Andalucía expulsa de la FP Básica a alumnos con discapacidad al cumplir 21 años

Al IES Nº1 Universidad Laboral se llega subiendo una cuesta tortuosa de buena mañana para sus alumnos, en el barrio del Atabal de Málaga capital. Es un instituto enorme, conformado por varios edificios rodeados por césped, árboles y jardín: aquí los descansos entre clase y clase no van ligados al cemento. La uni, como es conocida para abreviar por sus estudiantes y profesores, es reconocida en toda la ciudad como un centro puntero en la atención a la diversidad funcional. Sus alumnos con discapacidad se incluyen a todos los efectos en la vida del instituto, son los reyes del recreo, y al director y sus profesores se les iluminan los ojos al hablar de sus niños. El pasado 15 de septiembre uno de los chicos de este colectivo, Alejandro Morales, no pudo completar la vuelta al cole en su curso específico de Formación Profesional Básica de Agrojardinería y Arreglos Florales. El motivo es que había cumplido 21 años. Volvió la semana pasada gracias a las medidas cautelares del juez, pero la guerra ya se ha desatado. Su madre, Carmen, habla claro: "a mi hijo le están vulnerando sus derechos fundamentales. Se está vulnerando la Constitución". La Junta de Andalucía asegura que debe cumplir una norma superior, de rango estatal. Y el Ministerio de Educación ni sabe ni contesta.

Carmen Morales ya sabía lo que iba a pasar, pero no pudo evitar la rabia cuando recibió en julio la notificación definitiva de que Alejandro no se podía matricular en segundo de Agrojardinería. Al dar la vuelta al edificio de secretaría la estaba esperando el director de la uni, Juan Jesús Larrubia, dispuesto a apoyarla en el trance. "Ha hecho todo lo que ha podido", reconoce Morales. Es una cuestión de leyes ajenas a las competencias del centro. Alejandro no puede cursar el segundo curso de unos cursos específicos para atender la diversidad funcional que se crearon en las comunidades autónomas al imponer la LOMCE la nueva FP Básica, para ocupar el vacío del antiguo Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). El límite para estos programas específicos son los 21 años, como aduce supuestamente la LOE en su artículo 74.1. Dice, literalmente: "La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios".

El matiz del límite de la edad es lo que aduce la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para denegar la matriculación a Alejandro. Carmen Morales, que además es presidenta de la asociación de atención a la diversidad funcional Solcom, lo considera un error normativo. No es que a la Junta no le quede otra, es que han interpretado mal la LOE. “Eso, en principio, era un error normativo puesto que los programas específicos derivan a un certificado de profesionalidad y el articulo 74.1 habla de unidades específicas y centros de educación especial, que nada tienen que ver con una certificación profesional. Como ese error no lo reconocen, siguen adelante", asegura la madre. Defiende que la ley se refiere a centros en absoluto relacionados con los cursos específicos de FP Básica como el de Alejandro.

Asegura, además, que la ley autonómica que regula estos programas educativos contradice el criterio del Ejecutivo andaluz. En la orden del 9 de junio de 2015 se establece como requisito "tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas", para luego añadir que los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos dos veces. Según este capítulo, alumnos como Alejandro no deberían tener problemas para seguir estudiando. Sin embargo, la norma matiza: "siempre que no se superen los 21 años", haciendo referencia a la LOE.

Desde el doloroso momento en el que Carmen recibe el no expreso de la administración, comienza a moverse. A hablar con políticos de uno y otro bando, en busca de una explicación. Ninguna le convence. "Están vulnerando la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de Naciones Unidas). Lo más vergonzoso es que someten al colectivo a la no formación y de ahí al no empleo. Se legisla quitando derechos fundamentales". Sin embargo, tiene una teoría para intentar entender por qué Alejandro Morales no puede cursar segundo de Agrojardinería con 21 años. "Consideran que la gente con 21 años no debe estar en los centros ordinarios, porque la diferencia de edad es grande. Como hay otros centros que los acogen… Es la irracionalidad de quien lo montó en su día, y todos siguen diciendo lo mismo", argumenta. "Todos los ciudadanos tienen derecho a la educación postobligatoria exceptuando el colectivo de jóvenes con diversidad funcional mayores de 21 años. No tiene sentido", denuncia.

Alejandro interpuso un contencioso-administrativo contra la decisión de denegar su matriculación y el juez aplicó medidas cautelares esta semana, para alegría provisional de la familia Morales. El chico ha vuelto al IES Universidad Laboral a la espera de sentencia. La Delegación de Educación en Málaga asegura que "acata" la decisión del magistrado. Fue la única respuesta a una batería de preguntas sobre el caso que ni contestó la Delegación ni quiso tramitar el departamento de prensa de la Consejería de Educación de la Junta.

Sus responsables se remitieron al pleno del Parlamento de Andalucía del pasado jueves. El tema se trató a colación de una pregunta de la diputada Marta Escrivá, de Ciudadanos. Escrivá exigió una nueva medida en la FP Básica "que permita durante este cuso que estos niños puedan terminar su curso porque ahora, lamentablemente, no pueden". La diputada hizo suyas la tesis de la progenitora de Alejandro, que argumenta que la Junta ha malinterpretado la ley estatal porque no se refiere a los centros ordinarios. "Se pueden cometer errores, pero solucionarlos a tiempo para que no tengan graves consecuencias. La orden del 2015 que ha causado esta injusticia malinterpreta el articulo 74.1" de la LOE, aseguró.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, negó cualquier malinterpretación. "Estamos cumpliendo la ley y eso usted lo sabe", contestó a Escrivá. La exrectora defendió que la Junta de Andalucía ha añadido los programas específicos de FP Básica a la oferta inicial de la LOMCE para ofrecer una formación a las personas con discapacidad y que ha matizado la norma estatal para ampliar el rango de edad de entrada a los cursos hasta los 19 años. "Soy la primera a la que le gustaría tener a los niños hasta el final, hasta que acabasen, pero como eso no nos lo permite la ley, nosotros hemos hecho todo lo posible dentro de nuestras competencias", insistió.

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Sin embargo, las leyes educativas de otras comunidades autónomas no recogen la supuesta limitación que impone la LOE a los cursos de formación profesional básica para chicos con discapacidad. Cantabria permite el acceso a estos programas a alumnos hasta los 25 años. La Región de Murcia pone el límite a los 21 años, por lo que aparentemente no tiene sentido que acataran la norma estatal, al igual que la regulación de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, esta última reza: "La edad máxima de permanencia en esta modalidad será de 24 años, cumplidos en la fecha en que finalice el programa", por lo que no cuentan con la presunta restricción de la LOE, el principal argumento de la Junta de Andalucía.

A la espera de una sentencia definitiva, Alejandro puede disfrutar de su segundo curso en Agrojardinería en la uni, que cuenta con metros y metros cuadrados de jardines para explayarse. Una suerte de la que no disfrutan compañeros como él, de su misma clase, que no han denunciado. "Una persona que no recibe formación, que en cualquier caso podrá acceder a un empleo precario o a una pensión ínfima, ¿cómo les va a demandar?", se pregunta su madre. Escrivá citó a otros alumnos expulsados del sistema en otras provincias andaluzas, como Saray, María o José. "Siguen esperando en casa a que les llamen para poder comenzar sus clases", aseguró la diputada.

"Hay que esperar, pero al final ganaremos", confía Morales. "La certeza es que si con 55 años yo me puedo matricular en lo que me dé la gana, él se tiene que poder matricular en lo que le de la gana. Si no, es discriminación. Y eso, en España, está prohibido. Y como está prohibido, a ello vamos".