Bruselas insta a los Estados miembros a reanudar las expulsiones de inmigrantes a Grecia

Se trata de una recomendación que ha pasado desapercibida entre las montañas de comunicados que se emiten a diario en Bruselas. Sin embargo, no se trata de una cuestión menor para Grecia y pone de manifiesto lo absurda que resulta la política migratoria europea. El miércoles 8 de diciembre, la Comisión Europea invitó a los Estados miembros a reanudar las expulsiones a Grecia de demandantes de asilo, en cumplimiento de la Convención de Dublín. Este acuerdo establece que todo migrante debe permanecer en el primer país al que llega a la Unión Europea y presentar allí la demanda de asilo correspondiente.

Sin embargo, hacía ya más de cinco años que estas expulsiones habían quedado en suspenso, en concreto desde 2011, a raíz del dictamen del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En él se decía que las condiciones de los centros griegos destinados a los demandantes de asilo eran tan malas que equivalían a ofrecer un “trato degradante” y que personas perseguidas en sus respectivos países eran expulsadas de Grecia. ¿Consecuencia? Los diferentes países europeos dejaron de aplicar el Reglamento de Dublín. Desde ese momento, ningún migrante cuyas huellas digitales habían quedado registradas inicialmente en Grecia era expulsado a ese país.

La cosa estaba clara: Grecia, pequeño país en plena crisis económica obligado a a aplicar políticas drásticas de austeridad, no tenía medios de hacer frente, por sí mismo, al flujo de inmigrantes que trataba de acceder a Europa.

Desde entonces, la exposición de Grecia a los flujos migratorios se ha visto multiplicada. Sólo en 2015, por su suelo han pasado casi un millón de exiliados. A día de hoy, según los datos actualizados a diario por el Gobierno griego, la Península Helénica acoge todavía, en condiciones muy precarias, a más de 60.000 personas en tránsito, bloqueados desde el cierre de las fronteras balcánicas y la entrada en vigor, en marzo, del acuerdo UE-Turquía, o llegados en meses posteriores.

Aunque los flujos ahora son menos importantes que el año pasado, desde finales de marzo, se produce una media diaria de 92 llegadas. La demora en la tramitación de los expedientes de los demandantes de asilo son interminables. El Gobierno de Tsipras reclama regularmente a sus socios europeos apoyo con material y expertos. Los hotspots –los centros de registro de migrantes existentes en las islas próximas de las costas turcas, construidos el año pasado– están superpoblados y registran cada vez más incidentes.

Para la Comisión sin embargo, ha llegado el momento de reanudar los traslados de demandantes de asilo a Grecia. ¡Parece que el Ejecutivo europeo sólo tiene una visión muy parcial de lo que sucede sobre el terreno! “Grecia ha registrado notables avances en la puesta en marcha de un sistema de asilo plenamente operativo”, precisa el comunicado de prensa de la Comisión. Contactada por Mediapart, la Comisión insiste: “Han mejorado tanto las condiciones de alojamiento como el sistema de asilo. Sin embargo, no está todo hecho, por eso hemos propuesto traslados limitados y condicionados y por ello ponemos una fecha”. La Comisión indica que las devoluciones podrán reanudarse a partir del 15 de marzo, con carácter no retroactiva: la medida sólo concierte a los migrantes llegados a suelo griego después de esa fecha.

Las condiciones de aplicación, nuevamente, de la Convención de Dublín están rodeadas de un halo de opacidad. Aunque los “demandantes de asilo vulnerables” no se ven afectados por la medida, no se precisan cuáles son los criterios de vulnerabilidad, excepción hecha de los “menores no acompañados”. En Bruselas, se insiste no obstante en que se trata de una recomendación. “No es una decisión, los Estados son totalmente libres de seguir o no las directrices. Desde nuestro punto de vista, se hacía necesario reconocer que Grecia ha hecho progresos significativos”, insisten.

Es cierto que, en 2011, Grecia reformó por completo su sistema de concesión de asilo. Las listas de espera se han reducido, el tratamiento de los expedientes se ha hecho más eficaz. Pero la ola de migraciones de 2015 ha situado al país frente a desafíos desconocidos que han dejado viejo al Reglamento de Dublín: el número de demandantes de asilo ha pasado a ser demasiado grande para que uno –o dos– países asuma el sistema en nombre de toda la UE.

El programa europeo de reubicacion de refugiados, actualizado en septiembre de 2015, ponía de manifiesto la incapacidad de Dublín hacerse con la nueva situación: los Estados miembros precisamente se veían obligados a aliviar la situación de Italia y Grecia, repartiéndose 160.000 demandantes de asilo procedentes de dichos países. A día de hoy, apenas 8.200 personas han podido beneficiarse del programa y ser acogidos en otro Estado miembro, es decir, un 5% del objetivo inicial.

Invirtiendo la perspectiva, la semana pasada, la recomendación de Bruselas suscitaba vivas reacciones desde varias ONG. Amnistía Internacional denunciaba la “hipocresía” de la Comisión Europea y explicaba que la situación en Grecia “había empeorado” desde 2011: “Las personas que se encuentran en las islas griegas son víctimas de la superpoblación, sufren temperaturas glaciales, la falta de agua caliente, violencia y ataques motivados por el odio”, se puede leer en un texto de la ONG firmado el 9 de diciembre.

Para Human Rights Watch: “El Gobierno no proporciona medios suficientes que permitan cubrir las necesidades básicas de miles de demandantes de asilo y de migrantes que permanecen retenidos en las islas del mar Egeo o en los campos de centros de acogida, en la Grecia continental”, se puede leer en el comunicado de la organización […] “En las islas, muchas personas duermen en el suelo, en pequeñas tiendas o en refugios improvisados hechos con mantas, plásticos, chatarra. Los cuidados no son adecuados, la comida es insuficiente y de mala calidad. En el continente, numerosos demandantes de asilo han sido abandonados a su suerte, sin domicilio o en condiciones insalubres y sin protección ante el frío. Hay personas con discapacidad, mujeres con recién nacidos, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada con problemas de salud graves […]”.

En este contexto, la nueva posición de la Comisión es aún más sobrecogedora: “Nuestro objetivo es recuperar la Convención de Dublín. Sólo y exclusivamente cuando las reglas funcionan se puede reformar el sistema”. La Comisión adoptó, en mayo y julio, un conjunto de proposiciones legislativas para la reforma del Reglamento. La reforma ¿irá dirigida a efectuar un mejor reparto entre los socios europeos? Todo apunta a que no. De momento, se impone el concepto de “solidaridad flexible”, tan apreciado en la Europa central. Recordemos que Polonia y Hungría no han acogido a un solo refugiado en este programa de relocalización… Resulta difícil creer que estos países vayan a alcanzar un acuerdo para reformar Dublín, favorable a Atenas y a Roma.

Detrás del texto de la Comisión se oculta en realidad una voluntad política. “La idea es recuperar un sistema que funcione”, justifican. Pero Bruselas quiere poner el acento en que vuelve a recuperar el control sobre los flujos migratorios en vísperas de un año cargo de elecciones nacionales (Países Bajos, Francia, Alemania), donde la ultraderecha y los discursos intolerantes avanzan viento en popa .

Querer restablecer el reglamento de Dublín no evidencia sólo la ceguera existente ante el vuelco histórico de 2015. Es una auténtica confesión, los europeos no han conseguido poner en marcha una alternativa, solidaria y compartida por los Veintiocho. La perspectiva que se abre de cara a 2017 los convierte en todavía más timoratos.

  Traducción: Mariola Moreno

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