El año en que la cultura siguió esperando

De un tiempo a esta parte, la política cultural española parece vivir en el Día de la Marmota. Uno en el que por la mañana se protesta por el IVA cultural (o La ley de Mecenazgo, o el estatuto del artista) y en el que por la tarde el Gobierno anuncia que se va a bajar. Mientras los creadores y el público esperan, algo descreídos, a salir del bucle, analizamos la política cultural que nos deja el 2016. 

La bajada del IVA que nunca llega 

Hace ya cuatro años de la subida del IVA cultural con la llegada del PP al Gobierno, y este sigue siendo el frente abierto que con más urgencia requiere la atención del Ministerio de Cultura. Las entradas para el cine, el teatro y la música en directo, así como la adquisición de obras de arte o el trabajo de los propios artistas pasaron entonces de tributar un 8% a un 21%; los discos y DVD subieron del 18% al 21%, y los museos, del 8% al 10%. Ahora, sin embargo, el partido que puso en marcha la medida asegura que “el IVA cultural no existe”, idea que ha defendido el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo —sucesor de José Ignacio Wert y en funciones en el cargo desde junio de 2015 hasta el pasado noviembre—, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Se refieren, no a que la tasa sea ficticia, sino a que los distintos productos que incluye la cultural tributan a cifras diferentes. En realidad, solo los museos y los libros y publicaciones en papel están por debajo del 21%, así como la venta de obras de arte bajo ciertas condiciones. En todo caso, al tiempo que el PP que gobernaba negaba la existencia del IVA cultural, el PP que pedía el voto aseguraba que lo bajaría. Eso prometió en diciembre de 2015 “si se dan las circunstancias económicas favorables” y aunque la medida no aparecía en el programa electoral. Méndez de Vigo anunció en noviembre que reduciría el IVA de los espectáculos en directo al 10%, como pactó con Ciudadanos, dejando de lado al cine y sin fecha concreta. Luis de Guindos aseguró también en diciembre que reduciría el impuesto sobre libros y publicaciones electrónicas para igualarlo a los productos en papel. De nuevo, sin fecha. La cultura sigue esperando.

El escaso centenario Cervantes

En 2016 se cumplía el IV centenario de la muerte tanto de Miguel de Cervantes como de William Shakespeare. La alegre —o fúnebre— coincidencia hacía pensar en grandes fastos de este y aquel lado del Canal de la Mancha, pero la cosa terminó algo descompensada. El año Cervantes se presentó en febrero con cierto aire de improvisación, y los fastos se redujeron en gran medida a integrar iniciativas privadas más o menos modestas. hasta el punto de que la Real Academia Española tuvo que alzar la voz: "Los ingleses pueden sacar los colores a todos los españoles", dijo entonces su director, Darío Villanueva. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, lugar de nacimiento del autor, se quejó de la dificultad de contar con subvenciones para organizar actos, y autores y educadores expresaron sus quejas. El Gobierno explicó que su interinidad había complicado la organización, y unos y otros se preguntaban si no se podría haber previsto. Quizás para el V centenario dé tiempo a preparar algo. 

Crear después de la jubilación

Fue a finales de 2015 cuando los creadores mayores de 65 años se reunieron en la plataforma Seguir creando para reivindicar su derecho a compatibilizar la pensión por jubilación con el cobro de los derechos de autor. Pero la reivindicación ha impregnado toda la(s) campaña(s). Autores como Luis Landero, Javier Reverte o Forges recibieron sanciones de Hacienda y la retirada de la prestación porque lo percibido por sus actividad (incluidas charlas, cursos y derechos de autor, también los que corresponden a obras editadas antes de la jubilación) había superado en algún ejercicio el salario mínimo interprofesional, 9.172,80 euros al año. Méndez de Vigo anunció, al tiempo que prometía ante el Congreso la rebaja del IVA cultural, la puesta en marcha de un “estatuto del creador” que pemitirá cobrar el 100% de los derechos, además de la pensión, a los artistas jubilados. El anuncio de la medida llegó, de nuevo, sin fecha.

Adiós al canon digital

El pasado junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó el modelo de canon digital implantado por el Gobierno conservador en 2012. El PP estableció entonces que la compensación por copia privada, que se tasaba hasta entonces de los aparatos tecnológicos que permitían realizarla —grabadoras, CD, discos duros...—, se sufragara a través de los Presupuestos Generales del Estado. Si antes la queja era que todos los usuarios de tecnología acababan pagando el canon, independientemente de que realizaran o no copias de contenidos culturales, el problema se agravó: a partir de entonces, eran todos los ciudadanos, y no solo los compradores de dispositivos digitales, los que se hacían cargo de la compensación a través de sus impuestos. Además, el Gobierno fijó en 5 millones de euros la cantidad que iría a parar a las sociedades de gestión de derechos de autor, cuando con el sistema anterior estas habían llegado a cobrar 115 millones. 

