido 857 horas, 27 minutos y 44 segundos de servicio público menos de las comprometidas en el contrato. De ellas, casi el 90% corresponden a programas informativos. Debería emitir 73,5 horas de producción de servicio público a la semana.

También aseguran que los informativos repiten noticias –hasta cuatro veces en un mismo programa– o alargan entrevistas hasta los 20 minutos para prolongar la duración de estos telediarios. Los informativos de medianoche y de primera hora de la mañana se graban el día anterior, para ahorrarse los pluses de nocturnidad que deberían pagarse a los trabajadores si se hicieran en directo. Los informes explican que las horas de redifusión –programas cuya emisión se repite– alcanzan el 40%: “Una media de 11 horas diarias de redifusión”.

La 7 TV, añaden, tampoco emite el número de las retransmisiones deportivas y acontecimientos socio-culturales a que le obliga el contrato de adjudicación. Pero sí programa en horario de servicio público emisiones que no lo son. Por ejemplo, un programa canadiense de humor llamado ACHO y La 7 Motor, que los informes describen como de “publicidad de la industria automovilística”.

De 13TV a Sáenz de Buruaga

Fuentes del consejo de administración del ente comparten las denuncias sobre el incumplimiento de la programación de servicio público y la repetición de noticias en los informativos. Añaden las de “sectarismo” a favor del PP y del Gobierno regional. El Partido Popular perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, el pasado mes de mayo, y desde entonces está pendiente el nombramiento del director general del ente público televisivo.

El responsable de la 7 TV es Alejandro Samanes, anterior responsable de 13TV, la televisión de la Conferencia Episcopal. Y su director de informativos es Antonio Peñarrubia, hasta su nombramiento en Murcia asesor del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. De 2011 a 2014 fue consejero de Secuoya Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de Comunicación de José María Aznar.

Aunque tampoco su antecesora en la concesión y ahora denunciante, GTM, está exenta de vínculos con el PP, el partido que gobierna Murcia desde 1995. Detrás de la productora figuran algunas de las principales empresas de la región, desde Embutidos El Pozo hasta la constructora Terrapilar o Golosinas Vidal. Se hizo con la televisión murciana en 2006: un sustancioso contrato de siete años a cambio de 36 millones de euros anuales. Entonces figuraba como asesor de GTM Ernesto Sáenz de Buruaga, director de informativos de RTVE con José María Aznar. También figuran entre sus accionistas el grupo Intereconomía.

En la concesión a Secuoya también se mezclan las convulsiones políticas. La salida de Ramón Valcárcel de la presidencia de la región, su sustitución por Alberto Garre y la dimisión del consejero que firmó el contrato con Secuoya, Juan Carlos Ruiz, imputado por el caso Púnica. Fuentes consultadas por este periódico mencionan igualmente la intervención a favor de Secuoya de Vicente Martínez-Pujalte, que fue comisionado de Asuntos Económicos para la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados hasta que Garre, con quien estaba enfrentado, suprimió ese puesto en marzo de 2015, apenas un mes después de que fuera adjudicada a Secuoya la televisión autonómica. La concesión a la productora, aseguran, se decidió en Madrid.

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En 2007 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia llamó a declarar como testigo a Sáenz de Buruaga, tras haber abierto diligencias por un posible delito de prevaricación en el concurso público que adjudicó a GMT la televisión autonómica. La investigación no prosperó. Pero la crisis y los recortes de gasto público fueron reduciendo los importes que el Gobierno murciano le pagaba cada año: 30 millones de euros en 2011, 15 millones para 2012. Ese año se rescindió de forma anticipada el contrato con GTM, que aún cuenta con unas enormes instalaciones –9.000 metros cuadrados de platós– y entonces poseía una plantilla de 264 trabajadores.

Tras cambiar el modelo de gestión, el Ejecutivo murciano licitó la televisión por sólo 12 millones de euros, la tercera parte de lo que le costaba en los tiempos de euforia económica. Secuoya se la quedó con una quita del 10%: 10 millones. Si antes se acusaba a GTM de hacer una televisión demasiado cara, ahora el problema es que Secuoya no alcanza a cumplir las obligaciones del contrato con el presupuesto comprometido.

La batalla por la televisión murciana no es más que un episodio más de la guerra que libran las productoras audiovisuales por el sector de las cadenas autonómicas desde que cambió la ley audiovisual en 2012 y se permitió la privatización, total o parcial, de los entes públicos. Secuoya presta servicios en las televisiones canaria y balear, asturiana, manchega y aragonesa. También en TV-3, TVG y Canal Sur. Tres60 se ha hecho con contratos en la balear IB3, TV Canarias y Aragón TV. Pero los dos botines más deseados, Telemadrid y la valenciana Canal Nou, siguen aún a la espera.