Dinero público, negocios privados
Empleo prorrogó los contratos a las agencias privadas de colocación antes de completar su evaluación
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha prorrogado los tres contratos que suscribió en 2014 y 2015 con las agencias privadas de colocación. El primero, a resultas de un acuerdo marco por el que se seleccionaron 80 agencias, fue prorrogado por dos años más el pasado 13 de mayo. De ese catálogo han elegido después las comunidades autónomas las agencias con las que a su vez han suscrito sus propios convenios para encontrar empleo a sus parados. El segundo lo adjudicó el SEPE a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Preparaseis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla, y el tercero se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar. Estos dos contratos acaban de ser renovados este mismo mes por un año más.
El caso es que el acuerdo marco establece que antes de que éste venza, una comisión de seguimiento debe elaborar un informe que evalúe el desempeño de las agencias privadas. Pues bien, el primer contrato se renovó antes incluso de que se constituyera la comisión de seguimiento, lo que no ocurrió hasta el 27 de julio pasado. Para ese fecha, el SEPE había elaborado ya un informe de evaluación, aunque sólo provisional, en el que faltaba información procedente de algunas comunidades autónomas. El definitivo aún no existe. Los otros dos contratos restantes acaban de ser renovados este mes, cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se ha reunido aún por segunda vez.
Según las fuentes consultadas, el SEPE dice haber basado su decisión en las reuniones que sus responsables han mantenido con las propias agencias privadas. De las entrevistas concluyeron que éstas serán más eficaces y mejorarán sus resultados “a medida que pase el tiempo”.
Parados jubilados, fallecidos o ilocalizables
De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. En total, para los tres contratos suscritos –que incluyen a su vez los firmados por las comunidades autónomas– el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España hay 4,32 millones, según la última EPA–, de los que sólo han atendido a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que dispone sobre muchos de esos desempleados son erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. Yojana Pavón, presidenta de ANAC, la asociación que agrupa a las agencias privadas de menor tamaño, asegura además que en un buen número de casos el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.
“Los listados los remite el SEPE a cada servicio autonómico de empleo, que los coteja con los suyos propios –son distintos–, y establece sus prioridades”, indica Pavón, “después el servicio regional manda el nuevo listado a las agencias”.
De esas 81.635 personas atendidas por las agencias privadas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirven al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.
En cualquier caso, los porcentajes también son dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia es la que mejores resultados ha obtenido, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León han sido el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no da más detalles ni desagrega los datos por perfiles de parados, ni dice qué tipo de empleos se han ofertado.
Sí precisa que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, han realizado 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consisten; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.
Las agencias privadas tienen la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surja con los desempleados a los que atienden. Dicen que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.
El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.
En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.
Además, el acuerdo marco permite a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran percibiendo indebidamente la prestación y sea sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hace mención alguna a este tipo de incidencia.
Cinco comunidades se descuelgan
La prórroga del nuevo acuerdo con las comunidades autónomas para los dos próximos años ha registrado cinco bajas. Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana han preferido desvincularse de este sistema de colaboración público-privada. En el primer acuerdo tampoco quisieron participar Cataluña, País Vasco y Andalucía. Por el contrario, Canarias ha suscrito convenios con 16 agencias y Galicia, con nueve; Aragón y Asturias, con siete.
“Nosotros no queríamos que se prorrogara sin más, sino que se modificara, porque el modelo tiene deficiencias”, advierte Yojana Pavón. La presidenta de ANAC destaca los “problemas de flujo de información” que padece el sistema, el “espacio telemático común” al que están obligadas a enviar datos de su actividad con periodicidad mensual todas las agencias. Por ejemplo, apunta, parte de sus actuaciones no tienen cabida en los campos de texto de la aplicación SISPE, que integra la información de todos los servicios públicos de empleo. “Ni los contratos que gestionamos en el extranjero, ni los de prácticas o interinidad ni las derivaciones de un parado a una actividad de emprendimiento”, enumera.
Según las fuentes consultadas por infoLibre, el SEPE ha prometido a los interlocutores sociales que redactará el informe definitivo y “pormenorizado” sobre el desempeño de las agencias una vez les haya remitido a éstas un nuevo modelo de formulario y después de que las comunidades autónomas elaboren su propio informe de evaluación basándose en esos datos.
Un proceso que se ha demorado cinco años
La puesta en marcha de este modelo fue lenta y dificultosa. El decreto que regula la actividad de las agencias privadas de colocación se remonta a diciembre de 2010. El acuerdo marco no se aprobó hasta agosto de 2013, pero las agencias no comenzaron a trabajar hasta enero de este año. Los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos paralizaron el concurso una y otra vez. Primero fue la lista de 80 seleccionadas, entre un total de casi 1.600 autorizadas, la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias.
Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, consecuencia de los sucesivos recursos presentados por las empresas excluidas.
En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hinchar supuestamente su red de oficinashasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.
Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la Once, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados. Por ese trabajo han cobrado 41,7 millones de euros.
Negociado y sin publicidad
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En vista de los problemas acumulados, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para el tercer concurso. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.
A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estén inscritos en el paro: Adecco se encarga de quienes sólo llevan de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hayan pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superen los dos años. A cambio, las cuatro adjudicatarias se han repartido otros 41,7 millones de euros. El importe total del acuerdo marco asciende a 200 millones de euros.
Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.
