Cómo sancionar a Barroso después de su fichaje por Goldman Sachs

Ha habido que esperar tres largas semanas para que Jean-Claude Juncker se indigne. El presidente de la Comisión Europea ha acabado criticando, con la boca pequeña, la elección de su predecesor, José Manuel Durão Barroso, de pasar a ser consejero del gigante estadounidense de las finanzas Goldman Sachs. En una entrevista para el diario belga Le Soir del 30 de julio, el luxemburgués declaró: "El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta mucho. Pero para este en concreto, me supone un problema. (...) Hay que elegir al empleador". 

– Después de la presidencia de la Comisión, ¿qué? ¿Goldman Sachs?

– Yo no habría entrado en Goldman Sachs. De hecho, Goldman Sachs no me lo hubiera pedido. El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta mucho. Pero para este en concreto, me supone un problema. Es un proceso individual y ha respetado las reglas. Pero hay que elegir al empleador.

Algunos días antes, Juncker había respondido a un periodista de France 2 que le interrogaba sobre el asunto: "Yo no lo hubiera hecho". Se han visto condenas más firmes. Hasta el momento, el ejecutivo de Bruselas se contentaba con explicar de todas las formas posibles que la contratación de Barroso, que fue presidente de la Comisión de 2004 a 2014, era, a sus ojos, perfectamente legal. Hay reglas para enmarcar —y bloquear cuando sea necesario— casos de puertas giratorias. Pero este "código de conducta" solo es válido durante los primeros 18 meses que siguen a la partida del comisario en cuestión (lo que se llama, en la jerga del medio, el "cooling off period", el "periodo de enfriamiento"). Así, Barroso había dejado su puesto 20 meses antes cuando anunció su contratación por Goldman. En resumen, todo estaba en regla. Es por eso que Juncker precisó a Le Soir: "Es un proceso individual y ha respetado las reglas".

Salvo que el efecto, para la imagen de la Unión Europea, es catastrófico. El nombramiento del portugués reaviva la especulación sobre el rapto de las decisiones políticas tomadas en Bruselas rapto por los poderes financieros. En la capital belga, numerosos funcionarios europeos se esfuerzan por comprender por qué Jean-Claude Juncker no se ha distanciado más claramente del comportamiento tóxico de su predecesor, sobre todo porque Barroso no tiene ya ningún peso, desde el punto de vista político, en la burbuja bruselense. A la cabeza del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Martin Schulz ni siquiera ha juzgado necesario pronunciarse públicamente sobre el tema durante el mes de julio. A la inversa, el presidente francés, François Hollande, el 14 de julio se mostró más tajante: calificó la contratación de Barroso de "moralmente inaceptable". 

"Comisión y Parlamento opinan sin duda que en estos tiempos mediáticos agitados en los que una tragedia sucede a la anterior, Niza después del Brexit, basta con dejar pasar el tiempo", se lamenta el belga Pierre Defraigne, ex jefe de gabinete del comisario Pascal Lamy, en una tribuna reciente. "Comisión y Parlamento se equivocan, porque tienen mucho que perder en esta historia; la primera ve debilitada su autoridad moral, mientras que el segundo se arriesga a ver reducirse de nuevo la tasa de participación electoral en el próximo escrutinio. ¿Por qué aceptan encadenarse de esta manera a un peso que van a arrastrar por mucho tiempo con gran perjuicio para la imagen de Europa ante sus ciudadanos?". E insiste: "Europa es hoy demasiado débil como para añadir a los golpes provinientes del exterior faltas graves cometidas en el interior". 

A imagen del texto de Defraigne, el debate sobre las formas de sancionar a Barroso se está intensificando en Bruselas. Para muchos funcionarios, es la gota que colma el vaso. Empleados de varias instituciones europeas (no solamente de la Comisión) han lanzado una petición que puede ser firmada por cualquier ciudadano de la UE. Denuncian "un nuevo caso de puertas giratorias irresponsable, muy perjudicial para las instituciones comunitarias y, aunque no ilegal, moralmente deshonesto". A sus ojos, el argumento respecto al cooling off period y la, digamos, legalidad del proceso, no basta. Desplazan el debate al terreno de los tratados. Citan en particular un artículo poco conocido, el 245, que menciona las obligaciones que incumben a los responsables europeos "durante la duración de sus funciones, y después del cese de estas". 

