Fuerzas Armadas democráticas, una asignatura pendiente

Las Fuerzas Armadas son parte esencial del Estado y el encaje que éstas deben tener en su estructura así como su constitución interna, han de ser plenamente democráticos. El especial mandato constitucional que le atribuye sus misiones y el especial encaje (normativo) dentro de la organización del Estado, no las exceptúan de su inserción plena en el sistema democrático que nos hemos dado los españoles. Son parte del mismo y el estado de Derecho debe desplegarse en ellas en toda su extensión. Los miembros de las Fuerzas Armadas (en adelante FAS), como ciudadanos, son también partícipes del estado de Derecho, por ello han de gozar íntegramente del alcance de dicho sistema; no es una obviedad recordarlo pues se suele hacer referencia con demasiada facilidad a necesarias restricciones y prohibiciones de algunos derechos fundamentales a los mismos.

Las Fuerzas Armadas llegaron tarde a la puesta en marcha de la transición democrática, en cierto modo porque fueron apartadas de las reformas profundas. Sólo en los últimos diez años se han comenzado a poner en marcha las transformaciones necesarias para dotarlas de una estructura en consonancia con los usos democráticos y con plena integración en la sociedad. Los militares han estado sometidos, incluso en democracia, a reglamentos y normas preconstitucionales que regulaban derechos ya recogidos en la Constitución. Fue con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005 con la que se diseñaron las primeras transformaciones de calado en la democratización interna de las FAS.

Si la sociedad española en su conjunto ha necesitado de esa transformación para garantía de un funcionamiento democrático, han sido, sin embargo, los miembros de las FAS quienes han sentido en mayor grado la falta de regulación de derechos, y por tanto quienes han reivindicado activamente dicho cambio. De un modo indirecto, la labor de los mandos militares –en concreto, cuarteles generales– se ha beneficiado de esas carencias al desarrollar, sin restricciones ni controles, unas condiciones laborales próximas a la explotación del trabajador, buscando éxitos aparentes mediante esfuerzos desproporcionados, aportando con ello una falsa apariencia de eficacia en los resultados. Horarios abusivos, retribuciones injustas, inexistencia de la prevención de riesgos, son, entre otros muchos, ejemplos del resultado de una actividad laboral sin control democrático, sin participación del trabajador y con grandes carencias en protección y asistencia profesional.

Tuvieron que pasar seis años para que pudiéramos ver un avance sustancial en la acomodación de los derechos fundamentales al militar. La Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, de julio de 2011, estableció las bases para el avance democrático de la organización. Se reguló el asociacionismo profesional, se crearon el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) y el Observatorio de la Vida Militar, además de regularse las reuniones de militares en los cuarteles y de activar de forma decidida los servicios de protección de riesgos laborales.

Pero este esfuerzo tardío no termina de dar los frutos necesarios para el establecimiento definitivo de la Democracia en las FAS. La escasez de cultura democrática de muchos de sus miembros, el tradicional sistema clasista y de privilegios, consolidado como acervo histórico y, sobre todo, la falta de impulso político por parte de las instituciones públicas, son parte del freno a la necesaria y definitiva recepción del sistema democrático en la organización militar.

Es conocida la falta de transparencia informativa de los programas de armamento (gestión, adquisiciones, gastos, etc.) pero tiene una mayor visualización, sobre todo para los militares, la escasa y vacilante irrupción de los usos democráticos en los ámbitos profesionales y en los procesos de participación. El cicatero ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas como las de reunión, expresión o participación, no colman unas mínimas expectativas democráticas y dejan al militar en un espacio de ciudadanía de segundo orden.

Recientemente asociaciones y representantes de los militares han abandonado el COPERFAS –el órgano de interlocución con el ministerio de Defensa– o han dejado de participar en sus reuniones plenarias, debido al escaso aprovechamiento de sus trabajos por parte del ministerio y a la falta de reconocimiento del derecho de participación. También sabemos de la negativa parlamentaria a dotar de un presupuesto suficiente al Observatorio de la Vida Militar, formalmente dependiente de las Cortes Generales, que lo independice de “servicios interesados” del Ministerio de Defensa y le pueda dotar de la efectividad que se le demanda. Como colofón se ha efectuado una reforma del régimen disciplinario y del código penal militar para mantener la herramienta de control bien engrasada. Sirvan estos indicadores para delatar la escasa profundidad de la democratización de las FAS.

No se puede entender un estado democrático con departamentos estancos al mismo y las FAS no pueden ser excepción. Ni existe excusa razonable en su razón de ser (quizá en un sentido garantista, necesitan de una especial democratización en aras de la transparencia y del respeto a un funcionamiento protector de los derechos humanos) ni hay acomodo para dicho déficit en el Estado Social y Democrático de Derecho. Las FAS tienen una carencia democrática en su estructura interna a lo que cabe añadirle la falta del encaje definitivo en la estructura del Estado, lo que conduce a la necesidad de modificación del controvertido artículo 8 de la Constitución. No puede permanecer por más tiempo la ambigüedad, la falta de control y la amenaza constante (aunque, ciertamente, ya poco plausible) de una posible actuación autónoma de la organización armada.

Para facilitar esa transición a la Democracia plena en las FAS, venciendo las actuales barreras, el principal aliado, sin duda, es la educación democrática y las reformas normativas. Educación que no consiste únicamente en el aprendizaje de la doctrina durante la formación académica, sino, y mucho más importante, mediante la práctica efectiva de aquélla. La plena permeabilización del estado de Derecho en las FAS con un alcance similar al del resto de la sociedad, la promoción de los Derechos Fundamentales regulados a los militares y la democratización plena de los órganos de participación interna (elecciones de representantes, consejos representativos proporcionales, participación vinculante, etcétera) conforman el conjunto de actuaciones que deben posibilitar la normalización democrática en las FAS.

Constituye un reto conseguir esta plena democratización, que debe llevar a la adquisición integra de la ciudadanía del militar. Dos son las áreas de actuación que han de promover los cambios que faciliten esa integración: reforma estructural de las FAS e implementación de derechos a los miembros de las mismas. Puede ser un momento propicio para la consecución de estos cambios, el nuevo horizonte que se perfila tras las próximas elecciones generales. Han sido varios los partidos políticos que en las pasadas elecciones llevaron propuestas de reforma en línea con los ámbitos comentados. En los próximos comicios habrá una nueva ocasión favorecedora de un cambio largamente esperado.

Será responsabilidad de las fuerzas políticas del nuevo Parlamento abordar, de una vez por todas, esa asignatura pendiente de la Transición Española que no es otra que la plena democratización de las Fuerzas Armadas. Es un reto de la sociedad y así lo esperan miles de ciudadanos militares.