El Gobierno debe ahora proponer una nueva forma de recaudar un tributo instaurado de forma mayoritaria entre los países europeos. El PP se encuentra ya en negociaciones con las sociedades de gestión, y parece apostar por volver al sistema anterior estableciendo una serie de excepciones, como los usuarios que trabajan con estos aparatos con fines profesionales. 

El estatuto del artista, el último en llegar

En las elecciones del 20-D apareció un nuevo concepto en la política cultural española: el estatuto del artista. Se trata de una adaptación del modelo francés, que recoge la excepcionalidad del trabajo en el sector y desarrolla un modelo de tributación específico para creadores y demás empleados de la cultura. La propuesta de la Unión de Actores, sindicato de intérpretes, pedía que se reconozca la intermitencia de estos trabajadores —el hecho de que su trabajo exige, por su propia naturaleza, momentos de actividad y momentos de paro— de cara, por ejemplo, a las cotizaciones necesarias para cobrar el paro o la jubilación. Valga como ejemplo del sector: el 65% de los actores solo trabaja tres meses al año, y el 28% de los que se encuentran en paro no reciben ninguna prestación, según la sociedad de gestión de derechos AISGE. 

La iniciativa sorprendió por su alcance —cambiaría el día a día de miles de empleados que no tienen derecho a percibir el paro, baja por maternidad o una pensión— y ambición, ya que para ponerla en práctica se necesitaría el acuerdo de Cultura, Hacienda y Empleo. Pero también porque todos los partidos la defendieron. O eso dijeron en los numerosos debates que se han celebrado durante el largo año electoral. Claro, que unos fueron más entusiastas que otros: PSOE y Podemos apostaban por bajar las horas de cotización para percibir el paro y otras prestaciones, e incluso de un nuevo régimen de autónomos para los creadores, el PP y Ciudadanos eran mucho más vagos, aunque lo incluyeron en los 150 puntos de su pacto de investidura.

Aunque la Comisión de Cultura del Congreso ya ha acordado la creación de una subcomisión para comenzar a trabajar en la nueva normativa, esta todavía no se ha creado. El partido conservador ha hablado del "estatuto del creador", que no resolvería ningún problema de los empleados en activo, pero no del estatuto del artista. El consenso, por lo visto, era aparente. 

De Reyes Magos y titiriteros

Empezó hace un año: la primera cabalgata de Reyes organizada por el consistorio de Ahora Madrid convertía la actividad cultural de la capital en campo de batalla. Las ropas de Sus Majestades resultaron demasiado innovadoras para parte del público, y diversos opinadores —de derechas, pero no solo— vieron en la elección estética una muestra de la poca seriedad de un Ayuntamiento al que acusaban de querer llevar el cambio demasiado lejos, o a terrenos poco apropiados. La exdiputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo culpó a los atuendos elegidos de la incredulidad de su hija con un "No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena" que sigue usándose como chiste en redes sociales. Pero, más allá de las bromas, este incidente —unido a la polémica en torno a los tuits del (breve) concejal de Cultura Guillermo Zapata— apuntaba que parte de la contienda política iba a librarse, sorprendentemente, en la cultura. 

Aunque habría que nombrar también la retirada de las calles con denominaciones franquistas, la materialización más clara de esta guerra cultural ha sido el caso de los titiriteros. Durante el pasado carnaval, los dos miembros de la compañía Títeres desde Abajo fueron detenidos cuando realizaban una representación incluida en la programación municipal, después de que uno de los personajes desplegara una pancarta con el lema "Gora Alka-ETA". Tras la alarma inicial, alimentada por los medios, se supo que Alfonso Lázaro y Raúl García estaban llevando a escena La bruja y Don Cristóbal, una función de títeres clásicos cargada de crítica social, y que el personaje que exhibía la pancarta era un policía que lo hacía, paradójicamente, para inculpar a la protagonista. Cuando los titiriteros fueron enviados a prisión provisional acusados de enaltecimiento del terrorismo, la cosa empezó a no tener gracia. 

La oposición en pleno pidió la dimisión de la concejala de Cultura, Celia Mayer, y en una primera comparecencia la alcaldesa dejó en el aire su continuación. Fueron destituidos los responsables de la programación de las fiestas. Varios dirigentes de Ahora Madrid y Podemos criticaron la conveniencia de que el público infantil viera la obra. Meses después, uno de los titiriteros criticó al Ayuntamiento, al que acusó de actuar “por miedo” y “queriendo defender su sillón”. La cultura, lejos de su fama de torre de marfil, ha sido un importante campo de batalla en 2016. Nada hace pensar que dejará de serlo en 2017. Y se acerca de nuevo la cabalgata.