El artículo precisa —sin definirlos— "los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios". Aceptando el puesto en Goldman Sachs, ¿Barroso se mostró deshonesto o poco discreto? Para los autores de la petición, anónimos por su deber de confidencialidad, no hay ninguna duda. Su objetivo consiste, después de una recogida de firmas hasta final de septiembre, en incitar, bien a la Comisión de Juncker, bien al Consejo presidido por Donald Tusk (que representa la voz de los Estados miembros en Bruselas), a someter al Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, la conformidad de la contratación de Barroso a los tratados. Lo que permitiría quizá, en última instancia, sancionar al portugués, por ejemplo mediante "la suspensión de sus indemnizaciones por jubilación en tanto que expresidente de la Comisión Europea, durante la duración de su empleo en Goldman Sachs y más allá". 

Como cualquier excomisario europeo, Barroso tiene derecho a una jubilación a partir de los 65 años. Pero puede solicitar una jubilación anticipada con una pensión reducida desde los 60 años. Los que ha cumplido el portugués, nacido en 1956. La UE le ingresa desde abril de 2016 una prejubilación, indexada sobre el total de su última remuneración, y que corresponde al 70% de lo que tendrá derecho a recibir una vez haya pasado de los 65 años. Según nuestras estimaciones, José Manuel Durão Barroso, que estuvo en el puesto durante diez años, recibe una prejubilación de un poco más de 7.500 euros al mes. Pero la Comisión, contactada por Mediapart, rechaza confirmar o desmentir la cifra. (Leer el cálculo en La caja negra).

Otros colectivos de la burbuja bruselense están también en pie de guerra en estos últimos días, apoyándose en el artículo 245. El sindicato Unión por Unidad (U4U), "sorprendido [por este] suceso que podría volver aún más impopular la construcción europea", exhorta a Juncker y a sus comisarios a formular "una declaración firme" y tomar "una decisión apropiada sobre el compromiso de los más altos dirigentes de la UE con respecto al interés general de los ciudadanos europeos". 

Del lado del Parlamento Europeo, un "intergrupo" (es decir, una reunión informal de eurodiputados de todos los partidos sobre cuestiones temáticas precisas) consagrado a la lucha por la transparencia y contra el crimen organizado, ha hecho llegar también un correo a Juncker pidiéndole "lanzar un proceso legal sobre la base del artículo 245". Esta carta está firmada por diputados de siete de los ocho grupos políticos del hemiciclo de Estrasburgo, incluido un cargo electo de la derecha del PPE, la familia política de Barroso (que se ha mostrado, no obstante, muy discreta sobre el tema hasta ahora). De manera más general, numerosos eurodiputados han expresado ya su indignación por el affaire Barrosoaffaire , reclamando la mayoría de ellos una extensión —más o menos importante, hasta los cinco años— del cooling off period, como los socialistas franceses o el grupo de Los Verdes. 

Si Juncker es reticente a condenar firmemente la contratación de Barroso, es también porque parece no haber comprendido el problema. En la entrevista de Le Soir, introduce una distinción más bien inesperada entre el hecho de irse para trabajar en "un banco" e irse para trabajar en "Goldman Sachs". El gigante de Wall Street no es, por supuesto, cualquier establecimiento financiero, y ha jugado un papel infernal en la crisis de las deudas soberanas que sacude Europa desde 2008. 

Pero el asunto sobrepasa de largo la banca de inversiones norteamericana. Concierne al conjunto de casos de puertas giratorias, esas bisagras entre lo público y lo privado que son legión en Bruselas. Las polémicas son regulares, y los efectos en la opinión pública, devastadores. No es solo Jean-Claude Juncker quien parece no haberlo comprendido todavía. En verano de 2014, el eurodiputado Sharon Bowles, que presidía hasta entonces la Comisión de Asuntos Económcios y Financieros, un puesto clave en la crisis financiera, se unió a la City. El año pasado, la holandesa Neeli Kroes (excomisaria de Competencia y luego de Mercado Digital durante los mandatos de Barroso) pasó a ser consejera especial para Europa de otro buque insignia de las finanzas estadounidenses, Bank of America Merrill Lynch. En mayo de 2016, fue Uber, el controvertido servicio de reservas de vehículo con conductor, quien la empleó. 

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Traducción: Clara Morales

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